Una tercera frontera opera en el centro del país para frenar la migración indocumentada, con redadas, detenciones y deportaciones masivas, criminalidad y violencia extrema. “Es perverso llevar a la gente al límite de la vulnerabilidad para que no vuelva”, señala defensor de los derechos humanos

Tula, Hidalgo. Con timidez, retiran el calzado y los calcetines o calcetas. Los pies al desnudo, acomodados en la orilla de la cama de consultorio, muestran los estragos del camino: uñas descarnadas y rotas, lesiones en los dedos, las plantas y la piel, moretones, llagas, ampollas, hongos…

Cada jueves, María Magdalena Cruz alivia ese tipo de dolencias en el albergue para migrantes El Samaritano, auspiciado por la Diócesis de Tula y el Servicio Jesuita para Migrantes México. Ahora, sus manos afanosas frotan los pies de Yoselín Miranda con gasas empapadas de una solución desinfectante. La joven guatemalteca de 23 años de edad –que huye de la violencia de las pandillas– se queja por el ardor.

Desinfectar las heridas ayuda a que se recuperen pronto, porque ellos van a seguir caminando y lastimándose, explica esta voluntaria que desde hace 3 años, todos los jueves, se encarga de la pequeña enfermería del albergue. Cuando termina su labor, retira y desecha los guantes de látex junto con las gasas y algodones que ha empleado, y entrega una pomada antimicótica a sus pacientes, “para el camino”.

Todos los migrantes en tránsito por México tienen los pies heridos, pues las rutas migratorias se han modificado. “Ahora caminan más; llegan más cansados, con los pies deshechos, macheteados”, explica en entrevista Arturo González González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes México.

Y es que –en complicidad con los operadores comerciales del transporte ferroviario– la política federal en materia migratoria ha vetado a los indocumentados tramos completos del tren. Dentro de poco, el cruce de Bojay, Tula, donde abordan La Bestia quienes encuentran refugio en este albergue será cancelado por una barda, ahora en construcción.

Los programas migratorios han puesto a la gente en mayor riesgo: los aleja de la red de ayuda humanitaria, porque los albergues están cercanos a las vías del tren y ya no los dejan subir o los persiguen más cuando lo abordan, señala Arturo González. “Al irse por otras rutas son presa fácil de las policías y del crimen organizado”.

La modificación de las rutas ha ido a la par de la política migratoria del actual gobierno federal, cuya máxima expresión es el Programa Integral Frontera Sur, iniciado en 2014. Éste es responsable de crear una tercera frontera –de facto– en el centro del país, que tiene por objetivo frenar la migración de centroamericanos indocumentados con destino a Estados Unidos, considera la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).

 “Este programa entró con una gran fuerza de inhibición, de tratar de detener a como diera lugar toda la migración centroamericana”, señala a Contralínea Antonio Esparza Santos, colaborador del Área de Articulación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, de Torreón, Coahuila.

El defensor agrega que, con el paso del tiempo, la Redodem –de la que es integrante– observó que hay tres zonas donde el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y las corporaciones policiales y militares, trabaja activamente con operativos antiinmigrantes: las fronteras Sur, Norte y centro.

 “Es una política de correr la frontera: ya no es únicamente el Sur lo que están protegiendo, sino que ya lo corrieron hacia el centro del país y hacia el Norte”. Consecuencia de ello, indica, se da un fenómeno de dispersión: “es como un gran embudo cuya parte más ancha está en el Sur del país, y a partir de ahí, con todas las detenciones y operativos del Instituto Nacional de Migración, va dispersando a las personas”.

Los resultados de esa política –que a decir de los defensores de derechos humanos criminaliza a los migrantes centroamericanos– se refleja en el número de detenciones y deportaciones: entre enero de 2013 y octubre de 2016 fueron detenidos 569 mil 123 migrantes indocumentados, y 493 mil 549 deportados (cifra que incluye las “devoluciones asistidas” y los menores retornados con asistencia).

De estas cifras, mientras que en 2013 –cuando aún no entraba en vigor el Programa Frontera Sur– fueron detenidos 86 mil 298 “extranjeros irregulares”, en 2014 –ya con el Programa– fueron 127 mil 149; en 2015, 198 mil 141, y entre enero y octubre de 2016, 157 mil 535.

Las deportaciones también aumentaron una vez arrancado el Programa: en 2013 fueron 80 mil 902; para 2014 fueron 107 mil 814; para 2015, 181 mil 163, y entre enero y octubre de 2016, 123 mil 170, revelan las estadísticas del INM.

 “Los migrantes vienen más lastimados, más desorientados y más vulnerables porque la ruta que tradicionalmente utilizaban para llegar a Estados Unidos, y que conocen a través de los comentarios de las personas que ya han pasado [por México], se les han cerrado”, explica en entrevista Gabriela Hernández, coordinadora del Albergue Tochán del Comité Monseñor Romero.

