Sierras de Choix y Tarahumara, sin ley

La disputa de dos grupos de narcotraficantes por el control de la franja fronteriza entre Sinaloa, Chihuahua y Sonora expulsa a decenas de familias y trabajadores mineros. Secuestros, asesinatos y torturas reinan en la sierra. Ni la presión de los dueños de las mineras ha logrado que los gobiernos estatales y federales recobren el control del territorio. Las empresas han comenzado el desalojo de sus trabajadores, quienes tienen que salir de la zona por aire

Noticias de Caborca*

Choix, Sinaloa. Gavilleros y sicarios, integrantes de dos grupos vinculados con el narcotráfico, se encuentran en la franja fronteriza de Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Controlan en su totalidad la zona, pero principalmente los municipios de Choix (Sinaloa) y Urique, Tubares y Batopilas (Chihuahua).

Los efectos de sus actividades son resentidas por pequeños agricultores, ganaderos e indígenas tarahumaras que habitan esa región, y por los trabajadores de minas como las del Sauzal, la Cieneguita y Piedras Verdes. Poco más de 700 hombres viven de la actividad minera, desempeñándose como obreros en los tajos a cielo abierto y socavones, a pesar de los bajos salarios que, sin embargo, son mayores a los que pueden aspirar en actividades agrícolas o empleos en tiendas o negocios en sus comunidades de origen.

Aquí, desde el 13 de septiembre pasado inició una serie de secuestros y levantones por parte de sicarios pertenecientes a dos grupos en pugna. El primero, relacionado con el cártel de Sinaloa y apoyado por La Línea, que domina redes de narcotráfico en Chihuahua; y el otro, perteneciente a Los Mazatlecos, aliados de los Beltrán Leyva, y quienes pretenden ingresar a la zona haciendo uso del terror: asesinatos, privaciones de la libertad y desapariciones de aquellos a los que consideran del “grupo contrario”.

Sin embargo, esas acciones no se han limitado a personas inmiscuidas en el negocio del narcotráfico, sino que también han afectado de manera directa a empleados de las minas ubicadas en esa franja, principalmente a oriundos del municipio de Choix. Cuando los mineros son identificados, se les amedrenta para que abandonen la zona, al considerarlos integrantes (cada quien a su modo) de los grupos en pugna o delatores ante las autoridades.

Así, días antes de un levantón de seis mineros había ocurrido un operativo de militares en la región. Los soldados se enfrentaron a un grupo armado, al que le decomisaron los vehículos y el armamento que los gatilleros abandonaron en sus huida después del enfrentamiento. Algunos de los automóviles fueron sacados de domicilios de personas que son consideradas por los miliares como cabecillas de estos grupos. Los vehículos fueron quemados y abandonados en la sierra por los militares, ya sea por sus condiciones mecánicas o porque no podían llevárselos y entregarlos a las autoridades competentes para su aseguramiento.

Ese operativo –a decir de algunos de los mineros que volvieron a sus casas, y que fueron entrevistados por Noticias de Caborca– sólo sirvió para calentar el ambiente de hostilidad entre los grupos de sicarios. Antes sí dejaban trabajar, dicen, pero ahora “nos achacan que los soldados subieron a la sierra a realizar ese operativo que estorba a sus actividades, justo en este tiempo de cosecha del enervante y posterior traslado a los centros urbanos o de acopio para después acercar la droga a la frontera e introducirla a Estados Unidos”.

En el municipio de Choix, a finales de septiembre, ocurrió un enfrentamiento que tuvo como resultado tres sujetos muertos, calcinados. Al siguiente día, poco antes las 11:00 horas, se informó del hallazgo en un paraje cercano a Bajósori –comunidad de este municipio– de una cabeza humana colgada en un árbol (o un anuncio).

Aunque la información oficial no fue entregada a los medios de comunicación, familiares del joven ya lo habían identificado: se trataba de quien llevara en vida el nombre de Gontram Villalba, hijo de un reconocido residente de este municipio.

De acuerdo con informes extraoficiales, esta persona había sido levantada hacía poco más de un mes en el vado del río Choix, cuando se encontraba con algunos amigos. El motivo –dicen los pobladores– es que un hermano suyo era buscado por sus captores para asesinarlo y usaron a Gontram para que se entregara, lo cual no sucedió.

Al parecer, sus captores lo mantuvieron con vida para exigirle al hermano que se pusiera en sus manos, pero al no lograr su objetivo y en represalia por la muerte de los sicarios en una emboscada perpetrada por un grupo rival, determinaron asesinarlo. La ejecución ocurrió pocas horas después del enfrentamiento. Lo asesinaron y después lo decapitaron, aunque se dice que al parecer no presentaba los signos de tortura que suelen hacer estos grupos de gavilleros para escarmentar a sus rivales o provocarles pánico. Según la gente del pueblo, Gontram no estaba relacionado con hechos delictivos.

