Llamó su atención una voz gruesa. La de un tipo alto y robusto, acompañado de otros tres sujetos de la misma complexión, armados. Habían bajado de una camioneta, sin placas, de doble cabina, plateada. “¿José Morales?”, le gritaron.

 

Era el 1 de junio de 2011, aproximadamente a las 18:30 horas. El hombre que respondió con un “sí”, temeroso al ver las armas, caminaba en los alrededores de su domicilio, en Huixquilucan, Estado de México, acompañado de su hijo.

 

Dos de ellos lo retuvieron. Intentaron subirlo a la camioneta. Su hijo trató de auxiliarlo. José Morales le pidió, con angustia, que se tranquilizara: “Que se hiciera a un lado, que me dejara”, recuerda –en entrevista con Contralínea– el empresario de 65 años de edad. Ya en el vehículo, uno de sus captores le advirtió: “¡Yo soy el comandante!”.

 

Así comenzó el calvario para el ingeniero. Además de vivir la tortura a manos de integrantes de la Policía Estatal de Durango, pasó por la extorsión, la cárcel y continuas amenazas de muerte, relata el empresario.

 

 

A bordo de la camioneta, los cinco hombres se dirigían a Querétaro. El empresario cuestionaba el porqué de todo ese escenario. No había respuesta: “Oye, déjame hablar a la casa –pedía–, para que no se queden con pendiente”. Ninguno de ellos aceptó.

 

Llegaron a su destino ya de noche: “Me guardaron en un lugar raro, un cuarto sin luz. Al día siguiente, por ahí del medio día, pasaron por mí. Otra vez me treparon a la camioneta”, relata.

 

“Dos de los hombres ocupaban los lugares del piloto y copiloto. Los otros dos, atrás, con el empresario. De uno de los que venían adelante, después supe que se llamaba Marco Antonio de Haro Rosales”.

 

El camino fue incierto e inseguro. La camioneta era manejada a “toda velocidad”. El empresario, sin el seguro de la puerta habilitado, viajaba en el asiento trasero. Pensaba: “Si algo pasa voy a salir disparado”.

 

Hablaban entre ellos mientras él pedía: “Déjame llamar a la casa”. Lo único que respondieron fue: “Dinos con quién podemos hablar, hablamos nosotros’. Les di el número de celular de mi hijo”.

 

El destino fue Durango. “Mi sorpresa fue que me llevaron a la Procuraduría Estatal sin decir nada. Antes de llegar a la fiscalía, De Haro Rosales bajó del vehículo. Me dijeron que debía de depositar 13 millones, porque tenía problemas con unos módulos de mezcal que habíamos construido en el estado. El dinero era para que me liberaran. Me decían que estaba en un gran problema, que necesitaba pagarles a ellos…”.

 

 

Una vez en la Procuraduría, José Morales fue puesto a disposición de las autoridades locales. No hubo la llamada que se le permite hacer a cada detenido. Tampoco la notificación de que se le estaba llevando un proceso.

“Ahí me sentí seguro; pasé dos días. Luego me depositaron en el Cereso [Centro de Reinserción Social 1 de Durango]. Ya que me tomaron las huellas dactilares, descansé un poco. Me sentí más tranquilo porque ahí por lo menos había registro de dónde estaba. Todo ese tiempo me dijeron: ?’Vamos a hablar con tu hijo; tienes que pagar esto porque si no te la vas a pasar muy mal y te vas a morir’”, recuerda.

 

Ya en el Cereso consiguió una tarjeta telefónica. Pudo hablar con su hijo. Le dijo dónde estaba. Le pidió que se comunicara con su abogado para que se trasladaran a Durango.

 

 “Dile a tu mamá y a tu hermano que estoy bien. No quiero que me vean, se van a asentir angustiados”, solicitó.

 

Al día siguiente, por la mañana, lo llevaron al Juzgado 2 para leerle la sentencia.

 

 

El trasfondo de esta detención en la que no se le garantizaron sus derechos humanos, es –a decir del propio José Morales Cervantes– un supuesto fraude en el que está involucrado y que fue cometido contra mezcaleros de El Mezquital, en Durango.

