En medio de disparos y amenazas de muerte, decenas de familias huyeron de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, pero otros indígenas –entre ellos mujeres, niños y ancianos– fueron retenidos por paramilitares que se apoderaron de su comunidad. Los sicarios se retiraron cuando llegó la Guardia Nacional, pero ahora, sin las fuerzas federales en el lugar, el peligro aumenta
Yosoyuxi Copala, Oaxaca. Las balas entraron por la ventana y dejaron sus huellas en paredes y muebles de la casa. Temblorosa, sólo cargó con su pequeña hija a la espalda y huyó hacia el monte. Entre el miedo y las prisas olvidó ponerse sus huaraches de hule: lo único que quería era escapar del ruido de metralla y poner a salvo a su niña de 3 años. Era la madrugada del 20 de enero. De entre la hierba y los árboles venían los disparos. El resto de sus familiares no se atrevieron a seguirla, estaban aterrorizados y no se pudieron mover. Escondida en el monte, esta joven triqui abrazaba a su hija y le imploraba silencio para no ser descubiertas. La pequeña no paraba de llorar.
El miedo y la angustia duraron 4 días. María y su nena permanecieron ocultas en la serranía oaxaqueña sin alimento ni agua. Las heridas de la huida se hicieron costras en las piernas y, entre los dedos de los pies, aún están las huellas. La pequeña aún tiene ronchas coloradas por todo el débil cuerpo. Los insectos se dieron un festín.
Fueron 96 horas en las que el llanto frustrado de ambas se combinaba con el estruendo de las detonaciones. Los hombres que habían entrado a Tierra Blanca, su comunidad, seguían al acecho. El miedo a morir se agudizaba. Mientras, en la región, los habitantes escapaban como podían en los caminos agrestes. Los más viejos sufrían y la fuga era casi imposible por su lento andar.
Un grupo de 60 familias triquis que lograron huir, la mayoría niños, mujeres y ancianos, pudieron llegar al pueblo cercano de Yosoyuxi, municipio de Juxtlahuaca, en donde miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) les dieron refugio en dos galeras con 28 camas de madera.
A los agresores los identifican con otra organización indígena, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), al que acusan los desplazados de crear violencia en la región para mantener el control político y recibir las mayores partidas presupuestales tanto federales como estatales.
En el albergue escolar de la comunidad solidaria de Yosoyuxi se refugia María. Ella, quien pide resguardar su identidad por temor a represalias, fue rescatada por la Guardia Nacional y por elementos de seguridad de Oaxaca el 20 de enero pasado, casi un mes después de que se había reactivado el conflicto armado en la mixteca oaxaqueña y donde la historia de estos pueblos ha perdido la cuenta de sus muertos.
El cuerpo de seguridad entró a la zona después de las denuncias en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó que se atendiera el problema. La violencia en la zona ya causó muertes, desapariciones y decenas más de refugiados en otros pueblos por las amenazas latentes. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, fue designado como responsable de atender este conflicto armado, por lo que asistirá el jueves 4 de febrero.
El funcionario federal ha reconocido que en este territorio, también llamado “nudo mixteco”, la gente se vio obligada a desplazarse a otras comunidades por “las agresiones y hostilidades que derivaron, incluso, en la pérdida de dos vidas humanas y agresiones al conjunto de la comunidad”.
Sobrevivir al paramilitarismo
En Tierra Blanca están las casas edificadas con las remesas enviadas por los hombres de esta comunidad que migraron a Estados Unidos en busca de una mejor condición de vida y que hoy no pueden proteger a sus familias por la distancia. Las agresiones, los asesinatos, las balas y el miedo los obligaron a dejar sus tierras, sus pertenencias y su tranquilidad.
Y es que desde el 26 de diciembre empezó el ataque sobre estos indígenas que en su mayoría están afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Una comunidad que hasta finales de 2020 se había mantenido lejos de las disputas de grupos paramilitares, como la ocurrida hace más de 10 años, cuando San Juan Copala y San Miguel Copala fueron tomados violentamente por las organizaciones Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y MULT. En aquel contexto, el 27 de abril de 2010 una caravana de paz fue emboscada mientras se dirigía al centro ceremonial, causando la muerte de los defensores Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés.
Ahora, las agresiones llegan a comunidades que antes estuvieron exentas de la violencia paramilitar. Carmen, una de las nuevas víctimas, considera que el cubrebocas no es suficiente para ocultar el rostro: se envuelve en otras prendas para que nadie la reconozca. Una de sus familiares la asiste para que no haya oportunidad de que se le distinga. Su testimonio podría ser su sentencia, “pero la gente tiene que saber lo que ocurre aquí”.
Ella es otra de las mujeres que sufrieron el ataque a Tierra Blanca. Con voz entrecortada, relata que se encontraba “secuestrada” con varias personas en una de las viviendas de la comunidad. “Estuvimos encerrados en la casa durante 5 días. No podíamos ni salir para moler [el maíz para comer]. Las mujeres se desmayaban porque no había alimento, otras porque están enfermas”.
Para Carmen, de quien también se resguarda su identidad por seguridad, su pueblo se convirtió en el mismo infierno, había disparos día y noche. “No podíamos salir, hacer algún movimiento ni escapar porque la balacera no paraba. Nosotros no pensábamos eso, sólo queremos una vida digna y vivir sanamente. No merecemos lo que está sucediendo, qué bueno que vinieron a ver cómo estamos porque nos sentimos abandonados”. Con la mano señala a un grupo de mujeres de cabello cano, diminutas, ancianas, con la tristeza en la mirada. “Lo perdimos todo”.