Este asesinato se suma a los tres que se dieron un día antes, cuando sicarios emboscaron a miembros de otro grupo delictivo después de que huían hacia la sierra, al ser frustrado un intento de levantón de una persona del grupo que posteriormente los emboscaría. En el enfrentamiento se usaron granadas.

Ola de violencia

Ahora, la población teme que inicie una escalada de violencia entre los dos grupos que se disputan el control de la “plaza” y que, dicen, es una guerra encabezada por dos líderes que antes formaban parte de una misma pandilla.

Así, por motivos de poder y territorio, hoy se encuentran enfrentados: uno es el del actual lugarteniente del cártel de Sinaloa y encargado de la “plaza”; el otro, es el que encabeza un conocido gavillero que controla el territorio en la sierra del Picho y quien ha protagonizado varias batallas de gran envergadura tanto con el Ejército, agentes federales, estatales y municipales, como con sus hoy rivales, a quienes abandonó al sentirse traicionado. Ahora están midiendo fuerzas.

El segundo grupo, según se dice, lo encabeza también el narcotraficante conocido como Don Benito y el otro de apodo el Lemo (Adelmo Núñez), quien ahora es parte del grupo de Los Mazatlecos, mismos que quieren apoderarse de la zona. En su “guerra”, no reparan en asesinar y levantar a personas que ellos consideran pertenecientes al “grupo contrario”, familiares de los líderes –aunque no estén inmiscuidos en este negocio– e incluso a inocentes.

Lo anterior ha llegado a los más altos niveles de la organización delictiva a la que pertenecen (o pertenecían), donde según se rumora, han sido emitidas directrices terminantes para que estos personajes sean sustituidos ante los abusos y perjuicios cometidos a la economía de la región, al tomar posesión de minas y campamentos de empresas operantes propiedad de grandes consorcios internacionales, quienes exigen a los gobiernos estatales de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, así como al gobierno federal, terminen con este estado de caos, violencia e inseguridad.

Estos grupos criminales se mueven y actúan en los límites de las tres entidades, sin que hasta el momento ninguna autoridad les haya parado los pies, pues –afirman– están involucrados también jefes policiacos de los tres niveles; y más, al comentarse que también el Ejército recibe sobornos para permitirles desplazarse por todo este territorio sin mayores inconvenientes.

Mineros, asolados por los delincuentes

Hasta ahora se habla de que al menos tres minas están paralizadas, dos de ellas, las más importantes: la de Piedras Verdes y El Sauzal, que dan empleo a unas 700 personas. La primera a unas 300 y la segunda a unas 400, hablando en cifras conservadoras. La tercera es La Cieneguita.

La violencia y amenazas de estos grupos delictivos contra trabajadores y personal directivo y operativo llevó a que los trabajadores huyeran en desbandada. En el caso de Piedras Verdes, unos 200 mineros fueron trasladados hacia la ciudad de Chihuahua, en donde se les pagaron pasajes a sus lugares de origen (en su mayoría, provenientes del municipio de Choix); en el caso de El Sauzal, fueron evacuados vía aérea más de 300 trabajadores hacia Culiacán y Chihuahua, al poseer este gran consorcio trasnacional naves aéreas así como campos de aterrizaje para su operación.

Todo esto se derivó de dos hechos recientes y más relevantes: el secuestro de siete empleados de la mina La Cieneguita por un grupo armado que ingresó a sus instalaciones, y que fue dado a conocer por trabajadores y autoridades de Cieneguita de los Trejos, del ejido Piedras Verdes; y también de otro hecho: un día antes del secuestro, otro grupo armado bloqueó los accesos y –se dice– levantaron al menos a dos proveedores de la mina El Sauzal, mismos que trabajaban para una distribuidora de aceites automotrices.

A partir de ahí se inició el éxodo. Primero de manera esporádica: uno o dos mineros que se asustaban y dejaban su labor; después, por la presión de los trabajadores a los directivos (que también fueron amenazados) se orilló al menos a los de la empresa minera de El Sauzal a evacuar en grupos de ocho personas en sus propias aeronaves a los trabajadores. Éstos fueron trasladados a la ciudad de El Fuerte, donde fueron recibidos por militares de esa zona y revisados para descartar que trasladaran algo ilícito. Posteriormente fueron dejados en libertad de seguir su camino.

A ellos le siguieron empleados de la mina Piedras Verdes, que fueron trasladados en camiones y camionetas hacia la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde abordaron autobuses a sus tierras de origen (principalmente al municipio de Choix y algunos poblados de la sierra de Durango).

