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Por qué decir “no” a la reforma energética: las manipulaciones oficiales

Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.

Nicolás Hernández: me traicionó Marisela Morales

El testigo predilecto de la PGR en el sexenio de Calderón, Jeniffer, no dudó en señalar a Nicolás Hernández como cómplice del narcotráfico cuando éste ya no le era útil a Marisela Morales. Fue “una traición” de la exprocuradora, señala quien fuera delegado de la PGR en Quintana Roo y, por años, hombre cercano a la actual cónsul de México en Milán.

La denuncia de la organización Artículo 19

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas –cuyo brillante estudio se debe a Hans Kelsen en su libro El derecho de las Naciones Unidas–, a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión…” (Javier Hervada y José María Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos). Con base en ese artículo de vigencia universal constituido hace varios años, el director de la organización Artículo 19, en su jurisdicción para los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Darío Ramírez, mantiene un monitoreo sobre el desempeño de esas libertades, no solamente a través de sus informes anuales, sino también de constantes pronunciamientos para velar por el trabajo de periodistas.

Señor Peña Nieto, véase en el espejo de Brasil

De entre los muchas instituciones con autonomía, para dejar a un lado las complicidades con el presidencialismo en turno (ahora con el peñismo sigue ese nexo perverso del Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y, con el nefasto Laveaga, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, etcétera), está el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien nos acaba de salir con la sesgada encuesta de que ha resurgido la clase media que fue degradada desde el salinismo cuando éste envió su informe amañado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en noviembre de 1992, sobre el reporte de la pobreza que alcanzaba a la mitad de la población, que por aquel entonces era de un poco más de 81 millones de mexicanos.

Cisen compartió espionaje a EU

En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocieron perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. También sabían del espionaje de ese país a México porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de espionaje e intervención de llamadas que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

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