Santiago de Anaya, Hidalgo. El ruido de los motores interrumpe la tranquilidad del monte. Los tráileres que transitan sobre el perfecto trazo del camino contrastan con el paisaje rural y asustan a los animales, que se esconden en los arbustos.               

 

El polvo que levantan a su paso provoca tos a los lugareños. Nubes de tierra les irritan los ojos. En ambas orillas de la carretera –recién aplanada, pero no asfaltada– aparecen magueyes deshidratados.

 

Toda la vegetación comienza a adquirir una tonalidad grisácea. El volumen del ruido aumenta: es el camino hacia la Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV. La empresa es una cementera ubicada en el corazón del Valle del Mezquital, en el municipio Santiago de Anaya, Hidalgo.

 

El regidor Telésforo Patricio Rodríguez explica, en entrevista con Contralínea, que la cementera ha afectado la vida en su comunidad. “Ha devastado nuestro cerro, la flora y la fauna. Además nos han quitado el agua”.

 

La cementera es propiedad de los empresarios Carlos Slim y Antonio del Valle. Su construcción inició a finales de enero de 2011, e inició operaciones a inicios de diciembre de 2012. Miguel Ángel Osorio Chong, en ese entonces gobernador de Hidalgo, y Fernando Ruiz Jacques, director general de la cementera, colocaron la primera piedra.

 

La construcción de ésta implicó una inversión de 230 millones de dólares. La compañía se asienta en un área de 3 millones 722 mil metros cuadrados, es decir, poco más de 372 hectáreas.

 

Al inaugurarla, Ruiz Jacques anunció que en la empresa se producirán 600 mil toneladas de cemento de alta calidad al año. “Además, se construirá un camino de acceso de 8.5 kilómetros”.

 

Finalmente, señaló que se invertirán 25 millones de dólares para el cuidado y la conservación del medio ambiente, y se impulsaría un programa ambiental para el cuidado de la flora y fauna de la zona.

 

Osorio Chong, resaltó que la empresa contribuiría al cuidado del medio ambiente de la región. “Con este tipo de empresas, comprometidas con la comunidad y el entorno, cerca de la población y en paz, es como se deben construir las acciones en el país para lograr el desarrollo”.

 

Sin embargo, los indígenas hña hñú (otomíes), habitantes del municipio, señalan que en el mediano plazo los impactos para la comunidad serán devastadores. Prevén contaminación ambiental por las emisiones de polvos y furanos.

 

El regidor señala que se trata de un embate a su cultura. “La cementera nos va a contaminar el agua, los montes, la vegetación, la producción de maíz, cebada, frijol y avena, entre otras. Se perderían nuestras tierras debido a la contaminación que emerge de la empresa”.

 

Explica que a causa del dióxido de carbono emitido por la cementera, puede haber casos de malformaciones, cáncer y contaminación de cultivos y agua en su comunidad.

 

De acuerdo con datos asentados en el Registro de Emisiones y Transferencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cementera Cruz Azul, ubicada en el mismo estado, despide anualmente 990 mil 490 toneladas de dióxido de carbono, 11 de benceno, 460 mil kilos de plomo y 140 mil de mercurio.

 

La cementera Cemex (Cementos de México), asentada en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, emite 849 mil 397 toneladas de dióxido de carbono y 7 de benceno.

 

“Nosotros como indígenas pedimos la clausura del proyecto. Le pedimos a Osorio Chong, ahora secretario de Gobernación, que mire hacia nuestros pueblos. Yo platiqué con él cuando pusieron la primera piedra en mi calidad de representante legal de los transportistas y se comprometió a beneficiar al municipio. Exigimos que cumpla”, menciona el regidor.

 

Los indígenas temen que se utilice material radioactivo en la cementera. Explican que Antonio Taracena Sosa, ahora director general de la empresa, ha utilizado dicho material en otras compañías donde ha sido empleado.

 

Ponciano Jiménez encabeza la lucha contra la cementera. Es también regidor del municipio. Sostiene que “la historia negra entre los pueblos indígenas se repite una vez más: llegan los ricos, explotan la riqueza natural y aunque prometen desarrollo en estos lugares, sólo dejan contaminación, más pobreza y enfermedades graves”.