Al respecto, las autoridades de Chihuahua y Sinaloa han declarado que desconocen tal situación, pues no han recibido denuncias oficiales al respecto. Por ejemplo, el procurador de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que no les han pedido apoyo a ellos.

Mientras que el 14 de septiembre, un día después del desalojo, su homólogo chihuahuense, Carlos Manuel Salas, declaró que los mineros de El Sauzal solicitaron el apoyo del estado ante los problemas con sujetos armados que atemorizan el lugar. “En coordinación con la 42 Zona Militar se estableció un mayor patrullaje en ese lugar”.

Pero todo esto sólo sirvió para engallar a los grupos delictivos, quienes se presentaron en los campamentos de la mina El Sauzal y Piedras Verdes y se apropiaron de ellos. De ahí, se desplazaron a los puntos de revisión y retenes que mantienen en los caminos de acceso, como la carretera que va de Choix a Batopilas, Tubares y hacia el municipio de Urique.

Los últimos días de septiembre, a raíz de los enfrentamientos en Choix, un convoy de aproximadamente ocho vehículos (contabilizados dos Hummer, dos Pick Up y dos camiones o rabones –como se les conocen– pertenecientes a la Secretaría de Marina) fueron vistos por el reportero. Pasaron por Choix rumbo a la sierra sin que hasta el momento se haya brindado información de los resultados de esta incursión. Por ello, se desconoce si el operativo era en relación con el enfrentamiento o bien con los hechos acaecidos días antes en las minas mencionadas.

Algunos mineros en paro forzoso dicen que han intentado comunicarse con los ingenieros encargados de la operación de las minas, pero no contestan a sus llamadas. Por lo tanto, creen que la situación es la misma que cuando dejaron sus labores.

En cuanto al tema de la comunicación, dicen que en cada uno de los campamentos y tajos es accesible. Sin embargo, la mayoría se resiste a llamar a sus familias: los delincuentes cuentan con sofisticados equipos que interceptan y ubican las llamadas que se hacen desde esos lugares hacia donde sea que llamen; y cuando son interceptados por los sicarios, éstos les quitan sus teléfonos para revisar el historial de llamadas. Así que la sicosis provocada es mayor, pues temen que algo no les guste a estos sujetos y sin deberla ni temerla sean levantados o asesinados en el lugar, como ha sucedido ya con varios compañeros. Las ejecuciones son ocultadas por los empresarios mineros, pues de hacerlo público no conseguirían quien fuera a trabajar a esas minas, señalan los entrevistados.

Así, quien domina en la sierra son los sicarios, que imponen su ley con sus armas. Aquí el Estado está ausente: las autoridades están coludidas, compradas o cooptadas por el temor a esos grupos. No hay voluntad para remediar el problema. Los habitantes sólo esperan que un grupo logre la hegemonía y, bajo cuerda, los empresarios pacten para que los dejen seguir trabajando como sucedía antes de la incursión de la milicia.

Otra posibilidad de calmar la violencia sería la presencia permanente del Ejército, con retenes y cuarteles a lo largo de esa ruta y en las principales poblaciones, opinan algunos. Mientras esto no se haga, los grupos con mayor conocimiento del terreno, comunicaciones y armamento sofisticados mantendrán en sus manos el poder y la ley. La ley del más fuerte.

*Colaboración especial del director del sitio www.noticiasdecaborca.com (especializado en noticias sobre seguridad y política de la región de Caborca, Sonora)

Minas

El Sauzal (la Brigida-Batopilas)

• Tipo de trabajo: tajo abierto

• Estado: productor

• Clasificación: activo/verificado

Propiedades de la mina

• Producto: oro, plata

• Propietario: Goldcorp, Inc; Minas de la Alta Pimeria, SA de CV

• Ubicación: México, Chihuahua

• Hito más cercano: Choix

• Dirección desde hito: Noreste

• Latitud: 27° 0′ (Norte)

• Longitud: 107° 52′ (Oeste)

El Sauzal se explota a cielo abierto. Se trata de un depósito de oro (epitermal oxidado, alta sulfuración), concesionado a través de siete permisos de exploración que involucran 10 mil 250 hectáreas. Una de las concesiones, La Brigada, alberga el proyecto de oro El Sauzal. La propiedad La Cristina está localizada cerca de 100 kilómetros Sur-Sureste del Sauzal, y cubre un área de 3 mil 305 hectáreas y contiene múltiples ocurrencias de metales preciosos. Al 30 de junio de 2008, la producción de oro fue 15 por ciento menor al periodo similar de 2007, principalmente como resultado de leyes menores y la reducción en toneladas minadas, ya que ésta se encuentra cerca de la etapa de agotamiento.

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