[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2015/11/judicatura-federal-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
Si la eficiencia y honestidad del Poder Judicial de la Federación se midiera por las sanciones que impone a sus servidores y por la “gravedad” admitida de los actos que derivaron en dichos castigos, en lo que va del actual sexenio el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) podría asegurar que todo está razonablemente bien, que pocos son los magistrados y jueces que cometen alguna falta, y que si ésta se diera lo más probable es que sería leve.
Lo anterior se desprende del desplome de acciones disciplinarias llevadas a cabo durante el actual sexenio por parte de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF –encargada oficialmente de vigilar y castigar a los responsables de impartir justicia –y a quienes los rodean en tal tarea.
De acuerdo con datos hechos públicos por la propia Judicatura y respuestas a solicitudes de acceso a la información presentadas por Contralínea, se observa que mientras en 2013 se impusieron 46 sanciones, en 2014 bajaron a 10, y de enero a octubre de 2015 se dieron solamente siete.
En sus primeros 16 años (de 1995 a 2011), el Consejo de la Judicatura sancionó a 1 mil 35 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, de los cuales 251 eran magistrados de circuito y 376 jueces de distrito (Contralínea 270).
La mayoría de los años se presentaron entre 40 y 50 sanciones, incluso hubo en los que el número de castigos rebasó los 80 (2002 y 2004, 82; 2003, 86; 2001, 88) y los 60 (1997 y 2002, 64; 2000, 69).
La “misión” de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina es actuar para “garantizar la imparcialidad y honestidad de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación”. Pero no de todos, pues sólo tiene atribuciones para actuar contra “servidores públicos y empleados de tribunales de circuito y juzgados de distrito”. Es decir que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tanto como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –ministros y magistrados incluidos, por supuesto– son intocables para el mayor órgano de vigilancia judicial del país.
[bctt tweet=”De 2013 a 2015, la Judicatura ha sancionado apenas a 9 magistrados y 12 jueces #México”]
La Secretaría de Disciplina tramita los procedimientos administrativos. Pero éstos normalmente llevan no meses, sino años en resolverse. Así, cuando deciden que los funcionarios deben ser amonestados o recibir apercibimientos públicos, a los testigos del acto les tienen que recordar el motivo de la puesta en escena, pues los hechos se dieron años atrás, e incluso el aludido pudo haber escalado un peldaño más en su carrera judicial.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones de las que pueden ser sujetos los servidores del PJF son el apercibimiento (público o privado), la amonestación (también pública o privada), sanción económica, suspensión, destitución del puesto e “inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones de servicio público”.
En un contexto en el que narcotraficantes como Rafael Caro Quintero salió de prisión por mandato y firma de juzgadores o en el que permanecen encarceladas decenas de personas por motivos políticos por decisión –explícita o no– de los impartidores de justicia, el CJF se ha concentrado en casos menores relacionados con el personal del Poder Judicial.
Incluso jueces y magistrados son investigados por la Procuraduría General de la República, por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional o por la propia Suprema Corte, y no por la Judicatura.
El Índice de impunidad global estima que México es el segundo país más impune entre los 59 investigados y enlistados. Filipinas y Colombia completan el podio con el primero y tercer lugar, respectivamente. La impunidad en México es generalizada, ha sentenciado la Organización de las Naciones Unidas.
No obstante que gran parte de la carga de ello recae en el sistema judicial, según la Judicatura la mayoría de las faltas cometidas por los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales (juzgados de Distrito, tribunales Unitarios y tribunales Colegiados) sólo son “graves”. Así lo ha determinado el mazo de la Comisión de Disciplina y del propio Pleno del CJF, presidido por el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales.
Durante 2015 (de enero al 20 de octubre), cuatro magistrados de circuito han sido sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal. Pero ninguno de los castigos pasó del apercibimiento privado:
A José Saturnino Suero Alva y Alfonso Ortiz Díaz, ambos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, se les recriminó su “falta de profesionalismo”; María Elena Leguízamo Ferrer, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, incumplió “una disposición legal relacionada con el servicio público”, mismo motivo por el cual Roberto Lara Hernández, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, también fue regañado a puerta cerrada.
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Mientras decrecen las sanciones contra jueces y magistrados, narcotraficantes como Caro Quintero salen de prisión por mandato y firma de juzgadores
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En los primeros 10 meses de Luis María Aguilar Morales como presidente de la Judicatura Federal solamente un juez de distrito, Roberto Antonio Domínguez Muñoz, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, sintió el rigor de un “apercibimiento privado” por “incumplir una disposición legal relacionada con el servicio público” (solicitud de información 440415). Por este ambiguo motivo muchos han sido marcados en sus hojas de servicios.
