El ajuste en el desastre económico recaerá en el gasto programable. Ya se tiene la partida para empezar los despidos entre los empleados públicos: 2.1 millones de pesos para el programa de separación laboral. En Pemex, serán en total más de 13 mil plazas las que quedarán canceladas; en la CFE, más de 4 mil, y en la Secretaría de Hacienda otras 4 mil.
El 11 de octubre de 2009 se convirtió en una fecha que ha quedado inscrita en el memorial contemporáneo de nuestro país como el día en que un gobierno utilizó toda su fuerza policiaca y militar para despojar de su fuente de trabajo, con la intimidación y las armas, a 44 mil trabajadores bajo un escenario propio de un golpe de Estado.
Las protestas masivas contra la privatización del petróleo tienen sustento: Pemex no es poco rentable, sino que lo han quebrado en forma deliberada.
De concretarse la reprivatización y extranjerización petrolera y eléctrica, Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias “mexicanas” habrán logrado una de sus mayores victorias de la historia reciente sobre los intereses nacionales. Los medios de comunicación ya se aprestan a celebrar el golpe al país.
Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.
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