 “Los [operativos los] alejan de los lugares donde reciben apoyo; eso obviamente les hace mucho más difícil el camino. Esta política que el gobierno ha instrumentado repercute en una cuestión de vida para los migrantes, porque no tienen asegurada el agua, la comida ni un lugar de descanso con techo. Esto lo aprovecha el crimen organizado, que está apoyado y cubierto por la corrupción.”

Las tres fronteras

El informe Migración en tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional, de la Redodem, señala que el gasto del Instituto Nacional de Migración ascendió a 17 mil millones de pesos entre agosto de 2014, justo cuando inició el Programa Frontera Sur, y diciembre de 2015.

Lejos de utilizar el dinero público para proteger los derechos de las personas en tránsito, la institución lo ha empleado en los operativos para su captura y deportación. Según el análisis de la Redodem, “en todo el territorio mexicano se han establecido operativos de control y verificación migratoria. La presencia de controles migratorios a lo largo del país responde en gran medida al incremento en el presupuesto que se asigna al INM”.

De acuerdo con los datos de la Redodem, esa presencia se focaliza en el Sur, centro y Norte del país; de tal forma que la tercera frontera que advierte se forma, precisamente, por una de las tres franjas donde se realizan más operativos antiinmigrantes.

Y es que además de los fronterizos del Sur (Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca y Veracruz) y del Norte (Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas), entre los estados de muy alta detención destacan Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Jalisco Guanajuato y San Luis Potosí.

Arturo González González observa diferencias entre las “tres” fronteras que contienen el paso de la migración indocumentada. “En la frontera Sur, lo que nos dicen los migrantes, y lo que nosotros observamos, es el exceso de operativos tanto del Instituto de Migración como las demás policías, a pesar de que por ley sólo el Instituto tendría que hacer la revisión”.

Al respecto, indica, en el Sur los migrantes “le tienen más miedo” a los operativos que al crimen, aunque, señala, hay regiones que también son peligrosas por los cárteles: “No es lo mismo venir por Oaxaca que por Tabasco y Veracruz, que es más riesgoso porque es zona de los Zetas. En el Sur hemos visto que hay policías municipales que detienen a los migrantes y los entregan a los cárteles”.

Respecto del centro del país, advierte que hay una combinación del crimen organizado y de las policías y operativos migratorios. “Lo que más declararon fue el robo, la extorsión, las violaciones y secuestros. Aquí se habla de la macrodelincuencia: un crimen organizado público [autoridad] y un crimen organizado privado [cárteles, células y pandillas], que a veces se tocan en muchos aspectos”.

En el Norte del país observa que “lo que más hay es la presencia del crimen organizado. Sí hay operativos, por supuesto, pero hacia la frontera. Y para llegar a la frontera tienen que pasar por estados que son controlados por el crimen organizado”.

—¿Pareciera entonces que el papel del crimen organizado es hacer el trabajo sucio de esta política antiinmigrante?

—Sí. Aquí hablamos de la macro-delincuencia: al gobierno le conviene que esté el crimen organizado porque en el fondo ayuda a la política migratoria, por la forma en la que tratan a los migrantes tanto el crimen organizado como las policías. Lo que está en el fondo es decirle a la gente: “te va a pasar esto si regresas”. Entonces la violencia es una estrategia de disuasión para que la gente no vuelva. Esto es perverso: llevar a la gente al límite de la vulnerabilidad para que no vuelvan.

El coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes describe a México como la frontera vertical de Estados Unidos. Esto, dice, genera otro fenómeno: los migrantes logran avanzar un poco y ahí se van quedando, porque se vuelve muy complicado llegar a la frontera y nada les garantiza que van a pasar al otro lado.

Programa Frontera Sur

En el informe Detención sin excepción, la organización no gubernamental Sin Fronteras señala que “el enfoque de seguridad nacional adoptado por la política migratoria se ha ido consolidando gradualmente en los últimos años”.

Esta política ha tenido “un efecto concatenado en todo el país, causado por la creación del Programa Integral Frontera Sur, mismo que, para el primer trimestre de 2015, ya mostraba la intensificación de los operativos de detención en todo el territorio, haciendo uso de modalidades violentas y arbitrarias”.

De acuerdo con Sin Fronteras, el resultado es claro: el Programa produce un mayor número de migrantes centroamericanos detenidos en México que en Estados Unidos. Y ejemplifica: mientras en México se registraron 92 mil 889 de octubre de 2014 a abril de 2015, en Estados Unidos fueron 70 mil 226 personas detenidas.

Para Carlos Bartolo Solís, coordinador de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia en Arriaga, Chiapas, desde que se instrumentó el Programa Integral Frontera Sur aumentaron los operativos del Instituto Nacional de Migración.

