La Procuraduría General de la República omite actuar contra 15 gobernadores que habrían defraudado dos veces el erario. Pese a evidencias, mantiene en la congeladora 82 denuncias penales por simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación, superiores a 8 mil millones de pesos

 

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La Procuraduría General de la República (PGR) ha omitido actuar en contra de 15 mandatarios estatales –nueve de ellos aún en funciones– cuyos gobiernos habrían cometido doble defraudación contra el erario federal, incluido el del exgobernador con licencia y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa.

Aunque en la dependencia obran 82 denuncias penales por simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe), la institución que ahora encabeza Raúl Cervantes mantiene en la impunidad a los responsables.

En las 82 acusaciones penales se detalla un mismo modus operandi: luego de malversar, desviar o subejercer recursos federales, las administraciones estatales reintegraron –sólo por horas o días– el dinero a la Tesofe; posteriormente, lo retiraron y gastaron en objetivos ajenos a su etiquetación presupuestaria. En algunos casos, ni siquiera se conoce el destino final.

Dicha simulación representa un nuevo desvío y, por tanto, un daño al erario federal, consideran las acusaciones penales en manos de la PGR. El perjuicio contra la hacienda pública por este motivo asciende a 8 mil 25 millones 600 mil pesos.

Las denuncias de hechos fueron interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2013 (tres), 2014 (52), 2015 (21) y 2016 (seis), y cuentan con respaldo documental. No obstante las evidencias, ninguna ha sido consignada ante un juez; ni siquiera las que involucran a la administración de Duarte de Ochoa.

Datos de la propia Auditoría Superior refieren que, oficialmente, 66 se encuentran “en trámite”, una ya fue mandada a la reserva, mientras que las 15 restantes se dirimen en tribunales federales de amparo.

Para el abogado Óscar Arredondo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es imprescindible que las recomendaciones y denuncias de la Auditoría Superior de la Federación se tomen en cuenta. “Primero, para que detonen investigaciones, se sancione como debe de ser y haya justicia; y segundo, para que las recuperaciones sobre los recursos públicos que se desviaron se regresen al Estado, a la Tesorería de la Federación para que se vuelvan a destinar al [gasto público] del país o, en su defecto, se utilicen para combatir la corrupción”.

En entrevista con Contralínea, el también especialista en presupuesto y políticas públicas agrega que los resultados de la fiscalización no deben servir sólo para “que sepamos que alguien se robó 3 mil millones de pesos y que está fugado. Esto es verdaderamente indignante. Es una cuestión vergonzosa y dolorosa”.

La cuestión del gasto público es muy delicada, opina el doctor Óscar Enrique Díaz Santos. “A veces, quienes están arriba [en el poder] ni siquiera saben cómo se debe ejercer el presupuesto y quieren gastarlo como desean. Hay mucha gente que accede a hacer los movimientos pero se los llevan entre los pies, porque esas personas por no perder su empleo hacen lo que sus superiores les dicen. Entonces se debe proteger a los servidores que operan el gasto público: ésa sería una manera de evitar que los altos funcionarios, llámense gobernadores, secretarios de Estado o el propio presidente den órdenes de gastar el presupuesto en áreas distintas con la amenaza de que si [sus subordinados] no lo hacen, los corren”.

Los gobiernos denunciados

De la lista de acusaciones penales elaborada por el máximo órgano de fiscalización del país, se desprende que los titulares de las administraciones involucradas en estos supuestos ilícitos serían:

-Javier Duarte de Ochoa, exmilitante del Partido Revolucionario Institucional y exgobernador de Veracruz, con 18 denuncias por simulación de reintegros, interpuestas en noviembre de 2014 y abril de 2016. El monto total de la presunta estafa asciende a 4 mil 770.2 millones de pesos, según la ASF.

-El priísta Fausto Vallejo y su sucesor Salvador Jara, exmandatarios de Michoacán, con 11 denuncias presentadas entre agosto y octubre de 2014. La simulación en sus gobiernos habría ascendido a 1 mil 268.3 millones de pesos.

