Mataron, robaron, secuestraron. Son parte de una generación a la que se le cerraron todas las puertas, menos una: la de la violencia generalizada del país. Del seno del narcotráfico y de las pandillas, a las prisiones juveniles, donde siguen siendo víctimas, ahora de la violencia institucional, malos tratos y remota esperanza de rehabilitación.
“Hablé con el comandante de la organización [Los Zetas] y le pedí trabajo. Me mandó a capacitarme durante 4 meses a Piedras Negras [Coahuila], en armas, tácticas militares, posiciones de tiro, ascenso y descenso de vehículos. Me tocó ir a reventar un rancho de otra organización, para apoderarnos de todo”, dice Carlos, adolescente que en Veracruz permaneció durante 2 años con el cártel más violento de México, convencido de que los miembros de esa organización criminal eran su familia, la que él se buscó y se ganó.
Más de 700 testimonios de adolescentes describen en forma sucinta pasajes de su historia criminal a su corta edad. Son hijos de la pobreza y la desigualdad social, la descomposición de un sistema de corrupción e impunidad, y de gobiernos incapaces de frenar el abismo cada vez más profundo en el que se sumerge este sector de la sociedad.
Para ellos asesinar, robar, vender drogas, vigilar, secuestrar, obedecer órdenes de grupos delictivos es reconocido como su “trabajo”, según sus propios relatos contenidos en el informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y publicado en enero de 2017. Son los relatos de las condiciones infrahumanas que han padecido niños de entre 14 y 17 años de edad, hoy privados de su libertad por delitos graves, contados en primera persona.
Son las historias de adolescentes reclutados por La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, y por los cárteles del Golfo, Los Zetas, los Beltrán Leyva, de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, de Tijuana, de los Cabrera, del Milenio, o bien, jóvenes que sin haber sido parte de estos grupos, cometieron secuestro, acopio y tráfico de armas, homicidio, entre otros ilícitos.
De los 13 mil 327 adolescentes privados de su libertad por delitos graves que hay en el país, el informe expone los resultados de una encuesta realizada entre 3 mil 327 de ellos, que representa 19 por ciento de la población total. Además de las encuestas, se realizaron 730 entrevistas. El 37 por ciento de niños y adolescentes dijo haber cometido homicidio; el 35 por ciento confesó haber pertenecido al crimen organizado; el 24 por ciento cometió robo con violencia; y el 13 por ciento, secuestro. De todos, el 70 por ciento admitió haber usado armas.
La coordinadora del estudio, Elena Azaola, doctora en antropología social y los especialistas Cristina Montaño, Fernando Figuera, Nallely Reyes y Lorena López, todos del CIESAS, encontraron que el 70 por ciento de los entrevistados son menores de 18 años de edad, muchos de ellos cuentan con apenas 15 años.
La encuesta fue realizada en 17 estados representativos de las regiones norte, centro y sur del país: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California y Zacatecas; Puebla, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco; y Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz. Las entidades estudiadas en 2014, fueron: Coahuila, Sinaloa, Morelos e Hidalgo y en el resto de las entidades las entrevistas se llevaron a cabo durante 2016.
Con base en los relatos de los adolescentes acerca del delito que cometieron, los autores del informe distinguieron tres grupos de acuerdo a las modalidades de la conducta delictiva: narcotráfico, pandillas y delitos individuales. En esta primera entrega, se aborda el primer grupo: el de los vinculados al crimen organizado.
El informe especial del CIESAS-CNDH reproduce de manera textual los testimonios de los adolescentes involucrados en delitos graves, con nombres ficticios para proteger su identidad, quienes relatan el delito que cometieron, la tortura física y psicológica a la que fueron sometidos y los agravios y vulnerabilidades que padecieron antes de infringir la ley, durante su detención y en los centros de internamiento.
Pavel tiene 17 años. Lleva casi 2 internado en Guadalajara y le quedan poco más de 4 para cumplir con su sentencia. A los 12 años se enroló en el crimen organizado y decidió abandonar su casa cuando empezaron a buscarlo para darle piso (asesinarlo).
Relata: “Cuando me salí de la escuela unos vecinos me contactaron con policías y me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al cártel del Milenio y a los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de seis a ocho personas, casi todas mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar”.
A Pavel lo detuvo la policía ministerial: “Desde que me trasladaron, comenzaron a pegarme, y en la delegación me quitaron la ropa y me dieron toques con electricidad, patadas, me colocaron una la bolsa de plástico en la cabeza con agua, gas y chile piquín”.
Intentaron cortarle los dedos de las manos y con una punta debajo de la oreja le provocaron dolor hasta perder el conocimiento, que recobraba con chorros de agua y golpes. La tortura incesante perduró durante 10 días, hasta que, inconsciente, fue internado durante 1 mes en un hospital, donde permaneció más de un mes en tratamiento de recuperación.
“Vendía drogas y como me fue bien, me pasaron al área de secuestro; eran mis tareas como parte del cártel de Sinaloa”, relató Lisandro, con 20 años de edad, pero 2 de ellos preso y con 8 más por cumplir. Fue detenido muchas veces, desde adolescente, y de inmediato liberado: “en el grupo había ministeriales y municipales, operábamos libremente, bastaba con dar la clave”. Fue capturado junto con otros miembros del grupo en una casa de seguridad, donde “nos patearon, nos pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y nos ahogaban en un bote con agua”. Lisandro recuerda que se desmayó varias veces durante los 6 días de tormento, antes de presentarlo ante el ministerio público.
Alexis, de 20 años, es originario de la Ciudad de México, lleva más de 2 años internado en el Estado de México, donde le quedan más de 3 años para quedar en libertad. Se vinculó con la Familia Michoacana desde los 12 años, cuando conoció al jefe de la plaza, quien “me integró a su grupo como vendedor de droga al menudeo y a los 14 años, como coordinador de escolta”. Cursó la secundaria en el sistema abierto, alternando sus tareas escolares con las de sicario. “Fui adiestrado por un militar que imponía un sistema similar al castrense, tanto en la disciplina como en la forma de otorgar premios y castigos”.
Sandra ingresó al cartel de Los Zetas, se inició como halcón, ascendió a jefa de un grupo de 53 halcones, lo que le valió para que “me pasaran al grupo encargado de secuestros, levantones y de ejecutar a los secuestrados, hasta que me agarraron cuando iba por un rescate”.
Heriberto trabajaba en el campo de Zacatecas, hoy también cuenta con 20 años de edad. Fue cooptado, de adolescente, por los Caballeros Templarios para vender drogas. Durante su estancia en el cartel, recuerda que ni la policía ni las Fuerzas Armadas interrumpieron sus labores delictivas. “Por eso nos sentíamos seguros”. Fue detenido por agentes ministeriales acusado de secuestro, quienes lo torturaron aplicándole toques eléctricos, golpes en el cuerpo, asfixia con una bolsa con chile piquín en la cabeza, y lo sumergían alternadamente en el agua.
El 16 por ciento de los niños y adolescentes que cometieron delitos, contaron que en su grupo participaban elementos que eran o había sido miembros de la policía o del Ejército. También dijeron que sus victimarios fueron invariablemente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal Preventiva y los policías de los estados de la república.
Un adolescente de Puebla cuyo nombre ficticio se omite en el informe, describió la forma agresiva en que fue detenido por la Policía Federal durante un operativo. Dijo que el comandante de Los Zetas salió corriendo, y él quedó a expensas de los policías federales. “Me vendaron y golpearon, hincado sobre un palo de escoba con una bolsa en la cabeza y la chicharra en la espalda”. Este joven acabó con la nariz rota. Fue presentado ante el ministerio púbico 4 días después de su detención, pero en su expediente quedó asentado que fue detenido el mismo día. “Me salí de los Zetas porque me di cuenta que, cuando hay madrazos, te dejan tirado”.
Los adolescentes de México muestran una creciente identificación con narcotraficantes y sicarios, por encima de otros modelos como empresario, profesor o miembro del Ejército, señala –en entrevista– el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, José del Tronco Paganelli, quien realizó una investigación de la población juvenil.
El estudio se realizó entre agosto y noviembre de 2012 en los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, Durando, el Estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas, con los que se pretendió cubrir la diversidad demográfica y socioeconómica de México, encuestando a 1 mil 400 alumnos de escuela secundaria, de entre 13 y 15 años de edad.
Según los resultados, 26.3 por ciento de los jóvenes piensan que ellos mismos, sus amigos o personas de su edad les gustaría parecerse a narcotraficantes y sicarios. Después de estas figuras siguió el de empresario, con el 17 por ciento de preferencia, el 12.4 por ciento se inclinó por el profesor, 10.7 por ciento por el policía o militar, el 4.4 por ciento por funcionario de gobierno y el 1.4 por ciento por un migrante.
