El expediente de Greg que desestimó la justicia federal

Al ordenar la inmediata libertad de Greg Sánchez, el tribunal unitario federal de Chihuahua calificó como insuficientes los documentos sobre depósitos por cerca de 30 millones de pesos en siete cuentas bancarias abiertas en México. Las pruebas –aportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y perfeccionadas por la PGR– revelan operaciones con recursos de los cuales se desconoce el origen, pues el exedil no lo pudo acreditar, según la acusación hecha por el Ejecutivo. El expediente por lavado de dinero en contra del político perredista, cuya copia tiene Contralínea, incluye actividades financieras detalladas de él y su esposa

La revocación del auto de formal prisión dictado hace un año en contra de Gregorio Sánchez por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero desestima el puntual seguimiento que hiciera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los movimientos bancarios del político perredista y de su esposa, que involucran poco menos de 30 millones de pesos en cuentas bancarias de seis instituciones financieras en México. Para ordenar la inmediata liberación de Greg Sánchez, el pasado 15 de julio, el magistrado del Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Sexta Región en la ciudad de Chihuahua, José Ávalos Cota, echó por tierra las pruebas presentadas por la UIF y perfeccionadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, entre las que destacan documentos bancarios que dan cuenta de los millonarios depósitos que el exedil no ha podido acreditar, según las autoridades federales. De acuerdo con el expediente penal –cuyos extractos fueron publicados por Contralínea el 26 de mayo de 2010–, la justicia federal debía exigir al militante perredista Gregorio Sánchez Martínez, alias Greg, que explicara el origen de decenas de depósitos que se hicieron a su favor por 9.4 millones de pesos y 1.5 millones de dólares. Según tres testigos protegidos por la Procuraduría General de la República (PGR), el dinero proviene de supuestos pagos que recibió el excalde de Benito Juárez, Quintana Roo, de parte de bandas del narcotráfico: los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas. Los archivos financieros –elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– revelan que Greg sólo reportó ante el fisco haber acumulado ingresos durante seis años (entre 2002 y 2008) por apenas 2 millones 383 mil 311 pesos, lo que deja sin sustento los 27 millones de pesos restantes en monedas nacional y extranjera. Las instituciones financieras utilizadas por el excandidato perredista al gobierno de Quintana Roo para guardar el dinero supuestamente ilícito son GMAC Mexicana Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en Monterrey, Nuevo León, cuenta 84080018392800; HSBC en Cancún, Quintana Roo, cuenta 4035427160; American Express Bank del Distrito Federal, cuenta 0376672390141002; Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte, cuentas 198975522 y 739009634; Banco Nacional de México, cuenta 3432239; Scotiabank Inverlat, cuenta 1153544.

En la búsqueda que hizo la UIF sobre Gregorio Sánchez Martínez, encontró que el exalcalde de Cancún está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad de “servicio de alquiler de terrenos y edificios no residenciales”. Además, los datos que el Servicio de Administración Tributaria compartió con la Unidad de Inteligencia descubren que éste declaró haber acumulado, entre 2002 y 2008, ingresos por sólo 2.3 millones de pesos. A partir de estas evidencias, las autoridades federales presumieron en 2010 que el entonces candidato al gobierno de Quintana Roo no informó al fisco del resto del dinero porque su origen no era lícito. Entonces, la Secretaría de Hacienda encabezó una nueva búsqueda de información, ahora en todo el sistema financiero mexicano. Los datos que halló se integraron al expediente: Greg Sánchez realizó depósitos bancarios en esos seis años por 9.3 millones de pesos y 1.5 millones de dólares; hizo retiros por 2.7 millones de pesos y 10 mil dólares; vendió divisas por 500 mil dólares y compró otros 400 mil. De acuerdo con el expediente judicial, la Secretaría Hacienda considera que los recursos excedentes a los declarados por Gregorio Sánchez Martínez podrían ser producto de actividades ilícitas con bandas del narcotráfico. La PGR también sostiene que el origen del capital es la delincuencia organizada, a partir de las declaraciones obtenidas de tres de sus testigos protegidos. “Por lo expuesto se considera que Gregorio Sánchez Martínez utilizó los servicios de instituciones que integran el sistema financiero mexicano, probablemente, con la finalidad de ocultar el origen de los recursos, presumiblemente, producto de actividades ilícitas, para que una vez depositados, pudiera retirarlos en forma esporádica y poder así dar una apariencia de legitimidad de los mismos. “Como se desprende de todos y cada uno de los hechos mencionados en el presente escrito de denuncia y que se encuentran debidamente acreditados, es que esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima, salvo falsa apreciación de nuestra parte y debida tipificación que realice esta autoridad investigadora, existen elementos aptos e idóneos, así como indicios para presumir fundadamente que las operaciones financieras que se llevaron a cabo en el sistema financiero mexicano tuvieron como propósito ocultar el origen ilícito de los recursos”, señala el expediente en poder de la PGR que sirvió de base para la denuncia penal ante un juez federal. Según Hacienda, el entonces candidato de la alianza Todos por Quintana Roo habría cometido el delito de blanqueo de capitales, sancionado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Testigos protegidos, “evidencia débil”

