El Banco Nacional de México (Banamex), SA, sería corresponsable en el supuesto fraude por unos 5 mil 200 millones de pesos o más que le habría cometido la empresa Oceanografía, SA de CV, se desprende de informaciones oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ello, porque la filial de Citigroup incurrió en varias irregularidades al otorgar créditos por 8 mil 80 millones de pesos a la naviera de Amado Yáñez Osuna.

 

De acuerdo con los resultados de la investigación –a los que tuvo acceso Contralínea y cuyo oficio de orden de visita fue identificado con el folio 141-2/111089/2014–, el banco incurrió en “diversas fallas y desviaciones a los procedimientos” internos, establecidos por el banco privado con base en estándares internacionales y en el marco legal mexicano.

 

Para la autoridad en materia financiera, Banamex incurrió en “desapego a políticas y procedimientos internos”; “deficiencias en el sistema de control interno”; fallas en el proceso de originación [sic] y administración de crédito”; “deficiencias en los contratos”, en la “administración de riesgo” y en la “auditoría interna”.

 

Lo anterior fue descubierto porque los auditores de la CNBV desarrollaron pruebas sustantivas y de cumplimiento respecto del proceso para otorgar y administrar los financiamientos de la filial de Citigroup a Oceanografía, a través de las operaciones de descuento de documentos (factoraje).

La investigación –con sus correspondientes visitas a Banamex– se llevó a cabo del 24 de febrero al 25 de abril. Posteriormente, la autoridad financiera fijó un plazo para que el banco, en uso de su garantía de audiencia, manifestara lo que a su derecho conviniera.

 

No obstante, para cuando iniciaron las indagatorias de la CNBV, Banamex ya había “extraviado” parte de la documentación relacionada con los multimillonarios créditos que otorgó a Oceanografía, SA de CV. Como lo informó Contralínea, la desaparición de los documentos fue presentada por la filial de Citigroup como un robo supuestamente cometido horas antes de que la directiva del banco conociera la estafa.

 

Según la versión del banco, asentada en la averiguación previa FECORO-I-547/2014 que se radicó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, el supuesto hurto habría ocurrido en las oficinas de Banamex en esa entidad durante la madrugada del 20 de febrero. Ese mismo día, la directiva del banco se enteró de que la mayoría de los créditos que otorgó a Oceanografía no tenían soporte.

 

Y es que el mismo 20 de febrero Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo saber al director general del grupo financiero, Javier Arrigunaga Gómez del Campo –primo político de Felipe Calderón Hinojosa–, que “una porción significativa de las cuentas por cobrar a Pemex registradas por Banamex en el programa de descuento eran fraudulentas”.

 

Para entonces, el banco registraba en sus libros financiamiento de corto plazo a Oceanografía por 7 mil 650 millones de pesos, como parte de un programa de descuento de cuentas por cobrar con Pemex; y otros 430 millones de pesos, tanto en crédito directo como en cartas de crédito; es decir, un total de 8 mil 80 millones (Contralínea 387).

 

 

Durante las visitas de investigación de la CNBV a Banamex –que iniciaron 4 días después de que el banco reportara el robo de documentos–, la autoridad financiera revisó los manuales de políticas y procedimientos de crédito para el descuento de documentos, los contratos y convenios modificatorios firmados entre Pemex Exploración y Producción (PEP) y Oceanografía; la anuencia de PEP respecto a la cesión de derechos; la notificación de derechos de Oceanografía a PEP; así como las estimaciones de obra descontadas pendientes de pagos por parte de PEP.

 

Los investigadores de la Comisión también entrevistaron a los ejecutivos bancarios responsables de los créditos; conciliaron las estimaciones de obra pendientes de pagar por PEP contra los estados de cuenta donde Banamex depositó los financiamientos, y revisaron la mecánica de operación de las cesiones de derechos de cobro, así como la evaluación de los controles establecidos en la operación. Además, fiscalizaron los depósitos realizados por Banamex a Oceanografía por la realización de dichas operaciones.

 

 

Tras conocer los resultados de esas acciones, la institución que dirige Jaime González Aguadé determinó que Oceanografía sí cometió un supuesto fraude multimillonario contra las arcas de Banamex, que incluso podría superar los 5 mil 200 millones de pesos. Ello, derivado de la utilización de documentos apócrifos.

 

Sobre este último punto, Reporte Índigo publicó el pasado 23 de junio que la CNBV también determinó la participación de 10 ejecutivos del banco en la falsificación de documentos:

 

“En opinión de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores […] determinó que los ciudadanos Amado Omar Yáñez Osuna o Amado Yáñez Osuna, administrador único de OSA [sic]; Jorge Terán Vanoye, director de Proyectos de Mantenimiento Integral o superintendente de Construcción de OSA; Juan Carlos Tapia Cárdenas, representante técnico de OSA; Joaquín García Gómez, representante de OSA y Alberto Duarte Martínez, superintendente de Construcción de OSA, conocieron, consintieron, implementaron [sic] y ejecutaron la conducta dolosa encaminada a proporcionar datos falsos sobre la veracidad e idoneidad de las Estimaciones de Obra y la Relación de Derechos de créditos a descontar, que fueron materia de la presente opinión, para la obtención de crédito en Banamex, lo que le generó un quebranto patrimonial a dicho banco acreedor por 455 millones 281 mil 729 pesos, que se encuentra inmerso en el registro contable del daño patrimonial por 5 mil 234 millones de pesos.

 

“Esto a sabiendas de que con dicha falsedad se generaría, como en efecto ocurrió, el quebranto patrimonial en cita.”

 

 

Hasta ahora, sin embargo, la CNBV no ha sancionado a Banamex ni a sus directivos por este caso. De acuerdo con la información oficial de la Comisión, de febrero a la fecha, la filial de Citigroup sólo ha recibido una sanción por “infringir el artículo 115, noveno párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito”.

 

El motivo: “no enviar dentro del plazo el resultado de la revisión efectuada por parte del área de auditoría interna o bien, de un auditor externo independiente, sobre la evaluación y dictaminación anual del cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”. El monto ascendió a 311 mil 650 pesos.

 

Para la elaboración de este trabajo se solicitó conocer la postura de Banamex, por medio de Ana Pilar Aguilar, encargada de atención a prensa. No obstante, hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

 

 

 

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