 

El 13 de diciembre de 2011 indígenas de Santiago de Anaya acusaron a Martín Bermúdez Mendoza, delegado de la Semarnat en Hidalgo, y a Cliserio Ramírez, presidente municipal, de ser cómplices del “ecocidio” que amenaza a siete comunidades del municipio.

 

Marco Antonio Rico, líder estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, informó que en el listado vegetal de la Semarnat aparecen especies catalogadas como amenazadas dentro del territorio donde se ubica la cementera, e identificaron ahí a 103 especies de mamíferos, cinco de ellas en peligro de extinción. No obstante, la empresa abarca más de 372 hectáreas.

 

En el oficio número 133.02.02/213/2010/102150, emitido el 1 de septiembre de 2010 por la delegación estatal de la Semarnat, se indica que “el impacto relevante derivado del desarrollo del proyecto es la pérdida de la cobertura vegetal. A consecuencia se eliminará una superficie del cerro para la explotación de piedra caliza que actualmente están cubiertas de material xerófilo, dicha pérdida de vegetación es considerada un impacto adverso residual significativo por lo que se llevará como medida de compensación el rescate de especies de flora y fauna y su reubicación, la recolección de semilla de planta nativa y la reforestación, así como la restauración de las áreas explotadas mediante terrazas y su revegetación”.

 

Además, se explica que por el desarrollo del proyecto se pone en riesgo la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, originado por la remoción de la vegetación inherente al cambio de uso de suelo, toda vez que se incrementa la velocidad de los escurrimientos hacia las partes bajas de la subcuenca.

 

También se modifica la función de las zonas de recarga de acuíferos y el restablecimiento de los mismos debido a la disminución en la capacidad de infiltración ocasionada por el cambio de composición física del suelo y el incremento de la erosión.

 

Por lo anterior, la Semarnat consideró válido ejecutar el Programa de Protección de Especies (flora y fauna), el de Rescate de Flora, el de Rescate y Ahuyentamiento de Fauna, el Programa de Conservación de Suelo y el Plan de Abandono.

 

En agosto de 2012, Antonio Taracena se reunió con diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación. Explicó que las diferentes especies de cactáceas que quitaron para abrir los caminos han sido rescatadas y se mantienen en un vivero. “Vamos a replantar en la zona esas 33 mil 500 plantas”, mencionó.

 

“Es una planta de cemento que tiene todos los permisos que requieren los tres niveles de gobierno. Estamos cumpliendo con la ley y las normas ecológicas. No hemos dañado [el medio ambiente].”

 

Sin embargo, Marco Antonio Moreno Gaytán, líder de la Sociedad Ecologista Hidalguense –organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en la defensa del entorno ambiental– señaló que la cementera se ha instalado en un sitio ambientalmente importante para la entidad; no obstante, ha puesto en riesgo la relación estrecha entre seres humanos y naturaleza: violenta los derechos de las comunidades indígenas y su derecho a la autodeterminación.

 

En el documento Análisis de la problemática ambiental de la empresa cementera Santa Anita expresa que “más allá del manifiesto de impacto ambiental y de los resolutivos de la Semarnat y de las respuestas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, esta empresa ha incurrido en una serie de irregularidades que impiden que los conceptos de justicia ambiental y derechos indígenas se cumplan de manera precisa”.

 

El especialista explica que el ambiente no sólo es el conjunto de recursos naturales sustentados en el aire y el suelo, sino que además incluye el medio construido por el ser humano en el que caben las tradiciones y la cultura.

 

“El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente”, señaló la conferencia de Estocolmo, celebrada en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas.

 

Moreno Gaytán advierte que dichas consideraciones no han sido abordadas por la propia autoridad ambiental, y que al ser México un país miembro de aquella conferencia debió buscar que la instalación de empresas en el municipio hidalguense pudiera hacerse valer ese principio.

 

“Además de ello, México ha contrariado compromisos internacionales en los que se establece de manera clara la búsqueda para lograr justicia social y ambiental con base en el respeto a los derechos humanos”, indica.

 

 

Por lo menos 1 kilómetro antes de la entrada a la cementera se han colocado casetas que vigilan a todo aquel que transita por ahí. Hombres con radios observan las placas de los vehículos.

 

A lo lejos, en el monte, aparece la cementera. Tres torres –aún en construcción– resaltan en el cielo azul del Valle del Mezquital. Un letrero que advierte “no vendedores ambulantes” (sic) da la bienvenida.

 

Un cuarto construido con maderas y situado a escasos 100 metros de la puerta principal cubre del sol los productos Sabritas, los refrescos y demás comida chatarra que se vende a los trabajadores. En la parte trasera del cuarto chorrea agua con jabón hasta formar un arroyo y se introduce en la escasa vegetación.

 

 

La cementera también ha causado daños en la estructura de las grutas Xoxafi. Alejandro Cabrera Barroso, geólogo encargado del estudio geológico realizado por Magma Servicios para informar sobre el estado de las grutas, indicó que para la operación de la cementera sería necesario realizar la explotación de una cantera de rocas calizas y lutitas.

 

De acuerdo con el estudio, el uso de explosivos en la cantera de la cementera para la extracción de las rocas va a generar ondas sísmicas de diferentes intensidades: directa, indirecta y refractaria.

 

El radio de las ondas puede llegar a 18.5 kilómetros a la redonda. A la distancia de 3.9 kilómetros afectaría a las grutas; a los 7.4, a las comunidades de Santiago de Anaya; y a los 18.5, al municipio de Actopan.

 

Debido a que la zona de grutas es la más cercana, podría haber desprendimientos del techo y de las paredes, lo cual, señala el estudio, pone en peligro la estabilidad de la gruta y, con ello, la vida de los excursionistas y visitantes.

 

Cabrera Barroso recomienda realizar un levantamiento topográfico de las grutas para ver qué relación geológica guarda con los terrenos donde se construyó la cementera. Además, realizar un levantamiento geológico donde se señalen fracturas, juntas, fallas y contactos. “Lo anterior, para proceder a realizar el reforzamiento de techos y paredes antes de que se inicie la explotación de la cantera”.

 

También resalta la necesidad de construir otro acceso o salida a las grutas, con la finalidad de contar con una salida de emergencia.

 

Indígenas agrupados en el movimiento Santiago de Anaya Se Vive y Se Defiende explican que el estudio se realizó de manera independiente, ante la falta de respuesta de la Semarnat.

 

En el complejo ecoturístico Xoxafi se realizan, entre otras cosas, actividades propias de turismo de aventura: descenso a una gruta en estado natural y tirolesa.

 

 

El lugar es atractivo para los turistas que arriban cada fin de semana. En páginas de internet, las grutas se presentan como un lugar donde el turista puede descender hasta 100 metros en el interior del planeta o recorrer distancias de medio kilómetro mientras disfruta de las “caprichosas formaciones rocosas” que pueblan cada una de las grutas.

 

“Descubre los secretos de la tierra y libera tu emoción al máximo con la práctica de rapel y tirolesa, todo ellos como parte de una experiencia que no podrás olvidar: es un viaje al centro de la tierra”, se lee en una página de internet publicitaria.

 

Para cuidar el centro turístico, habitantes del municipio se han manifestado afuera del complejo empresarial. Ahí han hecho público su rechazo a la cementera. En las manifestaciones ha participado Javier Cruz, quien señala que a finales de diciembre iniciaron las primeras explosiones. Menciona que el estruendoso ruido hizo vibrar los vidrios de las casas cercanas durante 3 días.

 

“No se puede vivir así, y eso que la explosión fue sólo de prueba. No queremos estar con ese ruido todo el tiempo. Además, las casas pueden sufrir cuarteaduras en su estructura”, explica.

 

Dulce Castillo, también habitante del lugar, indica que gran parte de sus ingresos los obtiene de la venta de alimentos a los turistas que atraviesan por su comunidad para visitar las grutas. “Sin turismo, ¿de qué vamos a vivir?”, se pregunta.

 

Las grutas son gestionadas por el municipio. Los habitantes dicen que uno de sus principales motores es el económico, lo cual obliga a cuidar el patrimonio en el que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas invirtió alrededor de 4 millones de pesos durante la administración de Felipe Calderón.

 

El regidor Telésforo Patricio Rodríguez señala que desde el inicio de la construcción de la cementera los habitantes de la comunidad El Palmar, donde se ubican las grutas, temen por los derrumbes o por el posible colapso de todo el sistema de grutas. “Es un lugar turístico, para el cual, con mucho esfuerzo, se han buscado recursos para poder darle un realce a su municipio”.