El uso de testigos protegidos sería la prueba “débil” o “no dura” en el proceso en contra de Gregorio Sánchez que habría posibilitado al magistrado Ávalos Cota dictar la liberación del político. Y es que la segunda evidencia de la acusación de la Procuraduría General acerca de los presuntos vínculos de Greg con el crimen organizado se basa en declaraciones de tres delincuentes miembros de las bandas de los Beltrán Leyva y de Los Zetas, sujetos a los beneficios que otorga el gobierno dentro del Programa de Testigos Protegidos. Éstos afirman que Sánchez Martínez estaba en la nómina del narcotráfico y recibía mensualmente 60 mil pesos, además de otras partidas de dinero por protección y transportación de drogas. El exfuncionario municipal también estuvo involucrado, según los testigos protegidos, en el tráfico de indocumentados. En este ilícito estaría implicada su esposa Silvia Benítez Niurka Alba. Según los testigos, ambos cobraban por la transportación e ingreso al país de cubanos, rusos y chinos, actividad por la cual los Beltrán Leyva les pagaban una cantidad extra, además de darles recursos para sobornar funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de gobierno. La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/315/2009 da cuenta que el testigo con nombre clave Zajed rindió declaración ministerial el 19 de enero de 2010. En ella explica que era el encargado del pago de “la nómina” de la organización comandada por Arturo Beltrán Leyva, para negociar y sobornar a funcionarios de todos los niveles de gobierno. También se responsabilizaba de las relaciones con otras bandas criminales, como Los Zetas.

Greg traficaba indocumentados

“En el caso concreto de Gregorio Sánchez Martínez, presidente municipal de Cancún, ha establecido nexos con los hermanos Beltrán Leyva y con Los Zetas; participa en actividades de lavado de dinero, toda vez que uno de los negocios que tenía con la organización criminal de los Beltrán Leyva era el tráfico de indocumentados cubanos, rusos, y chinos. Esta actividad era operada por Greg a través de su jefe de escoltas”, sostiene el testigo Zajed. Otro testigo protegido con el nombre clave Lucero sostiene, en su declaración ministerial del 25 de enero de 2010, que Sánchez Martínez participaba en reuniones de los hermanos Beltrán Leyva y que, “de acuerdo con el pago de nómina de esta organización, como presidente municipal recibía la cantidad de 30 mil pesos quincenales”. En otra declaración del 10 de febrero de 2010, cuya copia posee Contralínea, Daniel Alberto Vargas Larrainza acepta pertenecer a la banda de Los Zetas, y señala que a finales de 2008 estaba en una de las casas de la organización y la “contadora Jessica” le comentó que tenía que juntar 1 millón de pesos para entregárselos a un sujeto apodado Napo, quien es el encargado de las finanzas del cártel de los Beltrán Leyva y el responsable de pagar a políticos y autoridades del gobierno. Ese millón de pesos, explica Vargas Larrainza, era para entregarlo al entonces candidato a la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo, Greg Sánchez, quien “trabaja” con la organización de Los Zetas.

