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Las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública –próxima a desaparecer para convertirse en un órgano desconcentrado que, prometen, combatirá la corrupción gubernamental (por lo cual en el gabinete de Enrique Peña Nieto no se designó titular y se dejó sólo como encargado del despacho a Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas)– guardan un expediente relacionado con aquel proyecto para dotar de cédula de identidad a los mexicanos menores de edad (entre los 4 y 17 años), cuyo costo de operación rebasó los 3 mil millones de pesos, en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón.