A tres años de iniciada la “guerra” contra el narcotráfico en México, sólo 114 miembros del cártel de Sinaloa han sido consignados ante la autoridad judicial. La PGR revela que la organización Golfo-Zetas –la más “golpeada” y ahora dividida– tiene apenas 609 consignados. De los 121 mil detenidos por delincuencia organizada, sólo a 1 mil 306 consignados por delitos contra la salud y lavado de dinero se les acreditan vínculos con ocho cárteles de las drogas
Nancy Flores / Segunda parte
Los “enemigos públicos” del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa permanecen casi intactos en sus estructuras: los cárteles de las drogas han sufrido apenas 1 mil 300 bajas por prisión a pesar de que en su contra se libra una “guerra” cuyo saldo es de más de 23 mil civiles asesinados, incluidos menores de edad.
Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, sólo 1 mil 306 miembros de ocho organizaciones criminales mexicanas han sido consignados ante la autoridad judicial, descubren datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) entregados a Contralínea. Los cargos en su contra son: delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Trece respuestas a solicitudes de información pública revelan que el cártel del Golfo-Zetas –ahora dividido– es el que más bajas por cárcel tiene: 609. Le siguen los cárteles: Beltrán Leyva, con 223 consignados; La Familia Michoacana, 145; Tijuana, 135; Sinaloa, 114; Juárez, 78; Díaz Parada, uno; Valencia Valencia, uno. Mientras que del cártel Amezcua Contreras no se tiene un solo consignado.
La dependencia que encabeza Arturo Chávez Chávez reconoce que otras 121 personas –detenidas en ese mismo periodo y a quienes asegura acreditarles vínculos con organizaciones criminales– fueron liberadas antes de la consignación.
—La guerra contra el narcotráfico es una decisión unilateral de Calderón, impuesta por las políticas del Pentágono para militarizar las instituciones de seguridad en México. Si realmente se quiere hacer una lucha en contra del narcotráfico, ésta es una decisión errada, porque el asunto no se resuelve a través de la fuerza, sino de políticas de carácter social –explica el general brigadier Francisco Gallardo.
El también politólogo dice que la “guerra” contra las drogas tuvo por objeto “legitimar la llegada de Calderón al poder, en virtud de que fue impuesto por un golpe de Estado técnico militar a través del Estado Mayor Presidencial. El involucramiento del Ejército en la lucha contra el narcotráfico trastoca el orden jurídico e institucional del Estado mexicano: viola la Constitución”.
El 1.07 por ciento
De los 1 mil 306 miembros de la mafia mexicana consignados, a 1 mil 194 se les acusa por delincuencia organizada o delitos contra la salud; mientras que a 112 se les señala por la supuesta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
—La violencia va de la mano de la impunidad. Ése es el principal problema en términos de seguridad y justicia en el país. Somos testigos de una acumulación acelerada de hechos de sangre sin que las más de las veces los culpables sean sujetos de proceso judicial –dice en entrevista Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega.
Agrega: “En otras tantas ocasiones, cuando los presuntos responsables son detenidos y sometidos a proceso, las instituciones son sospechosamente incapaces de respaldar con evidencias sólidas sus imputaciones. Esto es un problema sobre todo atribuible a las instituciones civiles de seguridad, pues ésa es su función sustantiva. Resulta en extremo contradictorio con los grandes presupuestos que reciben”.
Mientras el gobierno federal asegura haber detenido a 121 mil 199 personas ligadas al crimen organizado en los tres años de “guerra”, la PGR revela otra realidad. Los consignados a quienes se les acreditaron nexos con ocho cárteles representan apenas el 1.07 por ciento respecto de la cifra que entregó la administración calderonista a legisladores mexicanos, el pasado 12 de abril.
La Procuraduría General de la República señala que, en general, ha consignado a 47 mil 21 personas por delitos contra la salud entre diciembre de 2006 y febrero de 2010. De la información se desprende que, en esos casos, se trataría de narcomenudistas, consumidores, burros, campesinos o incluso inocentes.
Además, la dependencia indica que en el mismo periodo consignó a unas 123 personas por delincuencia organizada, y a otras dos, por lavado de dinero. Éstas tampoco tendrían algo que ver con los cárteles de la droga que se “disputan” el país a balazos.
Cártel de Sinaloa
Aunque muchos de los nombres se encuentran inscritos en las listas de “los más buscados” y se ofrecen millonarias recompensas en México y en Estados Unidos por información que lleve a su captura, los jefes de los cárteles mexicanos, sus cerebros financieros e incluso su base operativa y sus sicarios continúan en las calles.