El informe especial Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, destaca que la pobreza y la disfunción familiar figuran entre los múltiples factores que explican el comportamiento delictivo de los adolescentes, ya que 53 por ciento de la población total del país se encuentra en esta condición social, mientras que la separación de los padres se observa en que el 29 por ciento de los hogares en México son encabezados por mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La deserción escolar es otro de los factores que tiene un impacto muy importante como antecedente de la conducta delictiva de los adolescentes, ya que mientras que en la población en general el ciento por ciento de los niños del país ingresaron a la escuela primaria en el último ciclo escolar (2015-2016), entre los 1 mil 327 adolescentes que cometieron infracciones graves, el 4 por ciento nunca fue a la escuela y 15 por ciento la abandonó antes concluir la enseñanza primaria.
Asimismo, en tanto que en la población en general del país el 76 por ciento de los adolescentes logran completar la secundaria, entre los adolescentes que cometieron infracciones graves sólo lo hicieron el 20 por ciento; y con respecto de la preparatoria, 36 por ciento de la población en general ha cursado algún grado de la preparatoria mientras que sólo 16 por ciento de los detenidos inició este ciclo escolar.
“Dichos factores requieren del concurso de otros elementos como el bajo nivel de escolaridad de los padres, sus dificultades para supervisar, guiar y contener a los hijos, el abandono, el rechazo, la negligencia, la violencia, el abuso sexual, el consumo de sustancias y el contacto con grupos delictivos, para que, combinados, tengan un impacto en la conducta de los adolescentes”, asienta el documento.
El informe especial incluyó a subgrupos de adolescentes en situación de mayor desventaja y vulnerabilidad aun dentro del conjunto del resto de los infractores de la ley, como son los indígenas, las mujeres y los que son padres o madres que viven en cautiverio. Recoge los testimonios de adolescentes de los grupos étnicos Chatino, Chinanteco, Chol, Huichol, Maya, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Tarahumara, Trique, Tzeltal, Tzotzil, Zapoteco y Zoque.
En cuanto a las mujeres, el informe refiere que padecen mayor vulnerabilidad en relación con los varones, al considerar que es más frecuente que ellas hubieran sufrido agresiones sexuales en comparación con los varones y que ello las hubiera dejado expuestas a una situación más frágil y de mayor desprotección.
A sus 14 años en la secundaria Guadalupe consumía alcohol y drogas, y quedó embarazada de su novio. Se inició en la venta de drogas cerca de su casa, donde logró escapar en varias ocasiones de ser detenida por los militares. Ella fue acusada de homicidio. Era la jefa de un grupo de 17 jóvenes que levantaban y se enfrentaban con grupos rivales que invadían su territorio y que ejecutó a un militar al que confundieron como parte de un grupo antagónico, al que interrogaron y ejecutaron a pedradas por órdenes del jefe de plaza. Distribuía marihuana, cocaína y piedra.
Luego de asesinar al militar, Guadalupe huyó del lugar pero fue capturada por agentes ministeriales, quienes en los separos de la policía judicial la colgaron de los brazos, le aplicaron toques eléctricos y el frágil cuerpo de Guadalupe resintió los golpes con una tabla durante varios días. Inerme, fue entregada a los militares. Ya en el cuartel militar, entre amenazas violación, “me daban el ‘privilegio’ de elegir al que me iba a penetrar primero”. Sufrió de peores tormentos. Ahí se quebró y fue llevada de urgencia al hospital, donde a consecuencia de las torturas perdió a su bebé. Tenía 2 meses y medio de embarazo.
Asimismo, es más frecuente que las mujeres hubieran cometido delitos al tener que huir de sus casas por diferentes motivos y que cometan delitos impulsadas por el deseo de acompañar, apoyar, encubrir o complacer a sus parejas, actitud que es consistente con los patrones de conducta de género dominantes en la sociedad.
Un ejemplo de ello es el caso de Mitzi, quien fue acusada de secuestro y delincuencia organizada. Relata que: “cuando estaba en la secundaria, conocí al papá de mi hijo. Como me fui a vivir sola, él llegaba conmigo y comenzamos a vivir juntos. Quedé embazada y poco después del nacimiento de mi hijo comenzaron los problemas. Mi expareja se robó a mi hijo y prometió que no lo encontraría”. Desesperada, pidió ayuda a la Familia Michoacana para encontrarlo. A cambio, le pidieron trabajar para ellos como halcón y después la obligaron a participar en secuestros.
Las familias de los adolescentes que cometieron delitos violentos se caracterizan por el autoempleo, los bajos salarios, la inestabilidad o falta de certeza en el empleo, largas jornadas y carencia de trabajo que les permitieran tener acceso a prestaciones, seguridad social y jubilación.