 

La operación costeó los 13 millones de pesos que, a decir del hombre de 65 años, Marco Antonio De Haro Rosales trataba de negociar personalmente con el abogado e hijo del empresario. El caso continúa en tribunales, después de casi un año de haber sido detenido.

 

José Morales Cervantes relata: “Se trata de una licitación, de la cual nosotros ganamos el suministro de equipo en 2007. Nuestro compromiso era entregarlo y echarlo a andar. Ellos, los cooperativistas, tenían que construir las naves, poner el terreno. A través de un contrato se llegó al acuerdo de que a los seis meses de haberse firmado, entregaríamos el equipo. Sin embargo, al tiempo no estaban construidas las instalaciones. Entonces tuvimos que esperar casi un año porque ellos no tenían los recursos.

 

“Luego –dice–, hubo problemas con las instalaciones eléctricas para echar a andar el equipo, faltaba el agua, en fin; todo un proceso.”

 

Después de 10 días de encierro, el empresario mexiquense siguió librando juicios contra él y su empresa.        Los traslados a Durango continúan en medio de la zozobra, mientras se resuelve la denuncia presentada ante el juez segundo de lo penal, Juan Manuel Lira Gallegos. La investigación por violación a los derechos humanos del mexiquense también se mantiene abierta.

 

 

De acuerdo con Human Right Watch, “el gobierno de México  debe adoptar medidas para proteger a sus ciudadanos frente al delito; y cuando éstos sean víctimas de la delincuencia, el gobierno tiene la obligación de asegurar que el sistema de justicia penal funcione de manera adecuada para brindarles recursos efectivos”.

 

A través del informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, la organización internacional pudo observar que en el país hay una política de seguridad pública que “fracasa seriamente en dos aspectos: no sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente”.

 

Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la “guerra” encabezada por el presidente Felipe Calderón “exacerba un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.

 

Agrega que es “habitual” que agentes del Ministerio Público militar y civil no lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos donde existen indicios de que civiles habrían sido sometidos a graves abusos. Además de que es constante que servidores públicos desestimen las denuncias de las víctimas argumentando que son falsas, y describan a los quejosos como delincuentes (incluso cuando altos funcionarios expresan públicamente su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos).

 

La organización internacional también resalta el tema de la “presunción de inocencia” como uno de los derechos fundamentales en la Constitución.

Ésta, indica en su informe, “constituye un principio central del sistema de justicia del país y de numerosos tratados internacionales referentes a los derechos humanos ratificados por México”.

 

Destaca que a pesar de estas garantías, en México, las personas que son señaladas como responsables de un delito y cuyos derechos fueron vulnerados por funcionarios para incriminarlas, a menudo se enfrentan a un doble obstáculo: “Deben probar su propia inocencia y, al mismo tiempo, demostrar que sus derechos fueron violados por funcionarios públicos. Esto se debe a que, en la práctica, a menudo el sistema de justicia penal de México presupone que los sospechosos son culpables mientras no se demuestre su inocencia, en vez de exigir a la acusación que presente pruebas contundentes para incriminarlos.

 

“La decisión de no investigar denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos constituye una abdicación por parte de México de sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, que obligan al Estado a investigar denuncias creíbles de abusos. No obstante, prevalece en México una práctica perversa por la cual se obliga habitualmente a las víctimas a probar que sus derechos fueron cercenados.”

 

Human Right Watch indica que es posible que algunas víctimas de violaciones de derechos humanos “puedan haber cometido delitos anteriormente. Pero esto no justifica que se violen derechos fundamentales de las personas detenidas, y la condición de presunto delincuente de una persona no debería en ningún caso permitirle a las autoridades a desestimar sus denuncias cuando afirme haber sido víctima de abusos. Por el contrario, todos los ciudadanos deberían beneficiarse de la presunción de inocencia, y el Estado debería investigar en forma oportuna e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.

 

“Las violaciones graves de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad pueden dejar huellas profundas y duraderas en las víctimas y sus familiares”, indica el organismo internacional.

 

El mismo informe destaca que las prácticas policiales abusivas debilitan la confianza de la población civil en las fuerzas de seguridad, indispensable para la efectividad de las medidas para mejorar la seguridad pública.