En el contexto de la escalada de la violencia, de 2006 a 2020, el reclutamiento de jóvenes pobres de barrios y comunidades marginales por organizaciones
En nombre de la “guerra” contra el narcotráfico, delincuentes y fuerzas federales (principalmente) han cometido incontables crímenes de lesa humanidad en México. Medios de comunicación,
Según las estimaciones más conservadoras, desde 2006 más de 100 mil asesinatos en México han sido cometidos por los grupos armados de los cárteles del narcotráfico, las corporaciones policiacas de todo nivel y las Fuerzas Armadas. El número es exponencialmente superior a las 1 mil muertes en el campo de batalla con que se declaraba que en un país se libra una guerra civil.
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
El investigador y periodista-reportero Federico Mastrogiovanni es el autor del libro: Ni vivos ni muertos, “resultado de años de trabajo y de investigación. Es un esfuerzo colectivo, que se ha dado gracias a la colaboración, la ayuda y el apoyo de personas y organizaciones, sin las cuales habría sido imposible entender o tan sólo acercarse a un fenómeno tan vasto y complicado como la desaparición forzada de personas”.
A los líderes de los partidos y todo su séquito de ayudantes no les basta los miles de millones de pesos que consumen del dinero público que sale de los bolsillos de los contribuyentes, en una simulación democrática que sale muy cara a los mexicanos y que nunca ha podido garantizar un comportamiento honesto y transparente en el procesos electorales, ahora quieren responsabilizar al Ministerio Público Federal de sus corruptos y delincuentes candidatos que en cada elección proponen para ocupar cargos populares.
Los gobiernos progresistas enfrentan el declive de EU, disputas por recursos y crisis económicas en su intento de transformar el Estado.
La audiencia para revisar la prisión preventiva del dirigente triqui Macario García fue reprogramada para el 16 de octubre, informó CEDHAPI.
Tras el rechazo al aumento salarial de 6.8 por ciento, el IMSS analizará alternativas para mejorar la propuesta, informó Zoé Robledo.
Zoé Robledo revisará la propuesta salarial del IMSS tras el rechazo mayoritario en la consulta sindical, informó Claudia Sheinbaum.
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