De 2005 a la fecha, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha destinado 10 millones 525 mil 594 pesos en los sueldos que, según la legislación universitaria, debe pagar a sus exrectores y exdirectores durante los tres años posteriores a la conclusión de su cargo. Bajo el mismo concepto, esta casa de estudios erogará, hasta junio de 2014, al menos otros 2 millones 716 mil 245 pesos.

 

Son 45 los exfuncionarios beneficiados con dinero público: 44 exdirectores de institutos, escuelas y facultades; y un exrector. Juntos, representan un gasto de 13 millones 241 mil 839 pesos en un lapso de nueve años.

 

La Dirección General de Personal proporcionó esta información en respuesta a las solicitudes presentadas por Contralínea a través del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM; omitió los nombres de los beneficiarios. La Unidad de Enlace, a cargo de Óscar Barreiro Perera, se justificó: “El artículo 9 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM, establece: ‘La Universidad, a través de la Unidades Universitarias, sólo podrá divulgar, transmitir o hacer públicos los datos personales y la información confidencial del interesado mediante su consentimiento por escrito o por disposición legal…’”.

 

No obstante, de los datos obtenidos por Contralínea se desprende la identidad de estos exdirectivos: Tila María Pérez Ortiz, Guillermo Monsiváis Galindo, Gloria Soberón Chávez, Gustavo Tolson Jones, Wolf Luis Mochán Backal, María de Lourdes Sánchez Obregón, Rito Terán Olguin, Ignacio Salazar, José de Jesús Franco López, Roberto Escalante Semerena, Jorge Basave Kunhardt, Ramón Peralta y Fabi, Arturo Pascual Soto, Lucy María Reidl Martínez, Mercedes de la Garza Camino, Jesús Adolfo García-Sáinz, Victoria Antonieta Martín Granados, Ambrosio Velasco Gómez, Hermelinda Osorio Carranza, Vicente Quirarte Castañeda, Luis Enrique Sansores Cuevas, Fernando Pérez Correa, Adrián Guillermo Aguilar Martínez, Carlos Arteaga Basurto, Julio Vigueras Álvarez, Fernando Serrano Migallón, Héctor Takeshi Arita Watanabe, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Adolfo Gracia Gasca, Juan Pedro Laclette San Román, Arturo Menchaca Rocha, María Teresa Uriarte Castañeda, José de Jesús Bazán Levy, Luz del Carmen Vilchis Esquivel, José Antonio Stephan de la Peña Mena, Diego Valadés Ríos, Héctor Enrique Herrera León y Vélez, René Millán Valenzuela, Virginia Guedea Rincón Gallardo, Santiago Capella Vizcaíno, Juan Antonio Montaraz Crespo, Arturo Díaz Alonso, Francisco Xavier Soberón Mainero, Jaime Urrutia Fucugauchi y Luis Alberto Zarco Quintero.

 

 

 

Destaca Juan Ramón de la Fuente, rector durante el periodo 1999-2007. El médico siquiatra recibió 1 millón 233 mil 600 pesos, de 2007 a 2010. Entonces, su sueldo mensual de exdirectivo funcionario académico fue de 34 mil 267 pesos; 151 por ciento mayor al de los académicos mejor pagados de la institución. De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo 2001-2013, se trata de los profesores ordinarios de carrera, titulares, de nivel C y tiempo completo, cuya remuneración mensual es de 22 mil 692 pesos.

 

También Gustavo Tolson Jones; María Teresa Uriarte Castañeda, del Instituto de Investigaciones Estéticas; Tila María Pérez Ortiz, del Instituto de Biología; Wolf Luis Mochán Backal, del Instituto de Ciencias Físicas; Adolfo Gracia Gasca, del Instituto del Ciencias del Mar y Limnología; Guillermo Monsiváis Galindo, del Instituto de Física; Vicente Quirarte Castañeda, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas; Lucy María Reidl Martínez, de la Facultad de Sicología; y María de Lourdes Sánchez Obregón, de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. De 2005 a 2014, la UNAM habrá destinado en promedio 340 mil 532 pesos para compensar a cada uno de estos nueve universitarios, posterior a su gestión directiva.

 

En el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico está el sustento legal de dichos sueldos: “Los profesores e investigadores de carrera designados por la Junta de Gobierno para el desempeño de un cargo directivo de funcionario académico conservarán como remuneración mensual, cuando dejen dicho cargo directivo, la establecida en el tabulador vigente a la fecha de su separación durante los tres años inmediatos posteriores a la fecha en que termine el mencionado cargo, además de la correspondiente a su categoría y nivel académico, siempre que sigan formando parte del personal académico de carrera de tiempo completo en forma ininterrumpida, y estén en alguno de los siguientes supuestos: 1. Tener más de 20 años de antigüedad académica al servicio de la UNAM y haber permanecido cuando menos dos años en el cargo directivo de funcionario académico; 2. Haber desempeñado sin interrupción durante cuatro años el cargo directivo de que se trate”.

