A 5 meses de la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo –publicada en noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación–, hay poco más de 2.5 millones de personas en el desempleo y más de 30 millones en la economía informal, según las propias cifras oficiales. Éstas contradicen la campaña publicitaria con la que fueron promovidas las modificaciones por el gobierno y que también impulsó el Banco Mundial: que se generarían los empleos que demanda la población mexicana
A 5 meses de aprobada la reforma laboral, el panorama para la clase trabajadora es incierto. La promesa de quienes la impulsaron durante el sexenio pasado de que con su aprobación se vería un crecimiento en la generación de empleos, aún no se refleja en las cifras oficiales. Por el contrario, éstas evidencian una desaceleración en este rubro y un número “alarmante” de personas que subsisten del comercio informal.
Las cifras oficiales preliminares para marzo de 2013, extraídas de los Indicadores oportunos de ocupación y empleo –del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, revelan que la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 5.01 por ciento respecto a la población económicamente activa (PEA). Es decir, unos 2 millones 555 mil 100 personas, con una PEA de 51 millones de personas.
Un mes anterior a la presentación del reporte del Inegi se registraba una cifra de 4.74 por ciento de desempleo, 0.27 puntos porcentuales menos, lo que significa que el número de personas en esta condición ascendía a 2 millones 417 mil 400 mexicanos.
En noviembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo después de más de 40 años sin modificaciones. Entre los argumentos que promovían se encontraba el incremento de los empleos con nuevas modalidades de contratación. Pese a la oposición de especialistas y sindicatos, la reforma se llevó a cabo.
Alfonso Bouzas Ortíz, doctor en derecho social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenta que hasta la fecha las nuevas modalidades de contratación no se han reflejado a favor del trabajador. “Si queremos ver la funcionalización de esta reforma laboral, los únicos que se han beneficiado de este contexto, por los candados que le quitaron al outsurcig, son los empresarios”.
El experto en temas de empleo y sindicalismo explica que el outsurcing o terciarización surge porque “no existe una empresa que sea realmente productiva en todas sus actividades y, como se sabe, las empresas modernas tienen muchos campos de actividad en los cuales es verdaderamente difícil alcanzar altos desempeños por sí mismas. Sin embargo, esta modalidad sólo ha beneficiado a los empresarios y no a los trabajadores, que no cuentan con una certidumbre laboral”.
Reforma, interés del Banco Mundial
Contralínea documentó en enero de 2010 que el Banco Mundial incluía en sus estrategias con México un apartado que mencionaba a la reforma laboral como una de las prioritarias para el gobierno calderonista.
A través de su reporte AB5168, la institución internacional apunta que: “Las políticas laborales constituyen uno de los cinco pilares fundamentales del programa para enfrentar la crisis global que el presidente Calderón anunció en enero de 2009”.
Según el documento, el gobierno de Calderón había complementado el Programa de Empleo Temporal con “una expansión de otros activos del mercado laboral (en particular, la creación de redes de trabajo, servicios de intermediación y programas de formación), así como las políticas pasivas del sector para mantener el nivel de vida de los desempleados”.
Observaciones a la reforma
Alejandro Vega García, integrante de la Dirección del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), comenta que, hasta el momento, todo el proceso iniciado con la reforma laboral está marcado por una gran incertidumbre.
“Aún no tenemos cifras exactas que nos permitan conocer cómo ha cambiado la generación de nuevos empleos. A simple vista no se ve un incremento, parecen llevar el ritmo normal. Tampoco sabemos de los impactos que han tenido las nuevas formas de contratación por capacitación, a prueba, etcétera”, dice.
Para el especialista en temas laborales, lo que se avizora como el próximo gran conflicto es en qué medida la Ley Federal reformada va a afectar los contratos colectivos de trabajo. Aunado a ello hay una gran inquietud y preocupación marcada por sindicatos del sector burocrático. “Obviamente la reforma se hizo al apartado A de la Ley, pero todo el mundo tiene claro que eventualmente va hacerse extensivo al apartado B, en los que entran los sindicatos del sector público. En éste hay una preocupación marcada por cómo se va a expresar la reforma en un futuro”.
Junto con el abaratamiento de la mano de obra, la reforma aprobada tiene por objetivo central una flexibilización salvaje de las relaciones laborales y la destrucción del espíritu tutelar hacia los derechos de las y los trabajadores con que fue concebida originalmente, indica Vega García.
