Saquean amigos de Calderón Capufe

Para equipar al personal que presta servicios de rescate y primeros auxilios en las autopistas y carreteras de todo el país, directivos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos compraron equipo inadecuado y de baja calidad, facturándolo hasta 500 por ciento más de su valor real. Además de suponer un quebranto al erario, la adquisición –bajo escrutinio de la contraloría interna actualmente– tiene en riesgo a más de 300 paramédicos y rescatistas

Bajo la administración del Partido Acción Nacional (PAN), la corrupción galopa en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), organismo público descentralizado que anualmente recauda más de 35 mil millones de pesos, convertido en otra caja chica de funcionarios calderonistas de todos los niveles.

Pese al rosario de inhabilitaciones que en las últimas semanas la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido en contra de funcionarios de Capufe, el saqueo al patrimonio del organismo que dirige José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez se da hasta en las compras y adquisiciones menores. Uno de estos casos es la compra de cascos de seguridad y chamarras para el personal que labora en el área de servicios médicos.

Se trata de los paramédicos y técnicos en urgencias encargados del rescate, los primeros auxilios y el traslado a clínicas y hospitales de las personas que sufren algún percance en cualquiera de los tramos carreteros a cargo de dicho organismo, que incluye vialidades de primer orden como todos los puentes internacionales y las autopistas y carreteras con mayor aforo, como la México-Cuernavaca y la México-Querétaro, que son también las de mayor accidentabilidad.

El equipo de protección para ese personal debe contar con las especificaciones técnicas que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-1993, relativa al equipo de protección personal para los trabajadores de los centros de trabajo.

Las especificaciones técnicas de los cascos y chamarras contempla materiales repelentes, antiflamables, reflejantes y, sobre todo, en el caso de las chamarras, con un forro especial para atrapar seres patógenos para evitar el contagio de los rescatistas con sangre infecciosa –viral o bacteriana– con virus, como el de inmunodeficiencia humana, hepatitis, ébola, entre otros.

El costo del equipo certificado oscila en 3 mil 500 pesos el casco y unos 3 mil 400 pesos la chamarra. Su caducidad es de dos años.

En 2007, el personal recibió dicho equipo, mismo que caducó en 2009. Ese año, Capufe debía sustituírselos. Se hizo la adquisición. Según documentos internos de la contraloría, se pagó 3 mil 585 pesos por cada casco y 3 mil 485 pesos por chamarra.

Pero lo que le entregaron a los trabajadores fue un casco acuático de los que usan quienes practican kayak y una chamarra delgada sin reflejantes, ciento por ciento nylon, es decir, ciento por ciento inflamable, de altísimo riesgo, pues el personal está constantemente expuesto al fuego. La chamarra tampoco tiene el forro especial para evitar el contagio de seres patógenos.

De acuerdo con una investigación, que actualmente integra la contraloría interna, el precio real del casco oscila en 55 dólares, tasado así en el catálogo del fabricante CMS; el de la chamarra, no rebasa 20 dólares.

Por considerarlo inservible para su labor, los trabajadores se negaron a recibir el equipo. Entrevistados por Contralínea, aseguran que usarlo les implica mayor riesgo, pues “en el caso de la chamarra, durante la exposición al fuego, el nylon es inflamable, lo que provocaría que se nos adhiriera a la piel”, explica Gloria, rescatista asignada a uno de los tramos con mayor accidentabilidad en el país.

De manera unánime, los que aún tienen sus viejos equipos decidieron seguir utilizándolos, aunque caducaron desde 2009, “pero por lo menos es antirreflejante y antiflamable”, detalla Adolfo, vocero de otro grupo de trabajadores consultados.

Son muchos los motivos por los cuales los rescatistas y paramédicos asignados a las carreteras deben usar un casco que cumpla ciertas especificaciones y la normatividad en la materia: porque en el rescate de víctimas, en muchas ocasiones entran en vehículos impactados a punto de explotar. También implica el descenso en vertical para el rescate de víctimas con cuerdas cuando caen debajo de barrancas o puentes.

Pero además, el casco autorizado por la norma internacional tiene un sistema de sujeción especial para evitar cualquier impacto en el cráneo. Tiene una capa de kevlar que evita que se incendie el cabello o la cabeza si se registra una deflagración; además de resistir el peso de hasta 1 mil 500 libras por centímetro cuadrado.

Contralínea visitó a médicos, paramédicos y técnicos de diversas autopistas para que explicaran las implicaciones de no contar con el equipo de seguridad. Todos coinciden en que se sienten inseguros y ello inhibe su trabajo.

Los riesgos más comunes, enlistan: fracturas, golpes en la cabeza o el riesgo de ser impactados durante el abanderamiento –que es la primer medida de seguridad cuando se registra cualquier accidente–. Y es que, en esos momentos, explican, cualquier automovilista que no se percate de la emergencia podría impactarlos.

– A veces, en el abanderamiento es cuando se registran los peores accidentes. Cuando estás atendiendo un siniestro, puedes salir volando al piso o a un barranco, y el equipo de protección es lo que te salva –explica Sandra, una paramédica asignada a la México-Querétaro.

– A mí me cayó carga de un carro en la cabeza. Si no hubiera traído el casco, me la revienta –agrega Jaime, un rescatista.

– En los deslaves, que es lo más común en época de lluvias, la caída de piedras o ramas puede fracturarte el cráneo –dice José Luis, también rescatista.