El Departamento de Estado estadunidense, por ejemplo, ofrece 5 millones de dólares por datos relevantes y útiles relacionados con la ubicación de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Por el líder del cártel de Sinaloa y prófugo de la justicia mexicana, la PGR daría hasta 30 millones de pesos.
El también llamado cártel del Pacífico es considerado el más poderoso de México y América Latina y se le vincula con mafias de Italia, Colombia, Rusia y África.
Por primera vez, el abogado de la nación admite –en la respuesta a la solicitud de información 0001700006810– que sólo 114 miembros de esa organización criminal han sido consignados ante la autoridad judicial, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
Desde enero pasado, la administración federal ha sido acusada por diferentes actores de llevar a cabo una lucha parcial. Según el diario británico The Economist, el cártel de Sinaloa y su líder, el Chapo, son los principales beneficiarios de la “guerra” que supuestamente libra el panista Calderón Hinojosa.
De los 114 consignados, 83 fueron acusados por los delitos de delincuencia organizada o contra la salud; mientras que 31 fueron remitidos a la autoridad judicial bajo los cargos de lavado de dinero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sólo destaca cuatro detenciones relacionadas con esa organización, en lo que va de la “guerra” mexicana contra las drogas: la de Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey; la de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo; la de Ángel Béjar Chávez, y la de Óscar Nava Valencia.
En sus informes International narcotics control strategy report 2008, 2009 y 2010, identifica al Vicentillo como “hijo del conocido narcotraficante Ismael Zambada y un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa”; mientras que a Béjar Chávez y Nava Valencia los califica de “traficantes clave de cocaína para el cártel de Sinaloa”.
Con excepción del Vicentillo, los consignados no representan la cabeza de la organización criminal. Junto a Guzmán Loera, Ismael Zambada García, el Mayo; Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel; y Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, comandan el también denominado cártel del Pacífico. Todos están libres.
Con la guerra, “no se ha logrado nada: no ha bajado la producción ni mucho menos el trasiego de estupefacientes. Al contrario, los registros –que están publicados en la prensa– demuestran que se han elevado. En México, también ha crecido el consumo. La estrategia contra el narcotráfico ha sido contraproducente, es decir, ha prestigiado en los medios de comunicación a los narcotraficantes (Joaquín Guzmán Loera en la revista Forbes, por ejemplo), ha confirmado la ineptitud del gobierno para combatirlos y ha probado la frivolidad de las prédicas para inhibir el consumo”, señala Fernando García Cordero, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Además de las escasas consignaciones, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, siete miembros de la organización del Chapo que fueron detenidos obtuvieron su libertad antes de ser presentados a las autoridades judiciales, revela la PGR.
Esos casos serían similares al de la exesposa de Guzmán Loera, Griselda López Pérez (o Karla Pérez Rojo), detenida el 12 de mayo pasado durante los cateos a siete propiedades del capo ubicadas en Culiacán, Sinaloa. La mujer –supuesta cómplice en la fuga del Chapo en 2001– fue liberada “bajo las reservas de ley”, tras rendir declaración ante la Procuraduría General. Según The New York Times, en la liberación habría participado directamente el presidente Calderón Hinojosa.
—Una guerra presupone un enemigo declarado. Aquí el enemigo es impredecible (además, ubicuo) y nunca ha hostigado, hablando en términos estrictamente militares, al Estado mexicano. Ésta es una guerra que, técnicamente, no lo es: es utilizar al Ejército para realizar tareas que deben cumplir las policías. Tal vez, esa utilización del Ejército sirva en el fondo para encubrir el fracaso y la complicidad de las administraciones federales y locales que viene de cinco sexenios atrás –dice García Cordero, profesor por oposición de la materia derecho procesal penal en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Golfo-Zetas, la más “golpeada”
En lo que va de la “guerra” contra las drogas, el más “golpeado” es el cártel del Golfo-Zetas, recientemente separado de su brazo armado y aún considerado el principal enemigo del cártel de Sinaloa. En total, tiene 609 integrantes consignados: 552 por delincuencia organizada o delitos contra la salud y 57 por lavado de dinero.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud 0001700007410, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, fueron detenidos 411 integrantes de Los Zetas. De éstos, 396 fueron consignados ante la autoridad judicial: 364 por delitos contra la salud o delincuencia organizada, y 32 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto implica que 32 fueron liberados sin juicio de por medio.