El dicho de Zajed En su declaración del 19 de enero de 2010, el testigo protegido con nombre clave Zajed aseguró: “Comparezco voluntariamente a efecto de manifestar hechos que viví durante el tiempo que colaboré con la organización criminal comandada por Arturo Beltrán Leyva, entre 2007 y hasta finales de 2009. Me desempeñaba como operador financiero, manejando todo lo que eran recursos de pago de nóminas a funcionarios, sobornos y en ocasiones negociaciones con otros grupos, como Los Zetas, con los cuales teníamos un pacto de no agresión; pero mi principal actividad era el trato con funcionarios de todos los niveles, como por ejemplo secretarios de Seguridad Pública, jefes de policía, jefes de dependencias policiacas, notarios y otros muchos funcionarios del mismo nivel, por citar alguno el presidente municipal Gregorio Sánchez Martínez, de quien voy a citar sus nexos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas, en actividades relacionadas con lavado de dinero. “Nos manejamos en un nivel de operatividad financiera en cuanto a lavado de dinero con cuentas en el extranjero. Uno de tantos negocios que manejamos los Beltrán Leyva y Gregorio Sánchez Martínez fue el tráfico de indocumentados cubanos, rusos y chinos, cuyos parientes viven en Estados Unidos, y para poder sacarlos de sus países de origen los familiares de estos indocumentados depositan dinero en cuentas abiertas en bancos estadunidenses. “Este tráfico de indocumentados es operado por hombres de confianza de Gregorio Sánchez Martínez, su jefe de escoltas y Erik Ramírez Martínez, quienes se encargan del trato directo con el jefe de la plaza de Los Zetas, así como con los hermanos Beltrán Leyva. “Como parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, yo me encargaba de entregar cantidades de dinero correspondientes al pago de servidores públicos del gobierno municipal, entre otros, para que se le hiciera llegar el dinero a Sánchez Martínez. En una ocasión, en enero de 2009, estando en la ciudad de Cancún, en el hotel Holly Day Inn, le entregué la cantidad de 27 mil dólares producto de una operación de tráfico de cubanos que se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de esa ciudad. Esa operación directa fue realizada por Iván, el Cubano. “El Cubano fue asesinado en junio de 2009 en Cancún por Rubén Rivera Ramírez, quien encabezaba el grupo de Los Mata Zetas, conformado por sicarios de la banda de los hermanos Beltrán Leyva. Éstos se molestaron porque Iván se involucró, además del tráfico de indocumentados, en la introducción de cocaína y esto causó mucho malestar a Arturo Beltrán Leyva, quien ordenó su ejecución y la de un agente de Migración. “La esposa de Greg, Silvia Benítez Niurka Alba, aprovechando su origen cubano, se encargaba de contactar a sus paisanos y a sus familiares en Estados Unidos, a quienes le pedía el pago para sacarlos de la isla. “Junto con Niurka trabajaba Boris del Valle Alonso, quien era integrante de Los Zetas. También participaba el Puma, integrante de la corporación policial de la ciudad de Cancún, quien se encargaba de la plaza de Los Zetas. Boris llevaba la contabilidad del ingreso de los indocumentados rusos, chinos y cubanos, pues según la nacionalidad se le tenía que entregar un pago puntual al Puma. Erik Ramírez Martínez, brazo derecho de Greg, se reunió con el Puma en el restaurante Flamingos en Puerto Juárez, Quintana Roo, para acordar la operación de los indocumentados. A esa reunión asistí yo y Rubén Rivera, encargado de la plaza de los hermanos Beltrán Leyva, pues el negocio se ampliaría para que participaran Los Zetas por conducto de Iván el Cubano. “Me consta que el compromiso mayor de Gregorio Sánchez Martínez es con el cártel de los Beltrán Leyva, pues era el encargado en la organización de lavar dinero en hoteles y desarrollos turísticos, como parte del trasiego de drogas e indocumentados.”

Contralínea 243 / 24 de julio de 2011