La Policía Federal hizo volar más de 420 horas dos aeronaves a sabiendas de que los aparatos no contaban con el mantenimiento mínimo requerido y de que se estaban violando directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicios sancionados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los aviones, con posibles fallas críticas que pudieron ocasionar su explosión en el aire, son de uso del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y del propio comisario de la Policía, Enrique Galindo. Entre abril y mayo pasados se pusieron en riesgo a los funcionarios citados, a personal de tierra, tripulaciones y elementos que se transportaron en esos aparatos; además, se expusieron al fracaso las operaciones que de manera conjunta realiza la institución con otras dependencias federales, como el Estado Mayor Presidencial, la Sedena y la Semar. De todo da cuenta una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública a la que Contralínea tuvo acceso
La Policía Federal (PF) puso en riesgo al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García; al propio comisario general de la Policía, Enrique Francisco Galindo Ceballos, y a la tripulación y elementos transportados en dos aeronaves Boeing 727-264. Además, expuso al fracaso las operaciones que la institución realiza de manera conjunta con otras entidades gubernamentales, como el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Durante casi 2 meses hizo volar dos aviones –con matrícula XC-OPF y XC-NPF– sin que contaran con los servicios de mantenimiento requeridos y sin que se acataran los boletines de servicios ni las directivas de aeronavegabilidad, a las que está obligada por ley. Las aeronaves pudieron haberse desplomado debido a que los sistemas críticos de los aparatos no recibieron el mantenimiento obligado.
Los aviones sumaron 420 horas de vuelo en condiciones inseguras, lo que podría equivaler a volar 140 veces de la Ciudad de México a Tijuana.
De acuerdo con el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública –luego de una denuncia anónima ante el Órgano de Control Interno en la PF–, desde el 3 de abril las aeronaves debían recibir la aplicación de los boletines de servicio SB 727-28A0128 y SB 727-28A0130 y la directiva de aeronavegabilidad AD2009-05-03. Sin embargo, la Coordinación de Operaciones Aéreas de la PF, a cargo de Urbano Fernández Núñez, no puso en tierra –fuera de servicio– las aeronaves.
Según el expediente, una dirección general, una dirección de área y una encargatura no acataron la directiva ni los boletines y habrían ocultado a la Coordinación de Operaciones Aéreas que se estaban realizando vuelos sin la seguridad necesaria. Se trata de la Dirección General de Mantenimiento, a cargo de José Miguel Vásquez Sánchez; la Dirección de Ingeniería, cuyo titular es Héctor Fabián Cerritos Covarrubias, y el encargado de la Flota de Aeronaves Boeing 727-200, Alejandro Peña Rueda. Las aeronaves fueron puestas en tierra hasta el 1 de junio pasado.
Además de los dos aviones que estuvieron volando durante 2 meses, los otros dos que completan la flota aérea de Boeing de la PF –con matrículas XC-MPF y XC-FPA– tampoco recibieron los servicios que ordenan los boletines de servicio y la directiva de aeronavegabilidad. Sin embargo, se encuentran en tierra por otras fallas que se suman a las señaladas en los documentos.
Los cuatro aviones Boeing 727-264 datan de 1980. Cuentan con la capacidad de trasladar 150 elementos más nueve personas de tripulación. El valor convenido para aseguramiento de cada aeronave es de 3 millones de dólares. Fueron adquiridas por la PF –en una compra a la empresa Mexicana de Aviación– entre julio y diciembre de 2002, cuando la corporación policiaca estaba adscrita a la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, la PF es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación –que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong–, y dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de Monte Alejandro Rubido García.
La flota de Boeing 727-264 de la PF es utilizada para trasportar a los efectivos que participan en operaciones coordinadas con el Estado Mayor Presidencial, la Sedena y la Semar. Es común que en algunos de los vuelos se encuentren el comisario general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
Tanto los boletines de servicio como las directivas de aeronavegabilidad son disposiciones que emiten los fabricantes de las aeronaves, respaldados por la estadunidense Federal Aviation Administration (FAA), y en México sancionadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ambos documentos constituyen algunos de los instrumentos con los que se regula la aeronavegación civil en México. Los boletines son recomendaciones que los operadores de aeronaves deben acatar. Las directivas tienen carácter obligatorio y son de observancia inmediata.
El jueves 3 de abril de 2014 venció el plazo para que las cuatro aeronaves Boeing 727-264, con matrículas XC-OPF, XC-NPF, XC-MPF y XC-FPA, recibieran los trabajos necesarios para cumplir con los boletines de servicio SB 727-28A0128 y SB 727-28A0130 y con la directiva de aeronavegabilidad AD2009-05-03.
El primer boletín de servicio que no acató la PF se describe como: FUEL –Engine fuel feed system– Fuel pump control ground fault interruptor relay installation, que se refiere a la corrección de una falla en la bomba de alimentación de combustible del motor.
La descripción textual del segundo boletín es: FUEL –Distribution– Auxiliary tank fuel boost pump uncommanded on relay, indication installation and related wiring change. Se refiere al cambio del cableado de un tanque auxiliar de combustible.
La directiva de aeronavegabilidad no observada por la PF se describe como Applies to Boeing Model 727 series airplanes, certificate in any category; as identified in Boeing Alert Services Bulletins 727-28A0128, dated april 4, 2008. Remite a los trabajos del primer boletín. Es decir, señala como una obligatoriedad esas operaciones para que las aeronaves puedan seguir volando.
