La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) firmaron el Convenio de Colaboración para la Atención de Servicios Médicos de Segundo Nivel, que tiene por objetivo garantizar a las personas trabajadoras del Máximo Tribunal el acceso a atención médica especializada dentro del sistema público de salud.

El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y formaliza un proceso de referencia médica ya previsto en la normatividad vigente, el cual permitirá una mejor programación de consultas con especialistas, así como la realización de estudios y tratamientos de segundo nivel.

En un ejercicio de austeridad republicana, el ministro Aguilar Ortiz informó que la Corte transitará formalmente hacia el sistema de salud pública, al señalar que el modelo anterior generaba erogaciones federales en seguros privados de hasta 997 mil 667 pesos. Con este cambio, explicó, las y los trabajadores de la SCJN se integran plenamente como derechohabientes del ISSSTE, lo que reafirma la confianza en las instituciones públicas de seguridad social.

Tras la firma del convenio, surgieron versiones que señalaron que el acuerdo implicaría un esquema de atención médica “VIP” para el personal de la Corte; sin embargo, dichas afirmaciones fueron desmentidas por el titular del ISSSTE. Aclaró que es falso que el convenio tenga como finalidad otorgar privilegios o atención diferenciada. Por el contrario, explicó que el acuerdo sustituye los seguros de gastos médicos mayores, históricamente asociados a altos costos para el erario, por un esquema de atención dentro de una institución pública, lo que coloca a las y los trabajadores de la Corte en condiciones de igualdad con el resto de las personas servidoras públicas.

El convenio representa un paso en el desmantelamiento de los esquemas de privilegios que caracterizaron a la antigua Suprema Corte, particularmente el uso de seguros privados de gastos médicos mayores que implicaban erogaciones millonarias de recursos públicos.

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