El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es investigado por un presunto daño patrimonial cometido durante su gestión, por casi 3 mil millones de pesos. El monto multimillonario se habría asignado “fuera de presupuesto” para campañas de publicidad de Sedesol, Sedatu, SEP, Consejo Promoción Turística, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Migración
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminará en los próximos días la responsabilidad del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un presunto daño patrimonial cercano a los 3 mil millones de pesos que fueron asignados “fuera de presupuesto” a varias entidades públicas para la promoción y publicidad de diversos programas de gobierno.
En la amplia investigación de ese órgano fiscalizador del Congreso se revisa también la actuación de los titulares y sus áreas de comunicación social de las secretarías Desarrollo Social (Sedesol); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –estas dos dependencias a cargo de la exfuncionaria actualmente presa Rosario Robles Berlanga– y de Educación Pública, con Aurelio Nuño. Y es que éste dispuso de 2 mil millones de pesos como ampliación presupuestal para la llamada reforma educativa”.
Los otros exfuncionarios del primer equipo de gobierno de Enrique Peña que están relacionados con la autorización de todas esas ampliaciones presupuestales en materia política de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad en el sexenio de Peña Nieto son los tres exsecretarios de Hacienda: Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes en los seis años asignaron partidas adicionales sin estar autorizadas por el Congreso por cerca de 30 mil millones de pesos para diversos medios de comunicación en los seis años de gobierno.
En el expediente se explica que del gasto de 2.7 mil millones de pesos fuera de presupuesto, 1 mil 100 millones corresponden al desaparecido Consejo de Promoción Turístico, y el resto, 1 mil 700 millones, fue canalizado al Instituto Nacional de Migración, Lotería Nacional, Sedesol y Sedatu, entre otras entidades públicas.
Al respecto, el vocero del exsecretario de Gobernación, Roberto Femat, señaló que “de la auditoría forense de la ASF, sus conclusiones serán dadas a conocer en unos pocos días. Las observaciones a las que se llegó fueron atendidas en tiempo y forma para que eventualmente sean solventadas”.
En uno de los procesos de revisión del pliego de observaciones (2017-0-04100-12-1697-06-001) de la auditoría forense 2017-No. 1697-GB, que ejecuta el auditor especial de seguimiento, informes e investigación, Isaac Rojkind Orleansky, se espera para los próximos días el resultado sobre el probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por casi 3 mil millones de pesos y los supuestos responsables, entre quienes destaca el exsecretario Osorio Chong.
El exdirector general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gandini (actual jefe de prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social), remitió la respuesta de esta dependencia a la ASF mediante el oficio UAF/DGPyP/1466/2019, con fecha 15 de abril pasado, por lo que los plazos de respuesta de la Auditoría están agotados para concluir su análisis de la investigación correspondiente a 2017.
En el análisis de los auditores se revisa que varios de los organismos señalados como beneficiarios de los recursos para promoción y publicidad, como son el Consejo de Promoción Turística, el Instituto Nacional de Migración y la Lotería Nacional, entre otros, recibían parte del dinero recaudado por la Secretaría de Hacienda que provenía del pago por derechos que hacen los extranjeros para entrar y salir del país, por lo cual no se trata de dinero que por su naturaleza estuviera dentro del presupuesto de Comunicación Social y tampoco era autorizado por la Cámara de Diputados.
El auditor especial de la ASF, Isaac Rojkind Orleansky, también revisa las funciones que desempeñaban los ejecutores del gasto en las distintas áreas de Comunicación Social de las secretarías de Estado involucradas y los órganos descentralizados y autónomos que también participaron en la distribución de recursos a diversos medios de comunicación por publicidad y promoción, pues como es sabido la funciones de Gobernación son sólo normativas y no de ejecución del gasto publicitario del gobierno federal.
Extrañamente, alguien que no aparece en estas indagatorias y auditorías especiales de la ASF es el excoordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, el abogado Eduardo Sánchez Hernández, quien como se sabe era el responsable de palomear y disponer los montos de dinero público que debía asignarse a las empresas y dueños de medios de comunicación, así como a periodistas –la mayoría columnistas– de manera directa.
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