El Sistema Anticorrupción de Oaxaca aún no logra desarticular las redes de intereses entre servidores públicos e iniciativa privada que saquean el presupuesto público. A pesar de que hay más de un centenar de denuncias por presunta corrupción, ningún responsable ha pisado la cárcel. Expertos consideran que falta acercar las herramientas a la sociedad y fomentar la denuncia

Oaxaca figura como una de las entidades donde su ciudadanía percibe mayores índices de corrupción, no obstante, su Sistema Anticorrupción aún no logra desarticular las redes de intereses entre el sector público y el privado que, por años han saqueado el erario estatal.

El abandono de las instituciones, la falta de presupuesto para garantizar justicia en casos de corrupción, la no denuncia, así como el contexto político y cultural de la entidad son elementos que facilitan actos corruptos, explican a Contralínea integrantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal y de la Red Nacional de Abogadas Indígenas.

Hasta el 3 de agosto de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción se habían presentado más de 100 denuncias contra servidores públicos (58 del sector salud, 13 de infraestructura, 13 de caminos, 11 de infraestructura educativa, cuatro de vivienda y cuatro del agua). Además se investigaban 4 mil 920 casos de presunta corrupción. No obstante, legisladores locales señalaron que es un fracaso.

La falta de presupuesto destinada a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca es uno de los grandes pendientes para la impartición de justicia e investigación en la materia, explica en entrevista Francisco Pablo Munguía Gaytán, presidente del Comité de Participación Ciudadana –que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

“La Fiscalía carece de presupuesto desde su creación”, lo que la imposibilita a ser eficiente para investigar y sancionar actos de corrupción”, agrega el experto en combate a ese flagelo.

En 2019, el presupuesto otorgado a dicha institución se redujo en 70 por ciento, y lo mismo ha ocurrido con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, critica Roselia Bernardo Santos, consejera ciudadana del Instituto Nacional de Transparencia de Oaxaca.

Por ello, para el ejercicio 2021 “peleamos al Congreso de Oaxaca 30 millones de pesos para una operación eficiente”, argumenta Munguía Gaytán.  Aún así, considera que lo exigido “es muy poco para lo que se gasta. Sería un presupuesto| mínimo para tener las condiciones elementales para operar: alrededor de 38 millones de pesos; sería necesario el doble de lo solicitado para tener una Fiscalía todavía más eficiente. Pero pongo los pies sobre la tierra”.

Francisco Munguía explica que la falta de presupuesto es una de las causas por las que el Oaxaca figura como uno de los estados con mayores niveles de corrupción en el ámbito nacional. Y es que en esa entidad la corrupción “es el segundo problema más fuerte”, luego de la inseguridad y la delincuencia.

El 87 por ciento de la población oaxaqueña percibe que estos actos son cometidos con mucha frecuencia. Las instituciones más corruptas, según la población, son los partidos políticos con el 88.1 por ciento; la policía con el 84.4 por ciento; los gobiernos municipales con el 79 por ciento, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para Francisco Munguía, estos datos son indicadores de que “las cosas no andan bien”, por lo que se “tiene un reto muy grande” para que la percepción en cuanto a la impunidad disminuya. Porque, en la parte de castigar los delitos de corrupción “todavía nos falta madurar bastante”.

Al respecto, agrega que “sin el suficiente presupuesto no vamos a poder girar órdenes de aprehensión si no se tienen los suficientes ministerios públicos, los suficientes agentes capacitados en materia de corrupción para poder hacer investigaciones que implican tales actos. Sí se requiere inversión. Y si hacemos bien las cosas, el dinero desinado en la materia se verá reflejado en un mejor manejo del presupuesto”.

Ausencia de denuncia ciudadana

Otro factor que ha fomentado la corrupción es la ausencia de la denuncia ciudadana, debido a que el Sistema Estatal de Combate todavía no permea en la sociedad, opina Roselia Bernardo.

Los ciudadanos –e incluso autoridades– que hablan su lengua materna no están muy familiarizados con cómo presentar una denuncia, saber cómo funciona la Contraloría, la Fiscalía o saber cuál es la función del Comité de Participación Ciudadana: “es el ojo vigilante ciudadano quien articula esas acciones y que debería informar a otros ciudadanos de lo que hace cada una de las instancias, las dependencias del gobierno estatal que integran el Sistema”.

Sin embargo, la abogada por la Universidad Autónoma Benito Juárez critica la poca articulación del Sistema Estatal Anticorrupción con la población y que incluso hubo un tiempo en el que su página web estuvo deshabilitada.

“Habría que hacer esto más accesible. Entiendo que el sistema es joven desde la aprobación en 2015 y su implementación en 2017, pero estudios internacionales dicen que para poder hacer una evaluación del sistema funciona o no, tendrían que pasar al menos 10 años”, indica a Contralínea la integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas.

Para Francisco Pablo Munguía, el programa de Alertadores de la Corrupción, creado por la Secretaría de la Función Pública, también es importante.

Una vez que los elementos para denunciar sean accesibles a la población, la seguridad para quienes alerten de un presunto acto de corrupción es salvaguardar su integridad, menciona, pues hoy en día, denunciar “puede implicar varias cosas: desde la pérdida del empleo, amenazas, violencia, poner en riesgo la integridad física y la vida, la tranquilidad de tu familia, de tu patrimonio”.

Corruptómetro, para prevenir y atender

A inicios de 2020, el Congreso del Oaxaca aprobó una reforma al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción donde señala “que tenemos la obligación de desarrollar como una de nuestras funciones un corruptómetro”, con el fin de medir la percepción de estas prácticas ilícitas y realizar políticas públicas para combatirlas.

“Estamos empezando a movernos en esta línea de la integración de este corruptómetro, pero también para que no se dé una percepción de que si lo que estamos haciendo tiene o no validez metodológica o si tiene un sesgo político o si tenemos algún interés, estamos ya en las primeras prácticas y en el ranking. Tenemos el compromiso con El Colegio de México para que nos ayuden a integrar y a irnos asesorando en el proceso del desarrollo de este material”.

Crearlo y ponerlo en marcha facilitará crear las políticas públicas para el combate, “porque si no, no tendría caso hacer la medición de percepción de la corrupción”. Esto es que una vez que se tienen detectados qué ajustes se requieren, pues se realicen las acciones concretas que permitan erradicar el flagelo, asegura Munguía Gaytán.

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