El SAT tardó hasta 13 años para identificar las causas por las cuales se dieron de baja créditos fiscales, por un total de 135.9 mil millones de pesos. Al revisar el ejercicio 2019, la Auditoría Superior encontró que se aplicó un criterio de insolvencia a contribuyentes que habían reportado ingresos anuales millonarios. Ahora, el fisco investiga a todos los involucrados en la evasión de impuestos

Segunda parte. En la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a una muestra de 167 determinantes de créditos fiscales cancelados en 2019 por un monto de 135 mil 907 millones de pesos, encontró que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tardó hasta 13 años para identificar la causas por las cuales se dieron de baja dichos créditos fiscales.

Por esa demora de dicha Administración General en ejercer sus facultades de comprobación no se han presentado hasta la fecha denuncias en contra de servidores públicos ni contribuyentes ante las autoridades correspondientes, “en virtud de que resulta indispensable contar con las evidencias del perjuicio”, aunque se sigue investigando y más adelante podrían presentarse, según explicaron en el SAT.

Por lo que corresponde a servidores públicos, el SAT ya encabeza una revisión exhaustiva de los expedientes de cada uno de los 200 mil contribuyentes a quienes se les cancelaron sus adeudos fiscales, a efecto de analizar que el proceso de investigación para la determinación de “insolvencia” se haya realizado de manera correcta.

De igual manera, se realizará un análisis de las pistas de auditoría en los sistemas institucionales a efecto de verificar el detalle de las posibles afectaciones para el país.

Mientras se identifican las causas de la cancelación de los créditos fiscales para darlos de baja en la cartera del SAT, en la muestra de 167 determinantes por 135 mil 907 millones 590 mil 500 pesos, la autoridad fiscal determinó la presuntiva de ingresos y notificó por estrados 131 determinantes equivalentes a 117 mil 42 millones de pesos, lo que representa el 86 por ciento de la muestra.

De la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero número 44-GB, elaborada por la Auditoría Suprior de la Federación (ASF), correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2019, se afirma que el SAT demoró en realizar sus actos de fiscalización cono a continuación se detalla:

1. En 110 determinantes de créditos, el SAT demoró de 2 a 5 años en fiscalizar al contribuyente, lo que representó el 61.1 por ciento de la muestra por 83 mil 71 millones 175 mil pesos. Al respecto se verificó que 74 mil 286 millones 853 mil 400 pesos fueron notificados por estrados y corresponden a 87 determinantes de créditos.

2. En 38 determinantes de créditos, el SAT tardó un año en fiscalizar al contribuyente, lo que representó el 21.8 por ciento por 29 mil 570 millones 234 mil 700 pesos. Se verificó que 26 mil 480 millones 903 mil 300 pesos fueron notificados por estrados y corresponden a 27 determinantes de créditos.

3. En 19 determinantes de créditos, el SAT empleó de 6 a 13 años en fiscalizar al contribuyente, lo que representó el 17.1 por ciento por 23 mil 266 millones 180 mil 800 pesos. Se verificó que 16 mil 274 millones 640 mil 300 pesos fueron notificados por estrados y corresponden a 17 determinantes de créditos.

Si se considera que después de 5 años el SAT no puede ejercer acción alguna alguna en contra de los evasores fiscales, pues entendemos que la tardanza en la comprobación de los créditos es determinante para impedir proceder en contra de los contribuyentes morosos, por lo que se considera que hay una complicidad entre la gestión tardía de servidores públicos para verificar los créditos cancelados con los contribuyentes evasores de impuestos.

Como se observa en las cifras de la demora para comprobar las causas de las cancelaciones, la ASF consideró que fue la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior la unidad fiscalizadora del SAT que presentó el mayor importe de adeudos cancelados por 62 mil millones de pesos, de los cuales el 35.4 por ciento se determinaron en un plazo menor a un año (21 mil 970 millones); por su parte la Administración General de Auditoría Fiscal Federal fue la segunda unidad fiscalizadora con mayor importe de cancelaciones, por 50.7 mil millones de pesos, y es la que más tiempo tardó en determinar los adeudos fiscales, ya que sólo el 10.1 por ciento lo hizo en un plazo menor a un año.

En el análisis que hizo la ASF, concluyó que las causas más significativas para la incobrabilidad de los créditos, fueron las de la “no localización” y la “insolvencia” de los contribuyentes, por lo que se revisaron las sesiones de la Junta de Gobierno de ese órgano desconcentrado y se verificó lo siguiente:

1. El SAT informó que solicitó el apoyo de la Unida de Inteligencia Financiera para tener monitoreados a los contribuyentes con créditos fiscales cancelados en el sistema financiero; sin embargo, la UIF respondió que tiene limitaciones presupuestales y administrativas para el rastreo mencionado.

2. Tratándose de créditos más recientes, hay mayores posibilidades de cobro y que gran parte de los créditos rebasan los 5 años de antigüedad, por lo que será muy difícil cobrarlos.

3. Es necesario que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal determine créditos que se puedan cobrar, ya que si la empresa (contribuyente) es fantasma, no está localizada o si se determina un crédito fiscal que no corresponde a la capacidad de pago de la empresa, se convierte en un asunto perdido.

4. Es importante verificar los criterios de clasificación de los créditos para no estar invirtiendo muchos recursos humanos técnicos en créditos que no son factibles de cobro.

5. Una de las causas por las cuales no se pudieron cobrar los créditos fiscales es la no localización de los domicilios de los contribuyentes.

El resultado que la Auditoría Superior de la Federación obtuvo de las investigaciones internas y externas, se arroja que los contribuyentes son insolventes toda vez que no se localizan sus bienes susceptibles de embargo.

Una segunda conclusión importante de la ASF sobre la cancelación de créditos fue de las 167 determinantes de la muestra se comprobó que 110 fueron fiscalizados entre el segundo y quinto año, dando oportunidad al contribuyente moroso de instrumentar estrategias para evadir el pago de impuestos.

Por lo anterior, en la reunión realizada este jueves en las oficinas de la ASF, se recomendó al SAT establecer mecanismos de mejora de las acciones que realizan las unidades fiscalizadoras para detectar contribuyentes omisos en los pagos de las contribuciones, a fin de mejorar la oportunidad con la que realizan los actos de fiscalización y se tenga mayor posibilidad de garantizar el cobro del crédito fiscal que se determine.

Además, para que el SAT establezca mecanismos de mejora en las estrategias de operación, las áreas involucradas del SAT en los créditos fiscales se deben coordinar mejor, a fin de garantizar la localización, identificación y rastreo de bienes de los contribuyentes omisos, con apoyo de las investigaciones externas a fin de garantizar el cobro del crédito fiscal, mejorar las estrategias preventivas de identificación de los domicilios fiscales que reportan los contribuyentes y crear criterios para constatar físicamente la ubicación y actividad preponderante del sujeto, con objeto de evitar la no localización del contribuyente como su domicilio fiscal.

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