A los 396 miembros de Los Zetas se suman los 213 integrantes del cártel del Golfo consignados en ese mismo periodo. Según la respuesta 0001700007510 de la PGR, 188 de éstos fueron acusados por delincuencia organizada o delitos contra la salud, y 25 por lavado de dinero.
De esas detenciones, destacan las de Jaime González Durán, el Hummer; Antonio Gallarza Coronado, el Amarillo; Carlos de la Cruz; y Miguel Ángel Soto Parra, fundador de Los Zetas.
En entrevista, el especialista en seguridad Edgardo Buscaglia afirma que en México no se quiere terminar con el narcotráfico. “No pueden terminar con este problema o no quieren. En ambas cuestiones, el problema más grave es que con las medidas que están aplicando van a tener un resultado contraproducente y van a causar más violencia futura. El problema de violencia en México no sólo es un asunto de cárteles, es un problema social”. Éste “no se erradica con soldados”.
Los Beltrán Leyva
Señalada de ser parcial, la “guerra” de Calderón Hinojosa contra el narcotráfico ha arrebatado más liderazgos al cártel de los Beltrán Leyva que al resto de las organizaciones criminales que operan en México.
La información oficial descubre que las bajas, por muerte y por cárcel, se incrementaron a raíz de su rompimiento con el cártel de Sinaloa (ocurrido en enero de 2008, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo), y su presunto acercamiento con Los Zetas.
Entre enero de 2008 y febrero de 2010, el gobierno federal no sólo asesinó a su líder, Arturo Beltrán Leyva (diciembre de 2009), sino que detuvo y consignó a 191 de sus integrantes. La cifra de esos años contrasta con los apenas 12 consignados que se registraron de diciembre de 2006 a diciembre de 2007, cuando aún eran aliados del Chapo Guzmán.
Con apenas 223 de sus integrantes entregados al Poder Judicial en lo que va del sexenio calderonista, la organización criminal de los Beltrán Leyva ocupa el segundo lugar en consignaciones (respuesta 0001700007210).
Entre esos consignados están sus líderes más visibles: Alfredo y Carlos Beltrán Leyva, hermanos del fallecido Arturo; Jerónimo Gamez García, “quien jugaba un papel preponderante en la adquisición de cocaína desde Colombia”, y Héctor Huerta Ríos, “miembro clave en los operativos de trasiego en el norte de México”, indican los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Para el general brigadier Francisco Gallardo, está claro que la labor real de los 96 mil militares en las calles no es combatir al crimen, sino que es de tipo político.
—El Ejército está actuando para detectar a los luchadores sociales y cualquier foco de disidencia, a través de los grupos de información de zona. El Ejército tiene infiltrada a toda la sociedad a través de grupos clandestinos conocidos como gizes. Una vez que son detectadas las personas incómodas al Ejército o al gobierno, las ejecutan. Aquí no pasa nada: ejecutan, torturan, violan mujeres. Hay 3 mil 175 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no pasa nada.
El también politólogo señala que “las Fuerzas Armadas se han dedicado a desarticular los movimientos sociales, a través de ejecuciones contra objetivos seleccionados, como el caso de Ramiro [comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente] en Guerrero, y de luchadores sociales en Chihuahua”.
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La Familia
En materia de consignaciones, La Familia Michoacana ocupa el tercer lugar, al contabilizar sólo 145 integrantes presentados a juicio en lo que va del sexenio calderonista. De éstos, 137 enfrentan cargos por delincuencia organizada o delitos contra la salud, y ocho por lavado de dinero.
El reciente surgimiento de esta organización criminal se habría dado sin la venia de los dos cárteles primarios (Sinaloa y Golfo) ni del gobierno federal.
Su máximo mando operativo Servando Gómez Martínez, la Tuta, acusó el 16 junio de 2009 a la Policía Federal y al secretario de Seguridad, Genaro García Luna, de llevar a cabo un combate parcial.
“Ataca a nuestras familias, fabrica culpables y se lleva a gente inocente”. La corporación policiaca “hace lo indebido”, señaló la Tuta en una entrevista telefónica transmitida por el canal de televisión CBT de Michoacán.
En esa misma comunicación, el capo llamó a un diálogo entre la administración federal y la mafia, pues esta última es “un mal necesario”. A cambio, en 2009, el gobierno federal le consignó a 97 de sus integrantes. La cifra contrasta con los 32 consignados que registró entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008.