-Ángel Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exgobernador de Guerrero. Las ocho denuncias interpuestas en contra de su gestión, entre agosto y octubre de 2014, son por simular devolver 967.7 millones de pesos a la Tesofe.

-Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México y actual mandatario de Chiapas. En este caso, su administración habría simulado reintegros por 253.1 millones de pesos, lo que le valió cuatro denuncias penales presentadas ante la PGR entre agosto y octubre de 2014.

-Graco Ramírez, del PRD y actual gobernador de Morelos. Según la Auditoría Superior, en su gestión se ha simulado el reintegro de 167.8 millones de pesos, motivo por el cual existen ocho acusaciones penales, presentadas en octubre y noviembre de 2015 y enero de 2016.

-El perredista y mandatario de Tabasco, Arturo Núñez, cuyo gobierno habría simulado reintegrar 136.1 millones de pesos, enfrenta tres acusaciones penales interpuestas desde agosto de 2013.

-El priísta Mario López Valdez, actual gobernador de Sinaloa. En este caso, la ASF interpuso dos demandas, en octubre de 2015, por la simulación de reintegros por 135.6 millones.

-Carlos Mendoza, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y mandatario de Baja California Sur. Su gobierno fue denunciado en ocho ocasiones –entre octubre y diciembre de 2015– por un presunto quebranto de 88.3 millones que debían permanecer en la Tesofe pero que fueron sustraídos y gastados ilegalmente.

-El aún gobernador de Oaxaca Gabino Cué, cuya gestión impulsada por el PRD y el PAN fue acusada en cinco ocasiones –entre agosto y octubre de 2014– de simular reintegros por 83.7 millones de pesos.

-Mariano González, del PRI y aún titular del gobierno de Tlaxcala enfrenta dos denuncias penales por la supuesta simulación de reintegros por 82.7 millones. Las acusaciones fueron presentadas en agosto y octubre de 2014.

-El priísta y exgobernador de Colima, Mariano Anguiano, cuya gestión habría simulado reintegrar 46.9 millones, enfrenta siete denuncias penales desde fines de 2014.

-Miguel Alonso Reyes, también del PRI y exgonernador de  Zacatecas. De acuerdo con la ASF, su administración habría dañado al erario federal al sustraer ilegalmente de la Tesofe reintegros por 18.4 millones de pesos. Por ello, en octubre de 2015 interpuso tres denuncias de hechos.

-El panista Francisco Vega, actual mandatario de Baja California. A su gestión se le señala por simular reintegros por 5.3 millones de pesos. Desde octubre de 2015 fue denunciado por este presunto ilícito.

-Y Miguel Márquez, también militante del PAN y actual gobernador de Guanajuato. A su administración se le señala de sustraer 1.5 millones de pesos de las arcas de la Tesofe en un par de denuncias presentadas entre octubre de 2015 y febrero de 2016.

El doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en gasto público y presupuesto, Óscar Enrique Díaz, explica a Contralínea “que todas las entidades federativas tienen problemas en la cuestión del presupuesto de gasto público. Primordialmente porque, en ocasiones, el presupuesto se hace en forma muy mecánica y a la hora que lo quieren mover pues ya no lo pueden hacer: son partidas intransferibles o restringidas. Pero les vale. Ellos piensan que el presupuesto es un dinero que lo pueden gastar en cualquier parte”.

De acuerdo con la ASF, en el periodo de 2011 a 2014, las 32 entidades federativas incurrieron en anomalías por 175 mil 295.6 millones de pesos en total, monto que sólo incluye los recursos fiscalizados por la “Auditoría especial del gasto federalizado”, pero que no engloba las cifras observadas en auditorías al gobierno federal.

El abogado Óscar Arredondo reflexiona que “los marcos jurídicos de todos los estados son débiles, son muy flexibles y permiten que se pueda jugar de esta forma con los recursos públicos y que haya una captura del estado. Los estados en general son vulnerables. Y con ello no digo que esto no pasa en la federación, simplemente parece que en los estados el grupo político que gobierna tiene un control absoluto de todas las instituciones y de las instancias sancionatorias y que imparten justicia, a grado tal que el nivel de impunidad les da la certeza de que no va pasar nada y los lleva a actuar con descaro y cinismo”.

