En 2007, Yolanda Valladares Valle reestructuró la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de Pemex para “controlar”, junto con un reducido grupo de panistas, los millonarios donativos y donaciones asignados a alcaldes y gobernadores, señalan extrabajadores.

En enero de 2007, el piso 14 de la torre ejecutiva de Pemex, ubicada en Marina Nacional, se pintó de blanquiazul. Yolanda Valladares Valle impuso al área, conocida entre el sector energético como “la Sedesol chiquita”, la obligatoriedad de militar en el Partido Acción Nacional (PAN). Lo mismo en su oficina que en las regiones petroleras, Valladares se entrevistó con los coordinadores adscritos a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social (GCDS) para interrogarlos respecto de su militancia política, aseguran excolaboradores.

La respuesta llevaría a la mayoría de estos trabajadores a ser despedidos del cargo que habrían desempeñado hasta por una década. “Si uno respondía que militaba en el Partido de la Revolución Democrática o que simpatizaba con Andrés Manuel López Obrador, prácticamente estaba despedido”, comenta a Contralínea el excoordinador de la Región Norte, Jorge Ruiz Sierra.

El resultado: Valladares Valle prácticamente desmanteló la Gerencia. Ello provocó cerca de 20 demandas de mandos medios y altos por supuesto despido injustificado, las cuales actualmente se ventilan en tribunales laborales de diversas entidades del país. De perderse, provocarán a la paraestatal millonarias erogaciones por salarios caídos y la reinstalación del personal, según lo reconoce la misma Valladares Valle en diversos oficios remitidos en 2008 al gerente jurídico laboral, Joaquín Mendoza Brik.

Entre enero y abril de 2007, Valladares Valle reestructuró la GCDS de Pemex sin observar los lineamientos internos e, incluso, creó algunas plazas para militantes del PAN en Campeche. Hasta agosto de ese año lo notificó al Consejo de Administración de la paraestatal y hasta marzo de 2008 al Órgano Interno de Control, según el oficio GCDS-122/2008, remitido a su titular, Fortunato Álvarez Enríquez.

Los cambios tenían como finalidad insertar en esa área de Petróleos Mexicanos (Pemex) –clave por la disposición de recursos– a sus excolaboradores en el Comité Estatal del PAN y otros panistas propuestos por Juan Camilo Mouriño, para quien Valladares trabajó coordinando su campaña como diputado local y luego federal.

Los panistas

Su rasgo común es la militancia panista. La mayoría, oriundos o avecindados en Campeche. Pese a su nula experiencia en el sector energético, sin ser sometidos a exámenes de ningún tipo, y sin cubrir el perfil, entre enero y marzo de 2007 alcanzaron puestos que algunos petroleros de carrera no han obtenido ni en 20 años, y ascensos vertiginosos no por escalafón, como lo mandata la normatividad interna, sino por designio de Valladares Valle y la aprobación de su jefe, el también panista Rosendo Villarreal Dávila, revelan documentos.

Exdiputados, maestros de karate, ahijados del presidente, hermanas de políticos… se convirtieron en subgerentes y superintendentes de la GCDS, con salarios de los 80 mil a los 120 mil pesos, algunos con vivienda pagada para ellos y sus hijos; viáticos, tarjeta de crédito pagada por el corporativo, chofer, automóviles de lujo financiados también por Pemex. Sus funciones: integrar, procesar, registrar, analizar y tramitar las solicitudes de donativos de dinero y donaciones en especie presentadas por los municipios, gobernadores y una que otra organización ecologista.

La lista la encabeza la misma Valladares Valle, cuyo acercamiento con la familia Mouriño (cuando el benjamín de la familia se hizo diputado) la llevó a Pemex, aseguran fuentes de la paraestatal. En marzo de 2007 llevó, como su segundo al mando, a Juan Carlos Mena Zapata, actual presidente de la Comisión de Orden del PAN en Campeche. Se le designó coordinador administrativo. Como no cubría el perfil, el director corporativo de Administración, Rosendo Villarreal Dávila, autorizó que se le dispensara “de los requisitos profesionales para el cargo”, según el oficio DCA/GCDS/294/2007, fechado el 24 de julio de 2007. Ingresó con nivel 39. En marzo de 2008, Valladares lo ascendió a nivel 41, de acuerdo con el oficio DCA-GCDS-143/2008.

Le sigue el exdiputado local del PAN en Campeche, Hiram Alonso Manzanero Carrillo, quien fuera compañero de fórmula de Valladares en 2006, cuando buscaron obtener un escaño en el Senado de la República por mayoría relativa. Manzanero tiene como profesión instructor de karate. Valladares lo contrató como superintendente de Normatividad y Análisis de la GCDS.

El empresario Emilio Humberto Magaña Canché, propietario de una consultoría en mercadotecnia, fue contratado como subgerente de Desarrollo Social Zona Norte, con nivel 41.

El exdiputado local en Campeche, y actual miembro del Consejo Estatal del PAN en esa entidad, Josué Dzib Cambranis, contratado también como subgerente de Desarrollo Social Zona Norte, con nivel 41.

Por los mismos días que Luz del Carmen Portela Chaparro –actual miembro del Consejo Estatal del PAN en Campeche y hermana de Francisco Portela Chaparro, expresidente del Comité del PAN en la misma entidad– ingresó a Pemex como líder del Proyecto Regional de Desarrollo Social, su hermano fue designado delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Además de su salario, Portela Chaparro recibe de Pemex el arrendamiento de una casa para ella y su familia en Coatzacoalcos, Veracruz.

José Édgar Salgado Suárez fue contratado por Valladares Valle como subgerente de Desarrollo Social el 7 de octubre de 2007, 21 días antes de que fuera apadrinado por el presidente Felipe Calderón en su boda, que tuvo lugar en Silao, Guanajuato, el 28 de octubre. Salgado Suárez es hijo de la exdiputada federal panista María Guadalupe Suárez Ponce –actual secretaria particular de Margarita Zavala, en el cargo de directora general adjunta de Apoyo a las Actividades de la Esposa del Presidente de la República– y del dirigente municipal del PAN en Celaya, Javier Salgado Flores. Sin trayectoria alguna en el sector público, el 4 de diciembre fue ascendido en Pemex.

Alejandro Salas Martínez, exdiputado local del PAN por Veracruz, y exdirector del Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento del municipio panista de Boca del Río, ingresó a Pemex en julio de 2007, también con “la dispensa de los requisitos profesionales” de Villarreal Dávila. El 25 de febrero de 2008, por petición de Valladares Valle, Villarreal Dávila le otorgó una plaza definitiva y la ratificación de la “dispensa” de cubrir el perfil profesional, según el oficio DCA-GCDS-105/2008.

Manuel Jesús Sarmiento Urbina fue contratado el 25 de febrero de 2008. Por petición de Valladares, Villarreal Dávila le autorizó una plaza definitiva con “la dispensa de los requisitos profesionales”, según el oficio DCA-GCDS-103/2008; lo mismo que a Ismael Altita Burgos, quien no cubría el perfil, pero se le otorgó también una plaza definitiva, según el oficio DCA-GCDS-107/2008.

En la misma situación se ubica Mauricio Flores Gutiérrez, integrante del Consejo local del PAN en el Distrito Federal. Además de Josefina Burgos Villa, Carlos Alberto Fuentes y Díaz de León, Miguel Ángel Aranda de la Rosa, Fausto Villagomez Grimaldo, San Juana Elvira Loera Uribe, Artemio Vargas Arrazola, Harimm Atzin Montiel Prieto, Alejandro Diez Barroso y Repizo, Martín Vargas Almanguer, María Josefina Burgos Villa, Guadalupe León Chávez, Enrique Juan Karam Mesquide, José Alberto Esquivel Whitle, Jorge Rey Gehrke, Jorge Ramón Chiniqui Torres, Jesús Mancilla Ramírez, José Alberto Serra Rojas Rodríguez, Fernando Gurza Cházaro.

Al respecto, la legisladora Sara Latife Ruiz, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, explica que el perfil de los integrantes de la GCDS atenta contra lo que mandata la Ley del Servicio Profesional de Carrera, porque “su perfil responde a un fin más partidista que de participación en los programas sociales”, lo cual, dice “es riesgoso” para el manejo de los donativos en el proceso electoral que se avecina.

La legisladora señala que, dado el perfil de los funcionarios de la DCDS, los órganos de fiscalización deberán revisar los donativos y donaciones que han otorgado en los últimos 24 meses, ya que ello, explica, “tiene que ver con el compromiso del Ejecutivo de que no intervendrá en las elecciones”, y “más aún cuando éstas tendrán lugar en un periodo económico tan complicado para el país, que impactará sin duda a los más necesitados y que son también a quienes oficialmente están dirigidos estos recursos”.

Agrega que “el objetivo de estos recursos es loable: apoyar a las comunidades impactadas por Pemex, pero dado el perfil de los funcionarios que los controlan y como es dinero de todos los mexicanos, entonces deberemos revisar si es verdad que se está entregando a esos mexicanos.”