El patrimonio histórico, cultural, artístico y fósil del país, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resguarda, se encuentra en “grave riesgo”, refieren Felipe Echenique, secretario general del Sindicato Nacional de Académicos del INAH; Cuauhtémoc Velasco, doctor en historia e investigador del Instituto, y Sergio Gómez, arqueólogo del INAH.
Desde 2009, la institución encargada de proteger, conservar y difundir el patrimonio nacional transfiere al Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México 300 millones de pesos anuales etiquetados por la Cámara de Diputados para la creación de un fondo arqueológico cuyo objetivo era la compra de tierras y la protección del patrimonio en caso de riesgo o desastre.
La finalidad, a decir de los diputados, era enfrentar la problemática de la tenencia de las tierras donde hay vestigios arqueológicos. El Fondo Arqueológico, en voz del exdiputado José Alfonso Suárez del Real, se gestó a partir de la inquietud de resolver el conflicto en Chichén Itzá, Yucatán. “Un caso paradigmático donde una zona arqueológica que es patrimonio de la nación y de la humanidad está en los terrenos de un particular”.
Y, por otro lado, la caída (por una tromba) de la techumbre de los frescos de Cacaxtla, en la zona arqueológica de Tlaxcala. Según el exlegislador, no había recursos disponibles para hacer frente a la situación y se partió del principio de generar un fondo que pudiera reaccionar de manera inmediata en caso de urgencias derivadas de eventos climatológicos o siniestros.
Desde la creación del INAH en 1939, el Instituto sólo ha adquirido 61 predios. La mayor parte de los más de 40 mil sitios arqueológicos en su custodia se encuentran a merced de especuladores inmobiliarios y desarrolladores de espacios turísticos.
Según datos de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, únicamente Tula es propiedad de la Federación; los demás sitios presentan diversos regímenes de tenencia de la tierra, ya sea de carácter estatal, municipal, ejidal, comunal o privado.
Aunque los sitios y zonas arqueológicas se encuentran protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sin importar el régimen de propiedad donde éstos se encuentren, la falta de conocimiento de la ley y la falta de supervisión en las zonas implican la destrucción, el saqueo de piezas y la comisión de delitos graves del orden federal.
La carencia de recursos para adquirir terrenos privados, de coordinación en los ámbitos municipal, estatal y federal, así como la caótica y conflictiva cuestión agraria son los problemas que enfrenta el INAH en su tarea, argumentaron los diputados ante el pleno de la Cámara para que el Fondo fuera aprobado.
Luego de que el Instituto rechazara la idea de mantener un fondo arqueológico, porque a decir de su vocero, Julio Castrejón, “no hacía falta”, los sitios con vestigios arqueológicos bajo la custodia del INAH quedaron en el desamparo.
De acuerdo con la versión del Instituto, el Fideicomiso fue instruido por la Cámara de Diputados en 2009. Sin embargo, José Alfonso Suárez del Real, exdiputado perredista y quien fuera miembro de la Comisión de Cultura que aprobó la creación del Fondo Arqueológico por 300 millones de pesos, asegura que al transformar el Fondo en Fideicomiso se violó la ley.
“El INAH violentó la disposición de la soberanía popular. El presupuesto es una ley. En este caso, los señores violaron una ley en la cual el pueblo de México, a través de sus representantes, designó 300 millones de pesos en un fondo que ellos transformaron en fideicomiso y, por ende, opacaron la transparencia y el acceso a la información sobre el presupuesto.”
Julio Castrejón asegura, en entrevista, que la figura jurídica de fondo no existe:
—¿Cuál es el objeto del Fideicomiso?
—El Fideicomiso fue creado por instrucción de la Cámara de Diputados en 2009
—¿Qué no era el Fondo el que fue instruido por los diputados?
??Es el mismo. La figura jurídica no existe en ningún lado como fondo, todos son fideicomisos. La figura existente es fideicomiso, todos son fideicomisos que operan como fondo. A este Fideicomiso Arqueológico también se le ha llamado “Fondo Arqueológico”.
No obstante, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla la figura jurídica de fondo en el artículo 107 fracción I. Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo confirma: “Sí existe la figura jurídica de fondo”. El académico señala que los diputados tenían la facultad de decidir si se conformaba una u otra.
Aprobado por la Cámara de Diputados, el Fondo Arqueológico quedó plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. “Es una figura jurídica administrativa existente, de otra manera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la hubiera impugnado antes de aprobarla”, rebate Suárez del Real al argumento del INAH.
Daniel Márquez, también especialista en administración pública, concluye que, de acuerdo con el artículo noveno de la misma Ley, los fondos se sujetan a reglas de operación. Los fideicomisos, por otro lado, permiten que se ejerza gasto sin que forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación ni se refleje en la Cuenta Pública.
El Fideicomiso constituido por el Instituto, refiere la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, es contrario al marco jurídico, puesto que distrae recursos de la Hacienda Pública Federal. Éstos se invierten para que el Instituto pueda utilizarlos mediante un presupuesto paralelo y transfiere al Fideicomiso su responsabilidad de agente ejecutor del gasto.
