Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Ernesto Zedillo, en los inicios de los gobiernos priístas se acostumbró a meter a la cárcel a connotados servidores públicos y a un líder sindical. Generalmente se hizo para que los presidentes entrantes tuvieran legitimidad y credibilidad, aunque ninguno de ellos lo logró.
En determinadas circunstancias, los gobernantes aparecen como un Jano incómodo ante el espejo de la realidad. Se encuentran atrapados en un presente enrarecido por las emanaciones malolientes que se desprenden de un pasado turbio, corrompido, y cuyas sombras tenebrosas se proyectan hacia el futuro, y lo tornan incierto, conflictivo.
La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola.
Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la semana pasada ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos.
Puede ser que, después de todo, sea un hombre bueno. Un católico piadoso, honesto. Un político sinceramente preocupado por construir una sociedad de bienestar y equidad aunque en su retórica, que trata vanamente de descalderonizarse y desneoliberalizarse, a menudo se olvida del segundo aspecto. Que existan crédulos que aún confíen en sus promesas pese a la manera legalmente sucia a la que llegó a la Presidencia de la República, en la capacidad del sistema (instituciones y actores que interactúan y ejercen el poder con determinados fines) y el régimen político (partidos, elecciones libres y justas, órganos y normas jurídicas, etcétera, que regulan la lucha y el ejercicio del poder, las relaciones entre los gobernantes y los gobernados) para atender los problemas nacionales y los conflictos pacífica y democráticamente pese a que, contra lo que dicen las elites, funcionen autoritaria y antisocialmente como en el pasado priísta-panista…
Las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública –próxima a desaparecer para convertirse en un órgano desconcentrado que, prometen, combatirá la corrupción gubernamental (por lo cual en el gabinete de Enrique Peña Nieto no se designó titular y se dejó sólo como encargado del despacho a Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas)– guardan un expediente relacionado con aquel proyecto para dotar de cédula de identidad a los mexicanos menores de edad (entre los 4 y 17 años), cuyo costo de operación rebasó los 3 mil millones de pesos, en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón.
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