Lecciones del caso Javier Duarte

Las alarmas de la Auditoría Superior han sonado desde hace tiempo. El caso más emblemático es el de la gestión de Javier Duarte, en Veracruz: por años, la ASF señaló presumibles desfalcos a la hacienda pública, incluidas las simulaciones de reintegros.

En total, las irregularidades detectadas en los ejercicios de 2011 a 2014 ascendieron 27 mil 503.5 millones de pesos, correspondientes sólo al gasto federalizado: 13 mil 456.4 millones del periodo de 2011 a 2013 y 14 mil 47.1 millones de 2014.

Respecto de este caso, el abogado Óscar Arredondo señala que “lo más preocupante es que se tenían indicios claros por una instancia con fuerza legal, constitucional, que es la Auditoría Superior, que detecta las irregularidades y que no pasa nada: sus recomendaciones no impactan ya no digamos en sanciones, sino en la modificación de la forma en la que se gasta el dinero, en la que se planea y se hacen modificaciones al presupuesto”.

Por ello, el investigador de Fundar indica que los resultados de la ASF “son como un catálogo de irregularidades sólo sirven para tener una especie de atlas de riesgos, [que indica] por dónde se roban el dinero y las necesidades que tenemos de legislar o de poner atención para que dejen de haber tantos huecos y tantas áreas de riesgo”.

 “Pero más allá de esos indicadores que da la ASF lo que es preocupante es qué sucede con sus recomendaciones, que es lo que estamos viendo en este caso: no se toman en cuenta, no trascienden.”

En entrevista, la doctora Irma Eréndira Sandoval –investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM– considera que el caso Duarte “corona el tema de la corrupción que todos padecemos. No es simple corrupción, es una criminalidad política, inclusive una narcocorrupción. Nadie está libre de culpa en términos de partidos, de clase política corrupta: el PRI, PAN y PRD”.

La también diputada constituyente en la Ciudad de México considera que la actual orden de aprehensión contra el exgobernador es un teatro: “no sólo no se descubre nada nuevo. Esto ya estaba demostradísimo con las investigaciones, las fiscalizaciones y denuncias del periodismo de investigación, que habían revelado estos síntomas de criminalidad de cuello blanco y manos rojas”.

Agrega que “este vínculo del crimen organizado y el poder, que no es un poder democrático ni elegido ni legitimado, es lo que está siendo demostrado con el caso de Duarte. El elemento del teatro, el elemento fársico, entra cuando están preparando el terreno para el nuevo actor, que es el PAN”.

Qué hacer para impedir más casos Duarte

Para evitar los desfalcos al erario, el doctor Díaz Santos considera que la Auditoría Superior debe ser un órgano con facultad para sancionar. “Si sólo tiene facultad de emitir una resolución pues no tiene mucho sentido, porque se va a tomar la resolución al momento en que le digan sácalo, dalo a conocer.”

Al respecto, Óscar Arredondo considera que es necesario echar a perder el sistema en el cual descansa la corrupción. “Para que Duarte pudiera robar todo lo que robó necesitó de cómplices en toda la estructura de todos lo poderes, entes públicos de control y fiscalización y de investigación, de todo el estado e incluso de la Federación. No es que el tenga mala leche y decidió llevarse todo, es que se puede hacer si tienes una red a tu servicio para que eso funcione”.

La sanción es importante, indica. “En este caso caería lo que se podría considerar un pez muy gordo”, pero, pregunta: “¿sirve de algo si no cae todo el andamiaje que está construido y enquistado a grado tal que el presidente dice que es una cuestión que permea a todos?”

La doctora Sandoval expone que su iniciativa del “cuarto poder ciudadano”, que ha propuesto para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, debería extenderse al resto de las entidades, para darle oportunidad a un sistema ciudadano, elegido democráticamente, que combata la corrupción, como ya se ha hecho en Bolivia, Ecuador y Uruguay. Dicha propuesta establece, entre otras cosas, gobiernos austeros.

Nancy Flores

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIONES: PORTADA/RENDICIÓN DE CUENTAS]

Contralínea 513 /del 07 al 12 de Noviembre 2016