Siete niños y seis niñas señalan a un sacerdote de haber abusado sexualmente de ellos en el Colegio Guadalupe del Sagrado Corazón. Los hechos habrían ocurrido cuando los menores esperaban ser confesados por el religioso. A pesar de las denuncias, el clérigo fue puesto en libertad por el Ministerio Público
San Juana Martínez/Contralínea Nuevo León
“¡Nuestros niños no son mentirosos, son niños valientes que lo denunciaron a la primera! ¡Dicen la verdad! ¡Queremos que lo detengan! ¡Queremos justicia!”, exige Luz Gutiérrez, monja y miembro del Consejo Directivo del Colegio Guadalupe del Sagrado Corazón, donde supuestamente el sacerdote Manuel Ramírez García abusó sexualmente de 13 menores: siete niños y seis niñas.
Sentada en la casa de las religiosas, ubicada al lado del plantel educativo en el municipio de San Pedro Garza García, hace un recuento de uno de los peores momentos que le ha tocado vivir en sus 40 años de carrera religiosa.
Fue el 27 de noviembre de 2012 cuando los alumnos de quinto grado de primaria, de entre 9 y 11 años de edad, se formaron para recibir el sacramento de la confesión por segunda vez en su vida.
Una semana antes, los pequeños habían hecho su primera comunión, y en esta ocasión fueron invitados a hacer un nuevo examen de conciencia para enmendar sus pecados. Estaban entusiasmados y alegres de recibir la visita de cuatro sacerdotes de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la orden de los Franciscanos, encabezados por el párroco Juan Barba.
Los niños se mostraban igualmente ilusionados de confesarse y recibir la correspondiente penitencia y, por supuesto, la absolución. El día siguiente sería especial porque iban a recibir la eucaristía: el cuerpo y la sangre de Jesucristo.
Eran las 10:00 horas cuando fueron pasando uno por uno al altar de la parroquia. Durante 1 hora los niños iban desfilando ágilmente. Después de eso, tres de los sacerdotes se disculparon y se fueron a atender otros asuntos. Sólo quedó el padre Manuel, que hasta las12:00 horas atendió a los menores.
La fila de los niños fue avanzando de manera más lenta. Los niños subían al altar y en una esquina, discretamente colocado, estaba el cura. Fue allí donde sucedieron los abusos.
“En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, dime tus pecados”, les decía de entrada.
Mientras los niños iban contando sus faltas, el padre habría aprovechado para acariciarlos. “A mí me gustan mucho los niños y las niñas”, les habría dicho, y abruptamente los habría besado en la boca y tocado los genitales. Algunos infantes no se dejaron: sencillamente esquivaron el abuso como pudieron.
Desconcertados, sin poder reaccionar, los niños descendían del altar muy inquietos, pálidos, temblando, incluso llorando, cuenta la hermana Gutiérrez.
“Se lo dijeron a la catequista. Y ella inmediatamente reaccionó. Se lo comunicó a la coordinadora de la Formación y la Fe del Colegio, pero ella decidió no actuar. Sin una explicación coherente, simplemente permitió que los niños salieran en su horario normal para volver a sus casas.”
Ahora esta coordinadora ya no trabaja en el Colegio.
“Fue una irresponsabilidad. Eso fue lo que los papás nos reprocharon y con razón. Ella tenía que haber comunicado a los padres de familia lo que sucedió en ese momento… Pero ya no está aquí. No dio tiempo a despedirla; ella se fue”, explica.
Con alevosía y ventaja, el sacerdote Manuel Ramírez habría aprovechado su ascendencia religiosa, su carácter de pastor y maestro, su superioridad física y moral para atacar a los más indefensos del rebaño católico: los niños y las niñas.
Pastor que devora corderos
En caso de ser culpable, ¿de cuántos niños ha abusado sexualmente el presbítero Manuel Ramírez? ¿Cuántos años lleva con esta conducta? ¿Hay más víctimas en otras parroquias o colegios?
La hermana Luz Gutiérrez dice que ésas son las grandes incógnitas. “Nosotros no tenemos esa información y sus superiores dicen que tampoco. Obviamente si la tienen, no nos van a decir. Pero que a los 75 años salga con estas mañas, pues que no nos cuenten”.
El día de los hechos la directora del Colegio, Gabriela Rodríguez, y parte del Consejo Directivo se encontraban en Guadalajara en una reunión de trabajo.
Cuando les notificaron lo sucedido regresaron a Monterrey de inmediato y al día siguiente, a las 07:00 horas, convocaron a una reunión con los padres de familia de las niñas y los niños presuntamente afectados.
Los padres exigieron la presencia del sacerdote supuestamente abusador Manuel Ramírez. Querían verlo, reclamarle, exigirle explicaciones. El cura acusado por las víctimas se resistió a aceptar los hechos. Contestó con evasivas.
La reunión se prolongó hasta las 19:00 horas. En ese momento decidieron presentar la denuncia y fueron turnados a la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales.
Durante toda la noche y parte de la madrugada se tomaron declaraciones a las víctimas, a sus padres y a la catequista. Para preservar y cuidar su identidad, los testimonios de los niños –en los que explican claramente los hechos así como el sentimiento que les despertó la agresión– sólo tienen las iniciales de sus nombres.
En el video que documenta la audiencia pública, el cura se muestra omiso. Cuando se le cuestionó sobre los hechos, se negó a declarar acogiéndose al Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le permite guardar silencio.
Protección y encubrimiento
El sacerdote fue favorecido por el nuevo Sistema de Justicia Acusatorio (juicio oral), y durante un periodo de 48 horas fue puesto a disposición del juez cuarto de control penal, Pedro Cisneros Santillana.
