La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola. Si la atropellada elaboración del expediente contra la presidenta vitalicia del SNTE fue un acto de justicia y no un ajuste de cuentas con quien se convirtió en un estorbo para el actual gobierno de Peña Nieto, la sociedad esperaría, al menos, el inicio de investigaciones contra otros personajes que emulan o, incluso, superan los desplantes, el derroche y la impunidad de la defenestrada: Carlos Romero Deschamps, Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, Patricio Patrón Laviada, Manuel Bribiesca Sahagún…
El sistema político mexicano se percató de que la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ejecutaba operaciones “inusuales” en sus cuentas bancarias y en las del Sindicato, y que realizaba compras en las más caras y prestigiosas tiendas departamentales, entre otros “eventos relevantes”. Y de que los recursos de los maestros eran ejercidos de manera discrecional por la lideresa del sindicato más grande en el Continente Americano.
Es decir, apenas unas cuantas faltas de las que han sido documentadas –más profusamente– durante décadas, por los propios maestros, la mayoría de ellos, organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y los medios de comunicación.
Aunque desde 1990 –cuando se convirtió en secretaria general del SNTE– fueron evidentes los lujos, la opacidad y el autoritarismo con que se conducía, ninguna de las denuncias en su contra prosperó. Fueron 23 años de matrimonio con el poder. Las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón –para quienes los votos y la operación política de la Maestra fueron aliados vitales– nunca encontraron ninguna irregularidad.
Las acusaciones de enriquecimiento ilícito y asesinatos contra maestros disidentes nunca prosperaron mientras garantizó mantener a raya a la disidencia magisterial, o votos para un entonces apurado Felipe Calderón que sentía perder la Presidencia frente a Andrés Manuel López Obrador, en 2006.
La detención de Elba Esther Gordillo ocurrió el pasado martes 26 de febrero, unas horas después de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículo 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que se concretara, en el papel, la llamada “reforma educativa”. Fue el colofón de semanas de desencuentros entre la lideresa sindical y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El lunes 25 de febrero, el presidente de la República había afirmado que con la reforma se recuperaba la acción rectora y reguladora del Estado sobre el sector educativo nacional, por encima del SNTE.
“Nadie está por encima de la ley”, dijo Enrique Peña Nieto en un mensaje transmitido en cadena nacional el pasado 27 de febrero. Agregó que se investigarían a otros líderes sindicales que pudieran estar haciendo mal uso de los recursos de sus agremiados. La declaración pretendió ser un guiño a los ciudadanos que de manera masiva imploran, a través de las redes sociales, que se inicie una investigación contra otro “dirigente obrero” que no oculta su vida de regalos y derroche.
La lista de funcionarios que ofenden a la sociedad con corrupción y abuso de poder parece no acabar. Evidencias que señalan –al menos– corrupción de “servidores públicos” de todo el espectro político, electoral y de empresarios y beneficiarios del erario han sido documentadas copiosamente por medios de comunicación. Cinco casos destacan en los últimos años.
Romero Deschamps
Sobre el senador y secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, pesan acusaciones penales en curso por delitos que van desde desvío de recursos, hasta usurpación de funciones, asociación delictuosa y fraude.
De acuerdo con información publicada en Contralínea, al líder sindical se le acusa de peculado electoral y fraude, relacionado con el expediente 55/FEPADE/02 derivado del caso identificado como Pemexgate: el desvío de 640 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa.
Tras la candidatura de Romero para fungir como senador de la República durante el periodo 2012-2018, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) del sexenio pasado confirmaron que desde 2008 se giró una orden de aprehensión en su contra que no ha sido ejecutada.
Además, entre las acusaciones penales en curso contra Romero Deschamps también se cuentan la AP1072/DDF/2004 en la PGR, y la FDF/T/T1/467/06-06 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se le acusa de supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad, usurpación de funciones y asociación delictuosa.
La PGR integró un expediente derivado del convenio 10-275/04 mediante el cual Raúl Muñoz Leos (exdirector general de Pemex, sucesor de Rogelio Montemayor Seguy) y Carlos Romero Deschamps acordaron la transferencia de 8 mil millones de pesos de las arcas de Pemex al STPRM, en un periodo de 2 años, al margen del Consejo de Administración de la paraestatal, y apoyados por el entonces abogado general de la empresa, Juan Soriano Rosas.
También enfrenta denuncias de sus agremiados por el manejo de las “donaciones” que la paraestatal ha transferido al STPRM, las cuales continuaron todavía después del escándalo que llevó a Muñoz Leos, en 2004, a su destitución.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2007, Pemex donó al Sindicato 318 millones de pesos; en 2008, 236 millones 800 mil pesos; en 2009, 256 millones y en 2010 la cifra alcanzó los 250 millones de pesos.
En 2008, la PGR integró otro expediente identificado con el número 15/03/ 02/2008 por el delito de fraude. El caso deriva de la denuncia que presentó el líder petrolero Mario Rubicel Ross García, en la que se acusa a Romero de la malversación de 3 mil millones de pesos correspondiente a las cuotas sindicales.
Romero enfrenta otra denuncia por fraude derivada de su reelección al frente del STPRM, para el periodo 2007-2012. Los estatutos de este Sindicato permiten una sola reelección. Romero Deschamps se ha reelecto en cuatro ocasiones.
Ha sido tres veces diputado federal y dos veces senador de la República. Nació en 1943, en Tampico, Tamaulipas. Llegó en 1972 a trabajar a la refinería de Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con versiones extraoficiales, gracias al apoyo de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, 5 años después sería nombrado secretario de la Sección 35 del sindicato petrolero, posición que 16 años más tarde lo llevaría a asumir la Secretaría General, promovido por el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
De la lujosa vida que lleva el líder sindical ha quedado constancia en la prensa. Los más recientes episodios fueron protagonizados por sus vástagos Paulina y José Carlos Romero.
En mayo de 2012, el periódico Reforma exhibió que la hija del líder petrolero viaja por el mundo en aviones privados acompañada de sus mascotas, que come en exclusivos restaurantes, pasea en yate y compra costosas bolsas de mano.
El fin de semana pasado trascendió que el ahora senador regaló a su hijo un automóvil Ferrari Enzo, valuado en 2 millones de dólares (que representan alrededor de 25 millones de pesos). La marca italiana fabricó sólo 399 unidades entre 2002 y 2004. Para pretender adquirirlo es necesario, entre otras cosas, tener al menos dos vehículos Ferrari y demostrar solvencia económica.
Calderón Hinojosa
Por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional podría juzgar a
Felipe Calderón Hinojosa y a su gabinete de seguridad. De asumir el juicio, la fiscalía internacional evaluaría la responsabilidad del exmandatario y su equipo por las consecuencias de la política de seguridad: al menos 100 mil civiles
ejecutados, 26 mil 121 personas desaparecidas, 250 mil desplazados, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” (inocentes asesinados por militares o policías federales, presentados como delincuentes).
En el resumen ejecutivo que la fiscalía entregó a la Presidencia de la República en el último tramo de la administración de Calderón Hinojosa se documentan crímenes que podrían constituir delitos internacionales. Entre ellos la responsabilidad sobre la ejecución de al menos 100 mil civiles (de los cuales más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes).
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado a ese tribunal internacional, con sede en La Haya, Países Bajos.
Con un margen de apenas 0.56 más votos que Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de la República en 2006 bajo sospecha de fraude.
Según indicadores nacionales e internacionales, Calderón Hinojosa entregó la administración del país con los niveles más altos de corrupción de los últimos años. Bajo su gobierno, México se colocó como el país más corrupto entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el menos confiable y transparente a juicio de su ciudadanía, de acuerdo con diversos indicadores elaborados por la organización Transparencia Internacional.