La ASF dictaminó negativamente ante la creación del Fideicomiso al considerar que el INAH dispuso de recursos destinados al programa PP: E012 Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación, y los asignó al Fideicomiso, con lo que el Instituto impidió el pleno ejercicio del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e infringió los artículos 126 constitucional, así como 23 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con esto, el órgano auditor presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 186 millones 430 mil pesos, debido a que el INAH no los ejerció y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Además, la ASF recomienda al Órgano Interno de Control en el Instituto que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no reportaron información sobre los egresos.
Al respecto, Julio Castrejón sostiene que el INAH no recibió un dictamen negativo y que las observaciones, a las que califica de “normales”, ya fueron solventadas.
Para Echenique March, el Fideicomiso es ilegal e ilegítimo. El también historiador espera una acción legal contra los funcionarios del INAH. “Si pidieron dinero para comprar las tierras de Chichén Itzá y no las compraron, se cometió un delito”.
Para el vocero del INAH, Julio Castrejón, el objeto del Fideicomiso es dotar de recursos a proyectos que, por su naturaleza, requieren una multianualidad para financiar proyectos de gran envergadura y la compra de tierras. Las prioridades, dice, son la protección patrimonial, la catalogación, el registro y el resguardo y, asegura, los recursos se han aplicado en eso.
Aunque la compra de tierras era prioridad, este año el Comité Técnico del Fideicomiso contempla financiar 25 proyectos, de los cuales apenas dos están enfocados en la adquisición de predios: la compra de 13 parcelas en la parte posterior de la pirámide del Sol en Teotihuacán, Estado de México, y la compra de parcelas en el ejido de Chalcatzingo, Morelos.
Uno de los proyectos prioritarios para el INAH y que recibe financiamiento del Fideicomiso, desde 2009, es el Exconvento de la Merced, en la ciudad de México, donde se prevé, de acuerdo con la Auditoría, la construcción de un edificio con seis niveles que albergará un museo, un restaurante y un bar.
Aunque Castrejón desmiente que en el sitio se abrirá un bar, afirma que el Exconvento es una prioridad para el Instituto y que el restaurante es parte de la experiencia cultural.
De acuerdo con la Auditoría, el INAH carece de mecanismos, políticas o procedimientos para seleccionar los proyectos que se realizan con recursos del Fidecomiso y exhorta al Instituto a emitir manuales para dar cumplimiento al artículo 7, fracción VII, de su Ley Orgánica.
Para el Instituto, la selección se basa en dos principios: el requerimiento de recursos a largo plazo (proyectos multianuales) y según la importancia histórica del proyecto, dice su vocero.
Documenta el informe de la ASF que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la cuarta sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2009, manifestó su inconformidad ante la elección de los proyectos que se financiaban con recursos del Fideicomiso, “ya que la finalidad es impulsar los proyectos con alguna urgencia o problema para ser realizados por el Instituto”, argumento que es apoyado por la Auditoría.
Julio Castrejón, a nombre del INAH, insiste en que el dinero no es para casos de emergencia: “No te serviría porque tenemos pocas emergencias al año”. Asegura que no se han recibido reportes de destrucción. Según el vocero, el INAH tiene asegurado todo el patrimonio cultural de México, además de que se cuenta con “un programa muy exitoso que tiene el Instituto en caso de desastres naturales”: Prevención de Desastres, que, en caso de eventualidades, pide recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales.
Dicho Comité está facultado, entre otras cosas, para aprobar las políticas de inversión del patrimonio del Fideicomiso y la aplicación de los recursos, e instruir los pagos por la adquisición de bienes, contratación de servicios, obras públicas y servicios.
El Informe de la ASF señala que el INAH no puede transferir, al fideicomiso o a su Comité Técnico, la responsabilidad de ejecutar el gasto para atender las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Tanto Cuauhtémoc Velasco, como Felipe Echenique y Sergio Gómez muestran su preocupación por contar a la brevedad con un plan para resolver la tenencia de la tierra y así mantener a salvo el patrimonio cultural del país.
Para ellos, los altos funcionarios del Instituto, “la burocracia”, como le llaman, han abandonado su interés por la investigación y la protección de lo arqueológico e histórico de la sociedad prehispánica, una sociedad que era “mucho más grande de lo que nadie se pudo haber imaginado” y que, ante la falta de interés por preservarla y estudiarla, se ve constantemente amenazada por el crecimiento urbano, el pillaje y la especulación.
“Esta burocracia ha llegado a administrar como mercancía o, en el mejor de los casos, como recurso turístico el patrimonio nacional, la identidad del pueblo mexicano. Lo que está ahí es una fuente de información”, dice Echenique. “Se pone en riesgo la información y la oportunidad de conocernos a nosotros mismos”, continúa Gómez. “En la medida en que la entendamos y conozcamos, tendremos una interpretación distinta del pasado y, por tanto, distintas posibilidades de futuro”, concluye Echenique.
Cuando se le pregunta a Cuauhtémoc Velasco cuáles son los sitios que se encuentran en peores condiciones, responde inmediatamente: “La lista es verdaderamente imposible de hacer; de ésos, hay miles y miles”.
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