Carmen Aída Guerra Miguel

Culiacán, Sinaloa. Tras ser condenados a muerte por el Alto Tribunal de Malasia por el delito de narcotráfico, los tres hermanos González Villarreal, originarios de Culiacán, esperan que se resuelva su juicio de apelación. Interpuesto por su abogado Kitson Foong, el proceso judicial al que tienen derecho fue pospuesto –porque el fiscal del caso enfermó– para el 14 de agosto de 2013, en la Corte de Kuala Lumpur.

 

El juez Mohamed Zawawi, quien revisará la apelación, solamente tiene dos posibilidades: otorgarles la libertad –puesto que no existen pruebas contundentes en su contra, según testimonios recogidos de los tres sinaloenses involucrados en la red de tráfico de anfetaminas– o ratificar la sentencia.  Los hermanos fueron detenidos el 4 de marzo de 2008 en los patios de la fábrica de anfetaminas y condenados a la horca el 17 de mayo de 2012,  después de pasar 4 años en la infame cárcel de Johor Bahru. Su abogado, el malasio Kitson Foong, sostiene que éste es un “proceso viciado”.

 

De ratificar la condena el juez soga, como es conocido Zawawi, quedaría una última instancia: elevar una súplica al sultán, quien, hasta ahora, no ha concedido una sola vez el perdón. En este caso, de no darse la absolución o el indulto real, se cometería un crimen de lesa humanidad, con independencia de que la pena de muerte corresponde a leyes arcaicas, contra la que luchan grupos humanistas en el mundo, y en Malasia, grupos musulmanes.

 

La investigación, realizada por la policía antidrogas de Malasia, persiguió a una supuesta célula de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fabricante de anfetaminas en Johor Bahru. Entonces fueron detenidas 13 personas. De todas ellas, sólo quedan presas cinco: tres mexicanos, originarios de Sinaloa, procedentes de una ranchería hoy colonia suburbana de Culiacán, conocida como Loma de Rodriguera y dos más, uno de Malasia y otro de Singapur (a otros dos, los supuestos contratantes, los dejaron libres). 

 

 

Estos sinaloenses son parte de una familia que se dedica a la fabricación de ladrillo, una industria diezmada por los altos costos de la leña, del agua y de la tierra, insumos que de 15 años para acá han subido mínimo en un 40 por ciento. En contraparte, los precios del ladrillo han bajado considerablemente y hasta se vende crudo ante la dura crisis, además de estar a merced de que las compañías constructoras de vivienda utilizan preferentemente bloques de cemento.

 

José Regino, de 34 años de edad; Simón, de 37 (con dos discos de la columna vertebral desgastados y ahora con problemas renales y de tuberculosis, este último padecimiento creen que lo contrajo en la cárcel de Johor Bahru en donde prevalecen condiciones infrahumanas de hacinamiento e insalubridad); y Luis Alfonso, de 45 años, son hijos de Héctor González (con asiento familiar de los González, en Durango, y de los Ojeda, en Los Cortijos, Badiraguato) y María del Carmen Villarreal. Los tres cuentan con diplomas de bachillerato cursado en la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

 

Héctor, de 72 años, y Carmen, de 70, declaran que en un principio sus hijos no contaron con el apoyo de la Embajada de México instalada en Kuala Lumpur, capital de Malasia, ni tuvieron traductor: no entienden el idioma inglés y menos el malayo, que se habla en ese país del lejano Oriente, idiomas utilizados durante su detención en el patio de fábrica de anfetaminas.

 

Los otros dos detenidos son el singapurense Lim Hung Wah, y el malasio Lee Boon Siah. Ambos correrían la misma suerte que los tres mexicanos. Los comentarios de los grupos humanitarios no gubernamentales, uno de ellos musulmán, está demandando que se abrogue la pena de muerte no sólo en Malasia, sino en el resto del mundo.

 

Sus hermanas Alejandrina y Leticia, y Consuelo, esposa de Luis Alfonso, han viajado a Malasia (24 horas de vuelo desde la Ciudad de México-Ámsterdam-Kuala Lumpur). De ellos traen noticias que mantienen la viva la esperanza de que regresen a su tierra; que quieren estudiar, les interesa leer. Sus estudios y la lectura de revistas y artículos se reflejan en las cartas que enviaron a través de la Embajada desde diciembre y recibieron en México en mayo pasado.

 

Tuvieron oportunidad de escribirle a toda la familia (por supuesto a sus padres), pero en dichas cartas, seguramente para ahorrarles mortificaciones, no mencionan nada respecto a su situación actual. Solamente hablan de valores, de su fe y de la esperanza que cifran en un futuro al lado de la familia.

 

En Malasia priva una legislación arcaica en la que el robo se castiga con la mutilación de los dedos e, incluso, de toda la mano. La horca es lo dispuesto a quienes infringen la ley en materia de drogas.

 

No se sabe si, en caso de declararlos culpables, los cinco acusados serían colgados uno por uno o a todos en un mismo momento. Tampoco se sabe qué fue de los otros seis coacusados.

 

Se sabe de dos que fueron detenidos y que salieron por falta de evidencias, ya que los acusaban de posesión de cocaína para elaboración de otras drogas sintéticas, cuya prueba se convirtió en sal de cocina y salieron libres. Ellos son Jorge Enrique y Jesús Alfonso, precisamente quienes tuvieron el encargo de contratar a los hermanos González Villarreal.

 

Lo que hasta ahora se sabe es que los cinco condenados  –que ahora esperan que se les declare inocentes o se ratifique la sentencia de mandarlos a la horca– ni siquiera tenían acceso a la habitación (cerrada con candado) donde supuestamente se procesaban las anfetaminas. Además, según consta, fueron detenidos en los patios de la fábrica.

 

Así, de los 13 que formaban parte de esta supuesta “célula” que operaba en Johor Bahru, solamente cinco están detenidos: tres de ellos sinaloenses, uno originario de Singapur y otro malasio; mientras que un tercio de las evidencias desapareció.

 

 

         

 

Fuente: Contralínea 346 / agosto 2013