Reactivación de la violencia
Eucebio Ramírez Martínez, agente municipal de Tierra Blanca, es otro de los sobrevivientes a los ataques que los expulsaron de sus viviendas. Acusa que la “gente del MULT” entró a agredir a la comunidad. “Ahí vivimos tanto tiempo de tranquilidad, nunca de violencia, pero un día en la tarde entraron y empezó la balacera”.
Este indígena que ha estado la mitad de su vida en Estados Unidos retornó hace 4 años a su tierra. Ahora trabaja en el campo y cría de animales de granja para mantener a su esposa y cuatro hijos.
“Trabajamos el campo, es lo único que sabemos trabajar”, dice. Hay mucha gente que está en Estados Unidos y aquí están sus mujeres, sus madres y abuelas; están aquí, buscan el progreso, comenta, pero con el conflicto, dejaron todo y “es muy triste estar lejos de la casa, más para los niños y las señoras de tercera edad”.
Agrega: “me gustaría que el presidente de la República nos atienda, nos escuche y apoye. Hay mucha gente que dejó sus casas, que perdieron sus pertenencias, entraron a robar todo”.
Macario García Merino, integrante de la dirección política del MULTI, asegura que son más de 200 familias las que tuvieron que salir a las cabeceras municipales, como las de Tlaxiaco o Juxtlahuaca, desde el 26 de diciembre, cuando fue asesinado Andrés Martínez López, y sus tres hijos menores de edad fueron heridos de gravedad.
“Fueron identificados los responsables del MULT. La gente armada atacó a los compañeros. Salieron el 28 y como estaba próximo el fin del año ya no se pudo hacer nada. Como MULTI los apoyamos”, dice.
Los días 4 y 5 de enero realizaron un bloqueo carretero en el crucero de Concepción Carrizal, Agua Fría Copala, La Laguna Santiago y Juxtlahuaca. Hubo una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Francisco Javier García López; la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez; representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública.
En la minuta se estableció que a partir del 6 de enero de 2021 tenía que entrar una comisión con todas las instancias a la comunidad de Tierra Blanca, “para verificar el listado de las viviendas de los compañeros, quienes salieron de esa comunidad y de las viviendas, de sus pertenencias que fueron saqueadas, las chapas que fueron rotas y paredes con impactos de bala”,
Ese 6 de enero fue una comisión de mujeres desplazadas. Lograron ingresar. Verificaron, aunque “no en todas las viviendas porque no permitieron los policías, las autoridades, y entonces no pudieron hacer más”, acusa.
Ya de regreso, el 11 de enero, se concretó el retorno definitivo de los habitantes con el apoyo de todas las instancias, con el acuerdo de que tenían que permanecer 15 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, dos patrullas, y así fue. Ese día regresaron a sus viviendas, permaneció la seguridad del 11 al 13 de enero. Pero el 14, por la mañana, “se empezaron a retirar: salieron de la comunidad sin dar ninguna información a la autoridad ni a la dirección política del MULTI”, acusa el profesor Macario, como lo conocen en la población.
El 15 de enero empezaron nuevamente los ataques. “Las balas llegaban directamente a las casas, solamente podían escapar de noche. La gente mayor tuvo un gran problema para salir de ahí. Uno de estos días fue cuando entró la seguridad a rescatar a los compañeros… obligaron a la gente que estaba secuestrada para que salieran de sus hogares, a punta de armas. Había una casa donde había más de 50 personas, en otra estaban unas 30. Las personas apoyadas por el MULT llegaron con armas y tuvieron que salir antes de se dieran cuenta. Creemos que es una forma para que no se tuviera evidencia de ese secuestro, varios días. Nos sorprende hasta donde ha llegado el MULT. Apoyados por el gobierno municipal de Nicolás Feria Romero, que es papá del presidente Enrique Feria, y la autoridad del estado”, relata.
Sobre el origen del ataque, indica que se trata de “una historia del MULT. Desde 1980 ha tenido esa forma de atacar a las comunidades para ganar su presencia. Ocurrió en 1980, con Río Tejón Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, actualmente esa población está deshabitada totalmente”.
Agrega que “en 1991, con la comunidad de Llano de Nopal Copala, Juxtlahuaca. Se puede decir que cada 10 años va atacando a diferentes comunidades para tener presencia en las comunidades, que no coinciden o que no están con ellos. Recordemos también la forma más reciente del ataque a San Miguel Copala, en 2010, y de San Juan Copala, donde los compañeros desplazados de San Juan Copala salieron en septiembre de ese mismo año.”
El profesor expone que Tierra Blanca es una comunidad pacífica “que no tiene presencia ni del MULT ni del MULTI.
Acerca de la mesa de diálogo propuesta por el subsecretario Alejandro Encinas, dice que “todo el tiempo hemos apostado por la paz. Somos una organización de paz. Sin embargo, los ataques han sido en contra del MULTI y de otras comunidades. Nosotros queremos una paz real, no sólo en discursos, porque el MULT ha manejado diferentes momentos y lugares en que pregonan la paz pero no dan sus propuestas para llegar a eso”.
También indica: “nosotros, de alguna manera, hemos hecho nuestra propuesta para que haya paz en toda la región sin distinción de comunidades, solamente con la seguridad del estado. No podemos manejar doble discurso de buscar paz por un lado y rechazar tajantemente la presencia de seguridad como es la policía del estado y la Guardia Nacional.”
Ante la posibilidad de que el gobierno federal instrumente un plan de desarme en la región, el líder del MULTI acepta que es necesario “porque los ataques han sido de manera permanente: cada 8 años se da esta situación y el MULT quiere invadir a todas las comunidades, tener presencia por la vía de armas de todas las comunidades”.