En la sala oral, durante la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre, que congregó a todas las partes y duró casi 5 horas, el cura argumentó ser inocente, al señalar que los niños y niñas estaban mintiendo.
Contrario a lo que los familiares de las víctimas, defendidas por el abogado Víctor Díaz, esperaban del Poder Judicial, el sacerdote fue puesto en libertad bajo el argumento de que el delito que enfrenta, “atentados al pudor”, no es grave.
“Fue la agente del Ministerio Público quien determinó su libertad con base en unas medidas cautelares, no fui yo”, se defiende, en entrevista, el juez Cisneros.
En su despacho, el magistrado explica que la ley permite la vinculación equivalente a la formal prisión y se le otorgan 3 meses para la investigación de los hechos, que concluyeron el 28 de febrero pasado:
“Nuestro Código [de procedimientos penales] establece un catálogo de medidas cautelares y, a solicitud del Ministerio Público, una vez que el imputado escuchó la acusación, se le prohibió regresar al Colegio, acercarse a los menores agredidos y someterse al sistema de vigilancia; por lo cual tiene que venir a firmar cada semana”, dice.
De acuerdo con la carpeta judicial 238/2012, el Arzobispado de Monterrey no tomó la iniciativa de suspender al sacerdote de su ministerio pastoral. Fue una orden judicial la que exigió que el cura quedara impedido para seguir oficiando misa de manera temporal, aclara el juez Cisneros.
En ocasiones previas, la jerarquía católica y los superiores de los sacerdotes pederastas, es decir, los obispos y cardenales, han actuado bajo un código de protección, encubrimiento y silencio en torno a los delitos sexuales del clero y contra las víctimas.
La impunidad ha sido la constante, porque la jerarquía católica mexicana se ha negado a abrir los archivos secretos para determinar el camino que han seguido los curas agresores, a pesar de que se especula que un 30 por ciento de los 15 mil sacerdotes han cometido abusos sexuales contra menores, según un estudio del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos.
El escándalo del sacerdote Ramírez coincide con la llegada del nuevo arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien declaró que desconocía el asunto a pesar de haber sido publicado por la prensa local.
La orden de los Franciscanos dio refugio al sacerdote, quien ha desaparecido, aunque debe presentarse cada semana a firmar mientras se integra la averiguación.
“Será un tribunal de juicio, es decir, un tribunal colegiado con tres jueces, el encargado de dictar sentencia”, dice el juez Cisneros.
Al cuestionar las razones de la libertad del acusado, el juez responde: “Nosotros, como autoridad judicial, siempre vamos a depender de lo que determine el Ministerio Público”.
Tras recordar a Cisneros que casi no hay sacerdotes encarcelados por pederastia, dice que en este caso el Poder Judicial dio seguimiento en conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público.
Aclara que, para evitar que el supuesto delincuente cometiera de nuevo el delito, se aplicó la medida cautelar, es decir, retirarlo de funciones para que no se acercara a los menores que lo denunciaron.
Sobre la posibilidad de que el supuesto delincuente pudiera atentar contra otros niños, el juez aclara que no se tomaron medidas que pudieran impedirlo.
Finalmente, el Colegio Guadalupe decidió emitir un comunicado para dar aviso a los padres de familia sobre lo sucedido y así intentar tranquilizar a la población estudiantil de primaria y secundaria.
Crímenes de lesa humanidad
La política de encubrimiento y silencio del Vaticano en torno a los delitos sexuales del clero en el mundo ha generado que la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes interpusiera una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la
santa sede.
El modus operandi de las distintas diócesis católicas en el mundo ha sido, a lo largo de la historia, cambiar a los curas pederastas de parroquia, estado o país.
Los sacerdotes acusados de abuso sexual son enviados a una especie de “clínicas”, donde se les prescriben pastillas para disminuir su apetito sexual, pero después de 3 o 6 meses vuelven a quedar en libertad y son enviados a una nueva parroquia.
Esto ha generado que haya sacerdotes pederastas que llevan más de 30 o 40 años abusando sexualmente de menores, como el caso del cura Nicolás Aguilar, quien violó a más de 90 niños en México y Estados Unidos, con la supuesta protección del cardenal Norberto Rivera. Este último enfrenta todavía un proceso en la Corte Superior de California por conspirar para cometer pederastia.
Pese a la gravedad del caso, el padre Nicolás nunca fue arrestado ni fue extraditado a Estados Unidos, donde el fiscal William Hodgman solicitaba su arresto.
El sacerdote Aguilar sigue libre, con lugares de residencia en Puebla y Morelos.
En Nuevo León, la clínica para curas pederastas se llama El Refugio y está ubicada en la Cola de Caballo, en el municipio de Santiago. Es una especie de spa de cinco estrellas oficialmente utilizada para retiros espirituales por el cardenal Francisco Robles Ortega.
Ahí se han enviado a los sacerdotes con problemas de alcoholismo, “mujeres” y pederastia.
Está también a la Casa Alberione, en Tlaquepaque, Jalisco, dirigida por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y la Casa Rougier, en el Estado de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera.
Las tres casas, que incluso han sido investigadas por la Interpol (policía internacional), funcionan como guarida de criminales.
En caso de ser responsable, está fundamentado el temor de los familiares de que el sacerdote Ramírez quede impune. “Queremos justicia; que pague [por] lo que hizo”, dice, de manera contundente, la hermana Gutiérrez.
En el Colegio, las maestras y religiosas están apoyando sicológicamente a las víctimas y sus padres.
Fuente: Contralínea 324 / marzo 2013
