De acuerdo con  el documento rector de la política de seguridad nacional del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas Mexicanas (Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México) continuarán realizando cuatro tipos de acciones:

 

“Operaciones para reducir la violencia, coordinando esfuerzos de manera conjunta entre dependencias; operaciones de erradicación intensiva en las áreas de mayor cultivo de enervantes; operaciones de intercepción, para inhibir el tráfico de armas, drogas y personas; y operaciones para incrementar la seguridad de las instalaciones estratégicas que hacen posible el funcionamiento del país.”

 

El escrito agrega que, mediante el uso  de la inteligencia estratégica, se buscará “evitar el empleo desproporcionado de la fuerza o escenarios de confrontación que generen hechos violentos”.

 

Sin embargo, también reconoce que sólo cambiando la realidad social de aquellas regiones controladas por el crimen organizado se podrá garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así, de lo que se trata es “transformar el entorno operativo que ha permitido el fortalecimiento del crimen organizado. Para ello es necesario establecer medidas que cambien estructuralmente la realidad social de aquellas regiones del país en las que la violencia ha tenido un impacto directo sobre la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos”.

 

 

La violencia y la delincuencia son fenómenos asociados a “factores de carácter estructural” como la marginación y la pobreza, reconoce el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI.

 

Además, el análisis observa que “la falta de oportunidades laborales y la desocupación se han convertido en factores precursores de la violencia. Asimismo, el acceso limitado a la educación media y superior y la deserción escolar pueden convertirse en factores de riesgo. Los niveles de escolaridad se encuentran asociados con las expectativas a futuro de las personas y sus posibilidades de movilidad social. Por ello, la falta de oportunidades educativas puede llevar a las personas a considerar a la delincuencia como una alternativa”.

 

El documento señala que la desigualdad social y la pérdida de espacios públicos (en favor de los privados) generan confrontaciones y conflictos que han rebasado a las autoridades. A esto se suma la “baja confianza en las autoridades encargadas de la operación de los sistemas de procuración de justicia. Esta situación se ha visto reflejada negativamente en los índices de impunidad y corrupción, así como en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia”.

 

 

La situación del país en los últimos años estuvo marcada por la capacidad de la delincuencia organizada para corromper y “fortalecer su presencia” en “zonas específicas” del territorio nacional.

 

Según el documento rector de la política de seguridad nacional del Estado mexicano, las instituciones de seguridad pública –“poco estructuradas y poco profesionalizadas”– no fueron capaces de detener la penetración del crimen organizado en varias regiones del país. Aunque no mencione explícitamente al gobierno de Felipe Calderón, el texto es contundente en su evaluación de “los últimos años”:

 

“El crecimiento de las organizaciones criminales tuvo lugar bajo un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, una creciente desconfianza entre corporaciones de seguridad y una relativa resistencia a la colaboración conjunta. Con el paso del tiempo, la presencia de grupos criminales y otros actores armados no estatales en algunas zonas del país se convirtió en una amenaza que rebasó la capacidad de las autoridades locales.”

 

El escrito explica que esos fenómenos dejaron de ser del ámbito de la seguridad pública y se convirtieron entonces en asuntos de seguridad interior.