La mayor sanción durante 2015 la recibió un secretario de tribunal: Jairo Hernández Garibay, del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, quien fue suspendido debido a que “no observó buena conducta en su empleo y falta de respeto”. Por su parte, José Refugio López Garduza, del multisancionado Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, recibió un “apercibimiento privado” por su “falta de profesionalismo” (solicitud de información 440815).
En 2014 sólo hubo 10 sancionados. Ninguno era magistrado de circuito; ninguna falta se consideró como grave. Cuatro de ellos eran jueces de Distrito: Guillermo Baltazar y Jiménez, del Juzgado Tercero de Aguascalientes, fue amonestado públicamente por “incumplir una disposición legal relacionada con el servicio público”, lo cual es considerado como “no grave” (expediente 39/2012); José Luis Gómez Martínez, del Juzgado Octavo de Oaxaca, otorgó “nombramientos indebidos” y sólo recibió un “apercibimiento privado”, algo que tampoco es grave (22/2012); Juan Antonio Trejo Espinoza, del Juzgado Octavo con residencia en Tijuana, también recibió un apercibimiento privado por “incumplir una disposición legal relacionada con el servicio público” (26/2012), y Rodolfo Pedraza Longi, del Juzgado Cuarto de Distrito de Querétaro, recibió una amonestación pública por su “deficiencia en el servicio encomendado” (28/2012).
La secretaria del Juzgado Sexto de Distrito con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Hazel Luz Idalia Mier Arriaga fue denunciada y sancionada con un apercibimiento privado, “por falta de profesionalismo y dejar de cumplir debidamente el servicio público que tiene encomendado”, algo no grave (2/2011); por su parte, Juan Alfredo Camacho Ibarra, secretario del Juzgado Octavo de Tijuana, también sufrió un apercibimiento –éste público– por “incumplir una disposición legal relacionada con el servicio público”, hecho tampoco considerado como grave (26/2012).
[bctt tweet=”Consejo de la Judicatura, imposibilitado de investigar a la Corte y Tribunal Electoral @CJF_Mx”]
La actuaria judicial Sofía Rubio Pulido, del Tribunal Colegiado con residencia en Tlaxcala, fue suspendida 15 días por “falta de profesionalismo”, lo cual tampoco es grave (97/2013).
Gustavo Sánchez Aguirre, oficial administrativo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa con Residencia en Acapulco, Guerrero, escuchó una amonestación privada porque “no observó buena conducta en su cargo”, algo tampoco grave (6/2013); otra amonestación pública, por no custodiar ni cuidar “la documentación e información que por razón de su cargo” debió conservar bajo su cuidado, la recibió Itzpapalotl Murillón Duarte, lo cual no es grave (142/2011); Yeny Figueroa Cortez, oficial administrativo del Juzgado Sexto de Distrito correspondiente a San Andrés Cholula, sólo recibió un apercibimiento privado por su “falta de profesionalismo” (2/2011).
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Obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado otorga por sus funciones, la falta grave del secretario de juzgado Rincón Amador
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En 2013 hubo 46 sancionados, cinco de ellos magistrados de Circuito:
Carlos Nicéforo Adolfo Olea Peñaflores, del Segundo Tribunal Unitario con residencia en Matamoros, Tamaulipas, recibió un “apercibimiento privado” por “incumplir una disposición legal relacionada con el servicio público”, algo no grave (27/2012); Claudio Pérez Hernández, miembro del Segundo Tribunal Unitario de Monterrey, también escuchó un “apercibimiento privado” debido a una queja por su “falta de profesionalismo”, tampoco nada grave, según el CJF (427/2012); también por “falta de profesionalismo”, Edna María Navarro García, magistrada del Sexto Tribunal Unitario de Tijuana, recibió una “amonestación pública”, pero su falta tampoco fue considerada como grave (10/2010); el trabajo de Javier Pons Licéaga, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo con residencia en Guanajuato, tenía una “leve” característica: “falta de profesionalismo y deficiencia en el servicio encomendado”, y por esa razón recibió un “apercibimiento público” (97/2011); Juan Vilchiz Sierra, colega de Pons Licéaga, lo acompañó en el mismo castigo por idéntico motivo.
A ocho jueces de Distrito les cayó el peso liviano de las decisiones de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, aunque éstos tuvieran antecedentes:
A su vez, tres secretarios de tribunal fueron castigados en 2013: Carlos Alberto Villareal Salgado, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo con residencia en Guanajuato, recibió una amonestación pública por su “falta de profesionalismo y deficiencia en el servicio encomendado” (97/2011); Claudia Valeria Dávila Montero, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Toluca, fue suspendida 3 meses porque “no preservó la dignidad propia de la función judicial en el desempeño de sus labores”, aunque llamativa, es otra falta considerada como “no grave” (169/2011); Hilda Sandra Sainz Rendón, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de San Andrés Cholula, fue suspendida 1 año por “falta de profesionalismo”, caso considerado como el único “grave” en lo que va del sexenio (286/2012).