Entre los casos que destacan se encuentra la construcción de la Estela de Luz, monumento edificado para conmemorar los festejos del bicentenario de la Independencia Mexicana y del centenario de la Revolución Mexicana. Por la
Estela de Luz, el gobierno mexicano erogó 1 mil 110 millones 575 mil pesos.
La Auditoría Superior de la Federación reveló en su Informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2011 que el monumento se pagó con un sobreprecio de casi 400 millones de pesos, por lo que presentó dos denuncias de hechos.
Genaro García Luna
Durante el sexenio de Felipe Calderón fue conocido como el supersecretario, el funcionario federal que acumuló más poder sólo por debajo del expresidente de la República. Genaro García Luna fue uno de los protagonistas de la principal política pública del gobierno pasado: la supuesta “guerra” contra el narcotráfico.
Fue acusado en los medios de pactar con capos de la delincuencia organizada; enriquecimiento ilícito; ser informante de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense; armar montajes escenográficos en los que se vulneraban los derechos humanos de supuestos delincuentes con fines mediáticos; utilizar la principal herramienta de espionaje de la Policía Federal para neutralizar adversarios; perseguir a periodistas; solapar corrupción y violaciones a derechos y garantías individuales.
En su disputa con los subsecuentes procuradores del sexenio –Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales–, siempre contó con el respaldo del entonces presidente Calderón. El conflicto más encarnizado lo tuvo con Medina Mora, quien a la mitad del sexenio renunció para salir del país rumbo al Reino Unido, donde se desempeñó como embajador. Después de Carlos Romero Deschamps y Felipe Calderón, Genaro García Luna es el exservidor público más mencionado en las redes sociales para que sea investigado y, en su caso, sancionado penalmente.
Cuenta con 44 años de edad. Es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su carrera en las esferas de seguridad inició en 1989, cuando ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el que hasta 1998 se desempeñó como investigador especialista en movimientos armados y terrorismo. En ese mismo año se convirtió en coordinador General de Inteligencia para la Prevención en la Policía Federal Preventiva. A finales de 2000 fue designado titular de la Dirección de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, que se transformaría, en 2001, en la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El 1 diciembre de 2006, una vez que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República, Genaro García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública. Se estrenó 4 días después con la detención de luchadores sociales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Sería el inicio de un despliegue nacional de la renombrada Policía Federal.
Desde 2007 tuvo en sus manos la principal herramienta de espionaje y sistematización de datos del Estado mexicano: la Plataforma México. A lo largo del sexenio, el proyecto tuvo un costo de más de 4 mil 294 millones de pesos. Los contratos –la mayoría adjudicados de manera directa a empresas estadunidenses– fueron firmados directamente por García Luna.
En éstos, el Estado mexicano se comprometía a “compartir” de manera automática la información recabada y sistematizada con agencias estadunidenses.
El diario La Jornada dio a conocer, hacia el final del sexenio, que altos funcionarios mexicanos estaban desarrollando funciones de informantes al servicio de Estados Unidos. La información del diario incluyó en la lista a Genaro García Luna.
Filtraciones de instituciones mexicanas y agencias estadunidenses a la prensa señalaron supuestos vínculos del titular de la Secretaría de Seguridad Pública con miembros del narcotráfico, principalmente con los Beltrán Leyva.
La columna
Oficio de Papel , publicada el 14 de febrero de 2011, documentó que la procuraduría de justicia francesa investigaba operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública mexicano en países de Europa.
En México también se abrió un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de ese funcionario por supuestos movimientos financieros que hizo en al menos dos países europeos. La investigación habría iniciado luego de que esa Unidad encontrara diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas.
Otros expedientes pendientes se derivaron de la posesión de un lujoso restaurante en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en manos de su esposa, por el que supuestamente habría pagado 8 millones de pesos en efectivo. La operación se realizó el 18 de febrero de 2008 y quedó constancia de ésta ante el titular de la Notaría número 7. La propiedad sólo era una de las que la prensa dio cuenta.