La directiva advierte del posible incendio o explosión que podría ocurrir en dos tanques de combustible, de no realizar el mantenimiento que ordena: “We are issuing this AD to prevent an electrical fault in the fuel pump system, which might cause a connector or end cap to burn through and subsequent fire or explosion inside the fuel pump or wing spar area. We are also issuing this AD to prevent uncommanded operation of the auxiliary fuel tank pumps, which can use them to run dry. This condition will increase pump temperature and could supply an ignition source to fumes in the fuel tank, which can result in a consequent fire or explosion”.
Lo anterior podría traducirse como: “Estamos emitiendo esta AD [directiva de aeronavegabilidad, por su sigla en inglés] para evitar una falla eléctrica en el sistema de la bomba de combustible, lo que podría [derivar en un] posterior incendio o explosión dentro de la bomba de combustible o el ala […]. También estamos emitiendo esta AD para el funcionamiento de las bombas del tanque de combustible auxiliar […]. Esta condición aumenta la temperatura de la bomba y podría suministrar una fuente de ignición […] en el tanque de combustible, cosa que puede resultar en un incendio o una explosión consecuente”.
El documento de siete hojas señala en la página 5 que, a partir del 3 de abril de 2009, las aeronaves contaban con 60 meses para recibir los trabajos mencionados, plazo que se cumplía el 3 de abril de 2014.
Sin embargo, el pasado 2 de abril, menos de 24 horas antes de que se venciera el plazo, el director general de Mantenimiento, José Miguel Vásquez Sánchez –con el acuerdo del director de Ingeniería, Héctor Fabián Cerritos Covarrubias, y del encargado de la flota de aeronaves Boeing 727-200, Alejandro Peña Rueda– firmó el oficio PF/SG/COA/DGM/276/2014, dirigido a la DGAC, para solicitar una extensión del plazo por 180 días para la aplicación de la directiva AD 2009-05-03.
En su escrito, José Miguel Vásquez Sánchez señala que una extensión del plazo “nos permitirá la continuidad con la operación de las aeronaves para la realización de los operativos de Seguridad Nacional encomendadas a esta Institución [sic]”.
La solicitud se presentó para toda la flota de aviones Boeing 727-264: cuatro aparatos con las matrículas XC-OPF (con número de serie 22676), XC-NPF (serie 22663), XC-FPA (serie 22413) y XC-MPF (serie 22664).
La respuesta de la DGAC demoró 22 días; pero fue contundente. Mediante el oficio 4.1.4.2 -424/14, el director de Ingeniería, Normas y Certificación de la DGAC, Pablo Carranza Plata, señala: “[…] esta Dirección no otorga [sic] la ampliación del intervalo que se refiere a la modificación de acuerdo con los boletines de servicio SB 727-28A0128 y SB 727-28A0130 […]”.
Al respecto, la denuncia que dio origen a la investigación –ingresada a la Secretaría General de la PF el 3 de junio de 2014, a la Secretaría de la Función Pública el 4 de junio y al Órgano Interno de Control en la PF el 5 de junio– señala: “[…] es evidente que se están infringiendo las condiciones de seguridad en materia de aeronavegabilidad, poniendo en riesgo la seguridad de los elementos Adscritos a la Secretaría de Gobernación y de otras Instituciones e inclusive del Estado Mayor Presidencial, ya que como parte de una coordinación Inter institucional se realizan operaciones con las aeronaves Boeing 727-200 de la Policía Federal, en apoyo a otros entes del Gobierno Federal [sic]”.
Lejos de poner en tierra las aeronaves, la PF las mantuvo operando de manera cotidiana y siguió gestionando el “permiso” de extensión del plazo de los trabajos ante la DGAC.
El documento considera que, ante el incumplimiento de la directiva de aeronavegabilidad y de los boletines de servicio, la PF estaría violando la Ley de Aviación Civil; el Reglamento de la Ley de Aviación Civil; la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SCT3-2001 (que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes); la Norma Oficial Mexicana NOM-021/3-SCT-2001 (que establece los requerimientos que deben cumplir los estudios técnicos para las modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una aeronave o sus características de aeronavegabilidad); la circular obligatoria CO AV-43.2/07 R2 (que regula el mantenimiento de aeronavegabilidad de las aeronaves), y la Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001 (que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los talleres aeronáuticos).
Pero no sólo incumplió la PF con la directiva de aeronavegabilidad y los boletines de servicio. La dependencia también omitió realizar un servicio de mantenimiento mayor a una de las aeronaves, la matriculada como XC-NPF. Se trata del servicio C, que “[…] involucra pruebas operacionales y pruebas funcionales que apliquen de acuerdo a su periodicidad y requiere de la apertura de registros de acceso para facilitar la inspección a ciertas áreas de la estructura de la aeronave, y requiera la puesta en tierra por un periodo determinado de tiempo [sic]”, de acuerdo con el manual de intervalos de los servicios y con el documento Operaciones del servicio ‘C’, emitidos por la propia PF.
El servicio incluye revisión a los sistemas de frenos, de tableros, de tolvas, del tren de aterrizaje, así como un programa de prevención y control de corrosión de todo el fuselaje. El servicio de mantenimiento mayor debió de haberse llevado a cabo desde abril pasado. Nada se realizó y así siguió funcionando la aeronave con el mismo número de operaciones hasta el 1 de junio pasado.
Contralínea solicitó entrevista con el comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, y con el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a través de la Coordinación de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, que encabeza Armando Ordóñez Acosta. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
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Contralínea 394 / 13 de Julio al 20 de Julio
Zósimo Camacho, @zosimo_contra