 

 

En el contexto del 75 aniversario de la UNAM, con Jorge Carpizo Mc Gregor como rector, los sueldos vitalicios de exrectores y exdirectores fueron abolidos. Así, desde 1986 se cancelaron las remuneraciones de por vida en la Universidad, a diferencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde los exdirectivos sí cobran mensualmente más de 95 mil pesos de manera vitalicia (Contralínea, 254 http://contralinea.com.mx/2011/10/09/9-exdirectores-del-politecnico-cobran-mas-de-10-mdp-al-ano/).

 

Los sueldos vitalicios en la UNAM se habían iniciado en la década de 1960, durante la gestión de Ignacio Chávez Sánchez, con el propósito formal de evitar que, al término de su periodo, los directores y rectores que adquirían experiencia y capacidad en sus puestos fueran cooptados por el gobierno o la iniciativa privada.

 

En cumplimento del acuerdo tomado por el Consejo Universitario en su sesión de noviembre de 1985, la modificación al artículo 59 del Estatuto del Personal Académico fue publicada en la Gaceta UNAM, el 6 de enero de 1986, y signada por José Narro Robles, entonces secretario general y actual rector universitario.

 

Como lo documentó Proceso (edición 469), en aquel momento, en que se destinaban 1 millón 800 mil pesos mensuales en sueldos vitalicios, la opinión de la mayoría apuntaba incluso a la derogación del artículo 59 del Estatuto del Personal Académico. “No se debe retener al personal con criterios mercantilistas; el ser director no es garantía de ser un excelente académico; no es justo que se pague un sueldo que no se trabaja; se crea una imagen negativa; el espíritu inicial del sueldo ‘posgestión’ se ha perdido”, fueron los principales argumentos.

 

María Esther Ibarra, la reportera, también recogió las voces contrarias: “Es tan insignificante lo que se percibe que no sé cuál es la intención de la propuesta; puede fastidiar a muchos que estamos trabajando; es ridículo lo que se percibe, pero es un ‘pedacito del sueldo’; no se debe derogar, es un pago simbólico por años de trabajo y dedicación; las críticas de la prensa han presionado; no se sangra la economía de la UNAM; deben de pagarse los salarios hasta dos o tres años después de que se dejó el cargo”.

 

 

Finalmente, una postura intermedia se impuso: “Que se renueven durante dos o tres años, ‘pues en ese lapso un director puede reincorporarse a tareas docentes’”. Agustín Valera y Luis F Rodríguez, entonces directores de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán (ahora Facultad de Estudios Superiores) y del Instituto de Astronomía, respectivamente, explicaron: “Un director tiene que enfrentar muchos problemas de tipo político, tiene que hacer frente a muchos asuntos burocráticos y no le queda tiempo para la docencia o la investigación. De hecho, un director está burocratizado y rezagado en lo académico. Así, es muy difícil reincorporarse al campo de la academia o a otras tareas que le permiten nivelar sus ingresos”.

 

Cuestionado respecto de las remuneraciones que a la fecha conservan los exdirectores y exrectores de la UNAM, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca considera que académicamente pueden ser sostenibles, como una medida para “resarcir en términos fiscales lo que se dejó de hacer en la academia para dedicarse a la administración”; aunque financieramente suelen representar una “carga”, sobre todo para las universidades públicas pequeñas.

 

 

Aclara, también, que dicha prerrogativa no es exclusiva de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional: “Se trata de una costumbre administrativa que se deriva de la práctica de otorgar pensiones vitalicias a expresidentes”.

 

Castellón, quien se desempeñara como rector de la Universidad Autónoma de Nayarit de 1998 a 2004, recuerda lo que sucedió en esa casa de estudios durante la gestión que le sucedió. Por problemas de financiamiento, los sueldos que conservaban los exdirectivos funcionarios académicos con más de 20 años de antigüedad, y que siguieran desempeñando labores académicas para esta institución, desaparecieron.

 

Al representante del Partido de la Revolución Democrática le resulta difícil afirmar “si es malo o bueno” el conservar tal beneficio. Invita, más bien, a analizar a detalle el tema. Por un lado indica que no hay que perder de vista las deterioradas condiciones de jubilación de muchos profesores universitarios; por el otro, que prefiere que se les siga pagando a los exdirectivos antes que a “porros o guardias armados”. Al fin y al cabo, “no se trata de gente con honorabilidad dudosa”; “de un uso mafioso o indebido de los recursos”.

 

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con José Narro Robles, rector de la UNAM. La gestión se realizó a través de María Guadalupe Díaz Silva, directora de Enlace y Relaciones Públicas. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

 

 

 

 Flor Goche