Once secretarios de juzgado también fueron sancionados: Alejandra Ugalde Pérez, del Juzgado Noveno de Tampico, Tamaulipas, fue inhabilitada durante 3 meses porque “no custodió ni cuidó la documentación e información que por razón de su cargo conserva”, algo tampoco grave (67/2011); Ángel Aristeo Granados González, del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sólo recibió una “amonestación privada” por “falta de profesionalismo y deficiencia en el servicio encomendado” (144/2011); Aracely Verástegui Zamarripa, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Monterrey, sufrió uno de los castigos que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina haya impuesto en casi 3 años: la destitución por un “notorio descuido” (252/2012); en el caso Artemisa Venus Fernández Ángel, del Juzgado Primero de Distrito de Tlaxcala, el pleno tardó casi 3 años en decidir darle un “apercibimiento privado” por su “falta de profesionalismo” (827/2010); Héctor Alejandro Villafuerte Domínguez, del Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, escuchó también un “apercibimiento privado” por el mismo motivo (50/2013); a José de los Ángeles Martín Balán, del Juzgado Segundo de Distrito de San Francisco Campeche, le tocó una “amonestación pública” por “deficiencia en el servicio encomendado” (1166/2011); el de Jesús Federico Rojas Pesquera, también del Juzgado Primero de Distrito de Tlaxcala, fue un “apercibimiento privado” por su “falta de profesionalismo” (827/2010); Juan Carlos Méndez Moreno, del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Coatzacoalcos, recibió una “amonestación pública” no sólo por la “falta de profesionalismo”, sino también por la multicitada “deficiencia en el servicio encomendado” (144/2011); por un “notorio descuido”, Mario Gabriel Padilla García, del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (396/2012) fue apercibido públicamente.
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El caso del secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Culiacán, Sinaloa, Juan Carlos Rincón Amador, se distingue entre todos: en 2010, el Pleno de la Judicatura decidió inhabilitarlo 15 años, además de imponerle una “sanción económica”, por haber dispuesto “de numerario para su beneficio”, falta que a la vez fue considerada tanto como “grave” como “no grave” (93/2009). Tres años después, el 15 de enero de 2013, la Comisión Disciplinaria agregó una inhabilitación al de por sí inhabilitado Rincón Amador, ahora por 3 años y 11 meses, que tendrá efectos hasta 2026 y con vigencia hasta 2030, más 37 mil 425 pesos de multa; el motivo: haber “obtenido beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado otorga por desempeño de sus funciones y deficiencia en el servicio encomendado” (104/2011).
Los actuarios judiciales Alejandra Pinzón Lara (“apercibimiento público”, 160/2012), Alicia Guadalupe Chávez Beltrán (“amonestación privada”, 299/2011), Claudia Vanesa Soto Huitrón (“amonestación pública”, 56/2012), Daniel González Lara (suspensión de 3 días, 32/2012), Guadalupe Robles Montes de Oca (“amonestación pública”, 266/2012), Héctor Rafael Rodríguez Estrella (suspensión de 30 días, 87/2011), Jorge Armando Meneses Gutiérrez (“amonestación pública”, 110/2011), Juan Édgar Mejía Martínez (“amonestación pública”, 266/2012), Julián Eduardo Samos Méndez (“inhabilitación” por 3 meses, 125/2010) y María Eugenia Navarro Farías (“amonestación pública”, 109/2011) también fueron tocados por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina.
Los oficiales administrativos: Juan Manuel Tourlay Guerrero, del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Toluca, fue inhabilitado 1 año por “falta de respeto y rectitud” que es considerada como “grave” (1770/2011); Karina Anahí Sánchez Martínez, del Juzgado Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, por su “falta de profesionalismo”, aunque considerada como “no grave”, fue inhabilitada 5 meses (83/2011); por su parte Elías Isaac Bamaca Hernández fue destituido del cargo por “incumplir una disposición legal relacionada con el servicio público” (19/2012). Cinco oficiales más sólo recibieron apercibimientos públicos y/o privados.
A través de la oficina de Comunicación Social de la Judicatura, a cargo de Jorge Camargo, Contralínea solicitó entrevistar al consejero de la Judicatura Alfonso Pérez Daza, a cuyo cargo está la Comisión de Disciplina. Sin embargo, hasta el cierre de edición editorial no se recibió respuesta.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: PORTADA SECCIÓN: JUSTICIA]
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