En entrevista, explica que en Arriaga, donde antes del Programa no había redadas, ya las hay. “Incluso hay un módulo, una oficina móvil del Instituto en la entrada; hay también retenes. Incluso hay policías a los que no les compete revisar el estatus migratorio y sin embargo lo hacen”.

El defensor de los derechos de los migrantes señala que esto es parte de la visión de seguridad nacional: hay demasiados filtros para revisar el estatus migratorio, pero continúa el tráfico de drogas y de armas. “Lamentablemente, este Programa dice que vela por los derechos de los migrantes pero eso es una gran mentira, porque exponen más a los migrantes en los cambios de rutas”.

Como lo reveló Contralínea (edición 509), la administración federal no considera el tema como un problema humanitario: según la Agenda Nacional de Riesgos, los flujos migratorios descontrolados son la quinta amenaza a la seguridad nacional.

Pero esas rutas descontroladas son responsabilidad del propio gobierno. Al respecto, Rita Marcela Robles, coordinadora del Área de Investigación e Incidencia del Servicio Jesuita para Migrantes, señala: “el cambio de las rutas migratorias se da por la instrumentación del Programa Frontera Sur, que empezó en 2014. Su finalidad fue bloquear la frontera Sur, y solamente permitir la entrada regularizada de migrantes que trabajan en México pero que regresan a Guatemala”.

La activista indica que esta política propició que las personas busquen puntos más riesgosos para entrar al país. “El Instituto Nacional de Migración lo que hace, porque tiene la facultad de hacerlo, es pedirle apoyo  a las policías: federal, estatal, municipal, e incluso al Ejército. Entonces instrumenta operativos de detención y de verificación migratoria con la finalidad de detenerlos, llevarlos a la estación migratoria y deportarlos. Ante eso los migrantes buscan alternativas, porque lo que quieren es pasar”.

Agrega que fue así como empezaron a utilizar rutas alternas o paralelas a las tradicionales. “Qué fue lo que pasó con esto: que la persona camina más: de ser un trayecto de 1 o 2 días ahora caminan hasta 1 semana. Llegan con los pies más lastimados, con quemaduras de sol, deshidratados. Eso también hace que se incremente la violencia, porque la ruta ya no es la tradicional y ya no hay nadie [que los asista], no hay albergue, entonces la violencia se sirve en charola de plata. Ahí aprovechan [los criminales] para extorsionar, secuestrar, violar, asesinar”.

Alberto Castillo, de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante en San Luis Potosí, dice a Contralínea que el Programa Integral Frontera Sur fomenta las violaciones a los derechos humanos de las personas en tránsito, desde el derecho a la vida hasta el del libre tránsito.

En el tema de la migración, critica que el gobierno de México tenga la misma visión de Donald Trump en Estados Unidos con los mexicanos, “pero aquí hacia la persona centroamericana. Nos quejamos de que nos violentan en Estados Unidos cuando nosotros hacemos lo mismo con Centroamérica. La perspectiva que deberíamos tener es entender que la persona tiene el derecho a moverse libremente y que la migración no se va a detener jamás. Es un fenómeno que tiene que ver con la globalización”.

Para Gabriela Hernández, el Instituto Nacional de Migración “cumple su papel de represor. Aunado a él están el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la policía judicial. Eso nos da una idea de cómo el Estado está tratando al tema de migración como un problema de seguridad, y obviamente esto incrementa las violaciones [a derechos humanos]”.

La coordinadora del Albergue Tochán dice que muchos migrantes que han sido secuestrados aseguran que los agentes de migración los entregan al crimen. “O que en los lugares donde están secuestrados vieron llegar a algún agente de migración. Sí existen testimonios así. Otros apuntan que sí traen el uniforme de migración pero los detienen en automóviles particulares, lo cual es muy grave. No sabemos si son agentes de migración verdaderos o si se están disfrazando. Pero si se están disfrazando, no se puede entender cómo es que sea a escasos metros del retén real donde se pasea el agente falso. La complicidad y la corrupción están a la orden del día”.

Pese a las redadas, operativos, detenciones y violaciones masivas a los derechos humanos, la migración centroamericana no para.

—¿Se ha reducido el flujo de migrantes? –se le pregunta a Arturo González.

—No. Hay que ver lo que pasa con las deportaciones. Si ves lo que ha deportado México y lo que ha deportado Estados Unidos, se han incrementado desde 2014 a la fecha. Las estadísticas nos indican que el flujo no ha bajado, lo que se ha incrementado son las deportaciones.

Los pies morenos, morenos claros, blancos, negros seguirán caminando en busca de la esperanza, del american dream. En Centroamérica ya no hay nada para ellos ni para sus familias. Y en México, sólo violencia.

Nancy Flores

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

Contralínea 522 / del 15 al 21 de Enero 2017