– Hay que considerar también que nosotros nos metemos a los carros recién accidentados para inmovilizar a los pacientes, y en esos momentos el carro puede estallar, caer u ocurrir cualquier cosa –tercia Sandra.

Ella es una paramédica muy experimentada. Ha tomado numerosos cursos internacionales y está certificada por diversas organizaciones mundiales. A salvar la vida de automovilistas accidentados en carreteras mexicanas, ha dedicado 18 años.

– ¿Por qué no aceptaste el casco y la chamarra que te ofreció la empresa? –se le pregunta a Sandra.

–  Porque es inservible. Es un casco deportivo que ni siquiera te cubre la cabeza: llega apenas a las orejas, no tiene careta, ni goggles ni nada –explica.

A través de ella, hablan paramédicos y rescatistas, expuestos siempre a morir por salvar a otros:

“A mí me da mucha tristeza porque nosotros somos los que estamos afuera exponiéndonos y la gente de oficinas no sabe por lo que pasamos y lo que significa que no nos doten del equipo necesario. ¿Acaso es mucho pedir que nos den una chamarra y un casco que para nosotros puede ser la diferencia entre vivir o morir?”, lamenta. Detallan que cuando han exigido a sus jefes el equipo, la respuesta es que “no hay presupuesto”.

Las consecuencias no son sólo para los paramédicos, sino para cualquier persona que sufra un accidente en la red carretera, pues los rescatistas explican que la falta de equipo adecuado los inhibe a intervenir en rescates que ponen en riesgo su integridad.

“Los rescatistas que no tienen el equipo están limitados a ciertas acciones y eso va en detrimento del usuario. El resultado es que tarda más la atención de un paciente de trauma por no contar con los elementos de seguridad o el rescatar a un herido cuando hay un conato de incendio. En resumen, el que los rescatistas no tengan el equipo de protección adecuado pone en riesgo el tiempo y la atención de los heridos en las autopistas”, explica un experto en rescates carreteros.

Saqueo en jauja

Dirigida en el zedillismo por funcionarios inmiscuidos en espinosos casos de corrupción, ni la administración “del gobierno del cambio” ni el de “las manos limpias” saneó a esta empresa del Estado, cuya rentabilidad equipara al 0.25 por ciento del producto interno bruto.

En el arranque de su gobierno, Felipe Calderón designó como director a Humberto Treviño Landois, un coahuilense miembro del PAN, que entre otros encargos coordinó el sector de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el equipo de transición de Vicente Fox.

Su gestión en Capufe dio continuidad a las mismas prácticas que en diciembre de 2007 llevaron a su predecesor, Manuel Zubiría Maqueo, a ser inhabilitado por 11 años para ejercer cargo público: licitaciones dirigidas, sobreprecios en obra pública y servicios y adjudicaciones que llevan implícito el riguroso diezmo de los contratistas para los funcionarios que signan los contratos, por citar sólo algunas.

Pero además, se incrementó el subcontratismo de compañías sin capacidad técnica ni económica para prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivos, y la conservación carretera, también la adquisición a terceros de insumos que antaño proveía Capufe en su planta de asfalto, pintura y soluciones emulsificantes.

En abril de 2008, cuando ascendió a Treviño Landois al cargo de subsecretario de Transporte en la SCT, Calderón Hinojosa encargó la dirección de Capufe a José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, su coordinador General de Planeación y Centros SCT.

Rodríguez fue su secretario general en el Comité Ejecutivo Nacional durante su presidencia en el PAN, y después su coordinador de campaña presidencial en Jalisco.

Según denuncias enviadas a la contraloría interna, la SFP y la Presidencia de la República, en Capufe, Rodríguez ha sido permisivo a las mismas prácticas que sus predecesores, pero que cada vez se tornan más graves, como el desvío de recursos del erario a las cuentas personales de algunos funcionarios mediante transferencias electrónicas realizadas desde las instalaciones de Capufe.

En agosto pasado, cinco funcionarios adscritos a la delegación Oaxaca fueron inhabilitados por la SFP por desviar 930 mil pesos a sus cuentas bancarias personales.

La irregular operación se ejecutó de la siguiente manera: entre julio y octubre de 2008, la asistente de Proyectos María Patricia Iniestra Bárcenas usó la clave electrónica bancaria que tenía bajo su resguardo para transferir los 930 mil pesos de la partida presupuestal de “servicios” a su cuenta personal y a la de su esposo Silvano Federico Mexiueiro Ruiz, analista de operación de la misma gerencia.

También envió parte del dinero a las cuentas de dos de sus compañeros: María Mendoza Jiménez, analista de sistemas, y Elpidio Gatica Mata, técnico especializado, y a la de su jefe, José Luis Flores Rivera, superintendente de Recursos Financieros.

Para encubrir el desvío, todos ellos alteraban los estados financieros de Capufe, justificando con documentos apócrifos los supuestos “gastos de operación”.

La SFP encontró responsabilidad por omisión en otros cuatro mandos medios y altos: el gerente Patricio Gómez Torres, el subgerente de Administración, Fernando Ramos; el subgerente Juan Manuel González, y el superintendente de recursos financieros, David Manuel Martínez.

Contralínea solicitó una entrevista con el titular de Capufe para que explicara la adquisición del equipo de protección, bajo escrutinio de la contraloría interna actualmente. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.