Aunque no fue la única, ni la más grave, la irregularidad más ventilada en los medios de comunicación cometida por García Luna fue el montaje que realizó en complicidad con televisoras para fingir un rescate de personas secuestradas y capturar a los plagiarios. El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2005, cuando todavía se encontraba al frente de la AFI. Con ese golpe mediático, García Luna se presentó como un “gran policía”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaría la libertad a Florence Cassez (detenida después de aquel operativo), supuesta secuestradora, 7 años después, precisamente por las violaciones a las leyes mexicanas cometidas por García Luna.
Patricio Patrón Laviada
Acorralado por el Congreso de la Unión, el entonces procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, no tuvo otra opción que referirse al caso del panista Patricio Patrón Laviada, exfuncionario federal acusado por la SHCP de supuestamente incurrir en
lavado de dinero. Corrían los primeros días de octubre de 2010. Orillado por los diputados, titubeante, prometió investigar y actuar conforme a derecho. Agregó: “no hay ni debe haber distingos”. Sin embargo, tres procuradores habían
desfiladocomo abogados de la nación sin que iniciaran averiguación previa contra la familia del exgobernador de Yucatán y exprocurador ambiental. Otros tres procuradores han desfilado desde entonces.
La primera denuncia, presentada en 2006, fue “extraviada” por las autoridades panistas. En 2009 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó otra.
La PGR mantiene archivada la denuncia en contra de los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada –este último extitular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)–, en la que se les acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.
Sin embargo, en septiembre de 2009, Hacienda presentó la misma acusación que ya había hecho en octubre de 2006, sin que el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca, iniciara la averiguación previa correspondiente. La PGR había “extraviado” el expediente original en el que se denunciaban las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada.
De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 –emitido por la UIF y del cual Contralínea posee copia–, desde el 7 de noviembre de 2008 la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; y de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada.
En la acusación presentada por la UIF ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR, se señala que de 2000 a 2005, Ricardo José Patrón Laviada –hermano del actual titular de la Profepa– recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectuó retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en seis cuentas del entonces Banco Internacional, SA (Bital).
En 1998, Ricardo José había retirado 100 mil pesos de la cuenta 0000095050003488 de Banca Confía, SA, mientras que en el Banco Nacional de México, SA, tuvo depósitos por 884 mil 72 pesos, 131 mil dólares y retiros por 1 millón 45 mil 500 pesos durante 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005.
La UIF también refirió un depósito de 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital, realizado el 5 de septiembre de 2005, y la compraventa de divisas por 4 mil y 10 mil dólares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.
La UIF concluyó que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas ni con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Asimismo, consideró que el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejaran los movimientos económicos y la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas son indicios que hacían presumible la procedencia ilícita de los recursos operados por los acusados.
Manuel Bribiesca Sahagún
El 14 de septiembre de 2012 el hijo mayor de Martha Sahagún de Fox, Manuel Bribiesca Sahagún, admitió ante la justicia estadunidense que sí participó de manera activa en el fraude cometido contra compradores de gas de la empresa estadunidense Mexico Gas, de la que él se ostentó como representante, presidente y propietario.
De acuerdo con el expediente 8-cr-4274-JAH, Bribiesca pagó una fianza de 75 mil dólares (975 mil pesos) para evitar ir al Centro Correccional Metropolitano de Chicago y enfrentar en libertad el juicio en su contra.
El caso de North Star Gas, LLC, de Grupo D’Amiano, a la que le revendió gas LP a sobreprecio, es apenas una de las irregularidades –y no la más grave– que involucran a Manuel Bribiesca, y que desde México fueron documentadas por la prensa.
Hacia finales de 2004 y principios de 2005, el hijastro del expresidente Vicente Fox concedió dos entrevistas a Miguel Badillo, mismas que se dieron a conocer en la columna Oficio de Papel y en Contralínea. El primogénito de Marta Sahagún aceptó –entre otras cosas– que familiares suyos gestionaron contratos a favor de la empresa Oceanografía.
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Fuente: Contralínea 324 / marzo 2013