El documento La reforma laboral de 2012 y la nueva Ley Federal del Trabajo –elaborado por el CILAS– indica que “a muchos trabajadores se les ha inculcado el temor de que la nueva Ley abra la puerta para permitir el que sean sujetos de despido inmediato y que su patrón los sustituya por empleados subcontratados, a prueba, por capacitación inicial, etcétera. La nueva Ley permite efectivamente esas contrataciones, pero para personas de nuevo ingreso. En ningún artículo se faculta a los empleadores para despedir de manera arbitraria, pues siguen vigentes las causales que obligan a justificar el despido.
Explica que pese a que se hicieron varios intentos en ese sentido, en ningún momento se modificaron los requisitos existentes para el registro de nuevos sindicatos o para demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. De tal forma, esas opciones para la organización y la representación auténticas de las y los trabajadores siguen presentes en la Ley, “si bien no deben olvidarse las trabas y obstáculos que, para ejercerlas ilegal y arbitrariamente, suelen imponer las autoridades laborales”.
Alejandro Vega García especifica como otro de los puntos importantes a observar en la reforma que de ninguna manera las modificaciones aprobadas pueden derivar en reducciones salariales o de prestaciones. “Los preceptos de Ley en el sentido de que estas percepciones son irreversibles e irrenunciables siguen vigentes y no debe permitirse ningún chantaje para aceptarlas como condición para conservar el empleo”.
Los resultados de la reforma
Ernesto Gándara Camou, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República, dice que actualmente lo más importante es la consecución de “lo que se hizo” en la reforma a la Ley Federal del Trabajo después de años de no llegar a ningún acuerdo y modificación. “Hacerlo fue un gran acuerdo en donde pudimos conjuntar un esfuerzo perfectible y estamos actualizando una Ley a las necesidades del siglo XXI”.
Para el senador, como para el resto de la bancada del Partido Revolucionario Institucional –que junto con el Partido Acción Nacional impulsaron con ahínco la reforma en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa–, los cambios otorgan posibilidades de más competencia e inversión.
“Afortunadamente se están viendo en el país ya los mensajes de inversión importantes sin haber lacerado los derechos básicos y legítimos de los trabajadores, pero sobre todo los derechos colectivos”.
El priísta agrega que “los resultados de todas las reformas que se están haciendo, no solamente la laboral, sino las que hemos estado viendo en materia educativa, fiscal, de seguridad social y energética, nos dan certidumbre al desarrollo social de México”, opina.
Ante las cifras de desempleo en el país, el legislador asegura que en las “grandes reformas” un impacto no se ve de un día para otro. Lo que sí se ve, dice, es certidumbre, inversión y posibilidades muy claras de avanzar. “Tendríamos que dar un periodo de 2 o 3 años para que haya impactos verdaderamente medibles”.
Informalidad, en crecimiento
Manuel Padrón, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), indica que en el escenario laboral no se ve mejoría alguna a partir de la reforma de Ley. Por el contrario, expone, “tenemos un panorama en el que más del 60 por ciento de trabajadores se encuentran en la informalidad”.
De acuerdo con los cálculos reportados por el Inegi, la cifra podría alcanzar los 30 millones 600 mil personas. “No quiere decir que de manera espontánea vayan a surgir mejores empleos, pero seguimos encontrando una generación de empleos precarios, donde la mayoría de ellos se sitúa entre uno y tres salarios mínimos”.
El especialista en temas laborales estima que del total de la población económicamente activa, aproximadamente, un 58 por ciento no pasa de tres salarios mínimos, lo que significa unos 190 pesos diarios, y hay los que se colocan sólo en un salario mínimo.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo general para el área A es de 64.76 pesos. En tanto, para la zona geográfica B es de 61.38 pesos. “El escenario del empleo sigue siendo de desgaste, precario y en los cambios legislativos no hay resultados enfrente de nosotros”, indica Manuel Padrón.
Aunque los especialistas esperan del Poder Judicial que en breve resuelva los más de 3 millones de amparos promovidos contra esta reforma –en los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal–, este trámite podría aplazarse 2 meses o más, pues también están llegando ante los tribunales solicitudes de amparo, por la ya decretada reforma educativa.
Para la elaboración de este texto se solicitó entrevista con la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.
TEXTOS RELACIONADOS:
Fuente: Contralínea 332 / abril 2013
