Enrique Peña, con su Pacto por México (Anti-México), ya impuso la reforma educativa para privatizar la educación, despedir maestros con el pretexto de la “evaluación” y hacer pagar más cuotas y gastos escolares a los padres de familia, con la frase: “gestión autónoma de las escuelas”.
El cártel de la cúpula del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) tiene más de 23 años de poder absoluto, con la complicidad, primero, de quien la empolló: Carlos Salinas de Gortari y sus testaferros: Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, quienes ahora militan en la cómoda oposición del chuchismo perredista después de que su priísmo los hizo trepadores electoreros-burocráticos. Luego, doña Elba Esther Gordillo Morales se coludió con Ernesto Zedillo, responsable de los homicidios de Acteal (Chiapas), Aguas Blancas y El Charco (Guerrero).
La noche del 10 de octubre de 2009 en que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores, incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Ernesto Zedillo, en los inicios de los gobiernos priístas se acostumbró a meter a la cárcel a connotados servidores públicos y a un líder sindical. Generalmente se hizo para que los presidentes entrantes tuvieran legitimidad y credibilidad, aunque ninguno de ellos lo logró.
Han sido, sí, liberados los cinco trabajadores del periódico El Siglo de Torreón, editado en una Coahuila acosada por sangre, fuego, secuestros, desaparecidos y creciente feminicidio. Y todo eso en el marco de los Moreira y sus cómplices los Marcos Villarreal (con sus tíos y el papá, diputado federal) que han hecho de la entidad un botín para los políticos en calidad de funcionarios y la delincuencia, sobre todo la del narcotráfico.
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