“No podemos dejar de cuestionar las políticas económicas que desde hace varias décadas han mantenido los salarios y su poder adquisitivo extremadamente bajos para la gran mayoría de la población, al punto de hacer imposible que, con dichas percepciones, las familias puedan tener una vida digna y satisfacer sus necesidades”, destacan los especialistas del CIESAS.
Las estadísticas de la vulnerabilidad adolescente
De acuerdo con los datos del Inegi, México cuenta, en números redondos, con 11 millones de adolescentes de 14 a 18 años. Representan, en 2015, cerca del 10 por ciento de la población total del país.
La población total de los adolescentes privados de su libertad en el país, en enero de 2016, era de 3 mil 761 adolescentes, de los que el 96 por ciento eran hombres y el 4 por ciento mujeres, de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación.
Los adolescentes son un grupo excluido que, de acuerdo con el informe Los Adolescentes que el país ha olvidado de la organización Save the Children de 2016, no se está beneficiando de los progresos en el desarrollo “y, por el contrario, la combinación tóxica de la pobreza y la discriminación, les está llevando a tomar una serie de decisiones que afecta de manera negativa sus oportunidades de desarrollo presente y futuro, así como el ejercicio pleno de sus derechos”.
Esta exclusión, señala el documento, está impidiendo que millones de adolescentes accedan a la salud, la educación, el empleo y la protección que requieren.
Pobreza
De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Infancia 2013, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés), de los 39.4 millones de niñas, niños y adolescentes que vivían en el país en 2012, el 53.8 por ciento, es decir, 21.2 millones de menores, vivían en condiciones de pobreza.
Por su parte, el informe de Unicef y Coneval (2016) apunta que, en 2014, la población infantil y adolescente sufría con más frecuencia las experiencias de pobreza en relación con otros grupos de edad. Es decir, la proporción de personas de 0 a 17 años en pobreza, fue 12 puntos porcentuales más alto que en la población de 18 a 64 años, así como 8 puntos porcentuales mayor que en la población de 65 años o más.
Destaca que, en 2014, 54 por ciento de la población de 0 a 17 años carece de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda de calidad y con servicios básicos y alimentación. Además, el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
Asimismo, advierte que la pobreza en la infancia y la adolescencia no se ha modificado entre 2010 y 2014 y no podrá bajar mientras no se incremente el ingreso de los hogares, ya que “existen procesos multifactoriales que afectan a la población infantil y adolescente y aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: hogares ampliados, con alta razón de dependencia económica, jefatura femenina, jefaturas con baja escolaridad, rurales e indígenas”.
El UNICEF y el Coneval destacan que, en 2014, el 11.5 por ciento de la población infantil y adolescente se encontraba en situación de pobreza extrema por carecer de tres o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con un ingreso insuficiente para adquirir los alimentos necesarios a fin de disponer de los nutrientes esenciales.
Es más fácil reclutar a los jóvenes en condiciones de pobreza y exclusión, que a los beneficiados por una situación económica y social más favorable. Involucrarse en el narcotráfico, no obstante el riesgo, aparece como una oferta atractiva, no sólo por el dinero que se puede obtener, sino por el poder y el estatus, señala el documento Jóvenes y narcocultura, de la dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública.
Educación
La escuela como institución ha perdido orientación respecto a qué es lo que hay que enseñar. Un ejemplo de ello es el cambio en el plan de estudios del nivel de educación secundaria en el que se suprimió la materia “formación cívica y ética” para volver a incorporarla después con menos espacio en el nuevo plan de estudios de ese nivel, indica el documento Jóvenes y narcocultura.
El Informe de Unicef de 2013 señala que, si bien la cobertura de la educación primaria para el ciclo escolar 2012-2013 fue del ciento por ciento, la de educación preescolar fue de 70.7 por ciento, la de educación secundaria del 82.4 por ciento y la media superior de 52.9 por ciento.
El informe de Save de Children 2016, por su parte, indica que sólo el 54 por ciento de los adolescentes mexicanos están inscritos en el sistema educativo, lo que constituye el promedio más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y sólo el 76 por ciento de los adolescentes de 15 a 17 años cuenta con secundaria terminada.
Entre los adolescentes indígenas de 15 a 17 años de edad, sólo el 65 por ciento completó su educación secundaria, frente a 76 por ciento de los que viven en hogares no indígenas.
El informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2013, señala que, de los 34 países que integran la organización, México cuenta con el mayor nivel de deserción escolar, especialmente adolescentes de entre 15 y 18 años. “Se trata de una deserción que no es temporal, ya que 40 por ciento de los jóvenes que desertan no regresan a la escuela y tampoco cuentan con un empleo”. La principal razón por la que desertan los adolescentes en el nivel medio-superior es la carencia económica de sus hogares (52 por ciento de los casos).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar 2012, cada día al menos 1 mil 800 estudiantes de preparatoria abandonan la escuela, principalmente en el primer semestre. De hecho, el 60.8 por ciento de los desertores abandonan sus estudios en el primer año, el 6 por ciento en el segundo y 13.2 por ciento en el tercero.
Empleo
De acuerdo con el informe del UNICEF, tres millones de niños de entre 5 y 17 años trabajaban en 2013 y 39 por ciento de ellos no asistían a la escuela. Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, del Inegi, reportó que el 46 por ciento de los menores de edad que trabajan, lo hacen sin remuneración, principalmente en el sector agrícola.
La Encuesta sobre Juventud 2013, también del Inegi, indica que el 24.7 por ciento de los jóvenes mexicanos de 15 a 19 años no estudia ni trabaja, mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 16 por ciento. Y entre los que trabajan, el 62.6 por ciento lo hace de manera informal y perciben entre uno y dos salarios mínimos.
Salud
Tanto el Unicef como la Coneval señalan que el 65 por ciento de los adolescentes carecen de protección social y el 20 por ciento no tienen acceso a servicios de salud.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría, de 2014, el 17 por ciento de los estudiantes de quinto y sexto año de primaria, ha probado el alcohol. En secundaria y bachillerato, el 53 por ciento de los estudiantes consume alcohol. En cuanto a la mariguana, la prevalencia de consumo es de 3 por ciento a los 12 años; 11 por ciento a los 14; 18 por ciento a los 16; y 29 por ciento a los 18 años.
La Encuesta señala que, en los últimos 23 años (de 1991 a 2014), el consumo de drogas ilícitas se duplicó entre la población de 10 a 18 años, al pasar del 8 al 17 por ciento. El incremento es más notable en el caso de las mujeres, pues pasó del 4 al 16 por ciento.
Se dispara la violencia en México
El estudio Violence and Criminal Justice in México and South Africa, de Elena Azaola y Gareth Newham (2016, en prensa), señala que las cifras del sector Salud, que son las que alimentan las Estadísticas de Mortalidad del Inegi, arrojan un total de 120 mil 237 muertes por homicidio durante el periodo del gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, mientras que, en los tres primeros años del actual gobierno de Enrique Peña Nieto 2012-2015, sumaron ya más de 57 mil 500 (Inegi 2016).
Durante el periodo 2008-2015, México ha experimentado una grave crisis de seguridad que ha tenido un costo muy importante y lamentable con la pérdida de 178 mil vidas humanas, precisa el estudio.
“Si bien nos referimos a una crisis de seguridad y de derechos humanos durante el periodo 2008-2015, en realidad los cuatro componentes de esta crisis, son: 1) la existencia de grupos delictivos con la capacidad para representar una amenaza para el estado; 2) la fragilidad o la incompetencia de las instituciones del estado para contenerlos; 3) la descomposición social que se manifiesta en el creciente número de personas capaces de cometer delitos y 4) la falta de controles eficaces frente a los abusos y la violación de derechos por parte de las instituciones del estado”, destaca.
Todos estos componentes, sostiene la doctora Elena Azaola, suponen la existencia de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se han ido construyendo a lo largo de décadas con los lamentables resultados que ahora conocemos. Bajo esta perspectiva, la “guerra” emprendida por el gobierno en contra del narcotráfico, habría sido sólo uno de los factores desencadenantes que propició la emergencia de una crisis que venía gestándose de tiempo atrás.
Detalla que la crisis de seguridad y derechos humanos que México enfrenta, persiste en el actual periodo de gobierno 2013-2018, ya que, a pesar de que el programa de gobierno no colocó como prioridad la de enfrentar a los grupos delictivos en los hechos, durante los 3 primeros años de este periodo se ha mantenido la política de privilegiar el uso de la fuerza y la militarización para combatir al crimen organizado.
“No cabe duda que el indicador más lamentable de la crisis de seguridad que México ha experimentado en los últimos años es el incremento notable en el número de muertes por homicidio, que ronda los 178 mil habitantes y que rompió con la tendencia descendente que este fenómeno venía observando durante los 20 años previos a este periodo”.
José Réyez/Primera de cuatro partes
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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