 

Menciona que la gente de la comunidad está alarmada debido a que en la gruta han habido derrumbes, como también fracturas en las casas. Incluso, especialistas les han informado que es posible que el convento de Actopan se fracture por las ondas de la explosión.

 

 

Una caseta de vigilancia con dos trabajadores y una reja metálica impiden el paso hacia la cementera. Sin embargo, a la distancia se puede ver el ir y venir de los empleados, los autos de sus superiores y el paisaje devastado en la parte trasera.

 

Trabajadores ataviados con casco azul charlan sobre futbol mientras intentan cubrirse del sol. No hay lugar de resguardo. Afuera y adentro de la cementera la vegetación es escasa.

 

“Estimado vecino: aquí se construye el camino de acceso a la planta cementera de la localidad El Palmar, municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. Disculpe las molestias que esta obra le ocasiona. Por su comprensión, gracias”, dice un letrero, identificado con el logotipo de la empresa, en la entrada.

 

Dicha construcción no es la única “molestia” que la cementera causa a los pobladores de Santiago de Anaya. Se han instalado postes en las banquetas –incluso al interior de algunos predios– para dotarla de energía eléctrica.

 

A inicios de diciembre de 2012 se presentó un estudio técnico realizado por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el que se ponen de manifiesto las irregularidades en la colocación de postes.

 

“Los postes no respetan la distancia requerida por la norma en la materia; además, existen riesgos físicos a los que se está expuesto por el sólo hecho de la cercanía. Y por la proximidad a las líneas de transmisión eléctrica, se producen varios efectos nocivos al medio ambiente”, señala el estudio.

 

Entre ellos destaca el efecto corona, el cual consiste en la ionización del aire que rodea a los conductores de alta tensión. Se manifiesta en forma de pequeñas chispas o descargas a escasos centímetros de los cables. Puede generar interferencias en los aparatos de radio y televisión de los hogares.

 

Otro de los problemas detectados es la producción de ozono y óxidos de nitrógeno.

 

Los postes forman un tendido eléctrico de 24 kilómetros que inicia en Actopan y llega hasta el Cerro Tepha. Asimismo, cuentan con una línea de transmisión de 85 mil volts.

 

La norma NRF-014 sobre derechos de vía de la Comisión Federal de Electricidad tiene el propósito de proteger a las personas de los efectos ocasionados por la cercanía a las líneas de transmisión de alta tensión; sin embargo, según el SME, en el caso de la comunidad de Santiago de Anaya esta norma no ha sido respetada.

 

 

Además, el tendido eléctrico cruza por zonas urbanas cuyas calles cuentan con un ancho inferior a 12 metros y banquetas de 1 metro –en algunos casos inexistentes– pero la norma exige un ancho de por lo menos 15 metros.

 

“En la zona rural se observó la obra inconclusa, sólo se destaca el posible trazo de la carretera a la cementera Santa Anita. Al cruzar el tendido eléctrico por la zona urbana de la comunidad Patria Nueva, pasaría por encima de casas habitación y se afectaría la referida norma en los ejidos correspondientes de ese punto a la cementera”, indica el estudio.

 

Telésforo Patricio Rodríguez expone que “la cementera es un dolor de cabeza para todos los santiaguenses y los municipios aledaños porque con la electrificación de la cementera están invadiendo los predios de los vecinos.

 

“Los indígenas exigen una indemnización. Han mandado hasta la fuerza pública para quitarles sus predios: policías estatales y municipales han servido para plantar los postes que electrificarán a la empresa. Expertos nos han indicado que los postes provocan ruido e interferencia a los aparatos electrodomésticos de la gente. Hasta cancerígeno puede ser”, señala.

 

Finalmente, los indígenas del Valle del Mezquital exigen a la Presidencia de la República que forme un grupo de trabajo para resolver la problemática.

 

“No porque Carlos Slim y Antonio del Valle, dueños de la empresa, sean poderosos les tienen que dar concesiones. Nosotros somos dueños de esas tierras y nos dejan al olvido. Solicitamos a los ambientalistas estatales, federales e internacionales que vengan a hacer una revisión de la destrucción que ha provocado la industrialización.”

 

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con Marcelo Román, director de la planta, a través de Cristina Callejas. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 343 / julio 2013