Para Servando Gómez Martínez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal está coludido con Los Zetas y los Beltrán Leyva. “Queremos paz y tranquilidad. Sabemos que somos un mal necesario (…) Entiéndalo, por favor. Esto nunca se va a acabar. El día que yo fallezca pondrán a otro en mi lugar y así se va a ir. Queremos llegar a un consenso, a un pacto nacional; tenemos que lograrlo”.
La respuesta a la solicitud de información 0001700007010 también descubre que, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, ocho integrantes de La Familia fueron liberados antes de la consignación, a pesar de que la PGR sí les acreditó sus nexos con la mafia. En total, fueron detenidos 153 miembros de esa organización.
El senador panista Felipe González observa que hay opacidad en la información respecto de los detenidos que contabiliza el gobierno federal y los que verdaderamente están presos.
—Desde que comenzó la guerra al crimen organizado, nos dicen que han detenido a 80 mil personas relacionadas. (Sin embargo) en 2006, teníamos poco más de 200 mil detenidos en las cárceles del país y actualmente hay 230 mil detenidos. ¿Cómo es posible entonces que hayan detenido 80 mil?
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado cuestiona: “El diferencial de diciembre de 2006 a diciembre de 2009 me dice que sólo hay 30 mil presos más. ¿Dónde quedaron los otros 50 mil presos?
—¿Están en la calle?
—Forzosamente. No están en las cárceles. ¿Por qué no están? ¿Quién los soltó? ¿El Ministerio Público, el juez? ¿O no llegaron ni siquiera al Ministerio Público cuando el Ejército o la Marina los entregó? Estamos en un problema, y grave.
El senador González considera que el estado de derecho en México no se puede fincar en la impunidad: “Entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tienen dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno, al que estamos rescatando del flagelo de la delincuencia”.
Los otros cárteles
El cuarto lugar en consignaciones lo ocupa el cártel de Tijuana, con 135; todos, acusados de delincuencia organizada o delitos contra la salud. A esta organización criminal se le considera entre las que trasiegan menos droga, tienen menos influencia territorial y su capacidad de fuego es mínima. Aun así, las bajas por prisión la ubican por encima del cártel de Sinaloa (quinto lugar).
Ampliamente publicitadas, las detenciones más relevantes son las de Eduardo Teodoro García Simental, el Teo, a quien los gobiernos de México y Estados Unidos identifican como líder de ese cártel; y de su supuesto lugarteniente Santiago Meza López, el Pozolero, encargado presuntamente de “desaparecer” los cuerpos de los ejecutados.
No obstante, el también llamado cártel de los Arellano Félix sería el más favorecido por las liberaciones fast track. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, las autoridades detuvieron a 205 de sus integrantes; ello implica que 70 personas con nexos probados obtuvieron su libertad antes de la consignación, según la respuesta 0001700007310.
En sexto lugar se ubica el cártel de Juárez, con 78 consignaciones: 77 por delincuencia organizada o delitos contra la salud y una por lavado de dinero. Para el Departamento de Estado estadunidense, sólo una consignación es relevante: la de Vicente Carrillo Leyva, “uno de los principales líderes del cártel de Juárez e hijo del exlíder Amado Carrillo Fuentes”.
En séptimo lugar, con una sola consignación por organización, se encuentran los cárteles de Díaz Parada, por delitos contra la salud; y de los Valencia Valencia, por lavado de dinero.
En el primer caso, se trata del líder histórico del cártel, Pedro Díaz Parada, detenido el 17 de enero de 2007 por elementos del Ejército y policías federales.
La PGR –en su respuesta 0001700007810– asegura no tener un solo registro de detenidos ni consignados de la organización criminal Amezcua Contreras en lo que va de la actual administración federal.
Respecto de los números reales en materia de consignaciones, Contralínea solicitó conocer la postura de la Presidencia de la República a través de su secretario técnico, Nicolás Lohmann. También pidió la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del general Ricardo Trevilla Trejo; y de la PGR, con Adriana Pérez, subdirectora de Información. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
La Secretaría de Gobernación –por conducto de su subdirectora de Eventos, Dora González Lima– indicó que su versión era pública y se encontraba en sus boletines de prensa y en las declaraciones del secretario.
El pasado 5 de mayo, Fernando Gómez Mont aseguró: “El costo lo vale y vamos a ganar, no tengo duda de ello”; entonces se refería a los “daños colaterales” de la “guerra”, como su jefe, Felipe Calderón, llamó a los más de 23 mil civiles ejecutados durante el actual gobierno.
