En nombre de la “guerra” contra el narcotráfico, delincuentes y fuerzas federales (principalmente) han cometido incontables crímenes de lesa humanidad en México. Medios de comunicación,
Según las estimaciones más conservadoras, desde 2006 más de 100 mil asesinatos en México han sido cometidos por los grupos armados de los cárteles del narcotráfico, las corporaciones policiacas de todo nivel y las Fuerzas Armadas. El número es exponencialmente superior a las 1 mil muertes en el campo de batalla con que se declaraba que en un país se libra una guerra civil.
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
El investigador y periodista-reportero Federico Mastrogiovanni es el autor del libro: Ni vivos ni muertos, “resultado de años de trabajo y de investigación. Es un esfuerzo colectivo, que se ha dado gracias a la colaboración, la ayuda y el apoyo de personas y organizaciones, sin las cuales habría sido imposible entender o tan sólo acercarse a un fenómeno tan vasto y complicado como la desaparición forzada de personas”.
A los líderes de los partidos y todo su séquito de ayudantes no les basta los miles de millones de pesos que consumen del dinero público que sale de los bolsillos de los contribuyentes, en una simulación democrática que sale muy cara a los mexicanos y que nunca ha podido garantizar un comportamiento honesto y transparente en el procesos electorales, ahora quieren responsabilizar al Ministerio Público Federal de sus corruptos y delincuentes candidatos que en cada elección proponen para ocupar cargos populares.
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles.
Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
En vísperas del arribo de Barack Obama al Distrito Federal para una visita de 2 días, el mundo político fue estremecido con las declaraciones del exsubprocurador José Cuitláhuac Salinas Martínez y la aprehensión del suegro y el cuñado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ambos hechos tienen un común denominador: demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene voluntad de actuar con apego al estado de derecho.
Son muchas las violencias que sufren los mexicanos: la violencia de la pobreza, del desempleo, del hambre, de la pavorosa inseguridad que ha convertido al
Potencialmente, México se encuentra en el escenario adecuado para una tormenta perfecta. Y la eventual revuelta social, cuyos síntomas se perciben a flor de piel en amplios núcleos de la población, será responsabilidad exclusiva del despotismo de los grupos de poder, los cuales se han convertido en los principales enemigos de la democratización de la nación y en la posibilidad de alcanzar una formación económico-social más justa, aún dentro de los límites que ofrece el capitalismo. Las fuentes de la ascendente cólera que someterá a fuertes tensiones al sistema y podrá en riesgo su estabilidad política, así como la tranquilidad de los sepulcros requerida por los empresarios para optimizar la sobreexplotación y la pauperización de sus esclavos asalariados y crear condiciones necesarias para maximizar su tasa de ganancia, pueden ubicarse en los niveles político, social y económico.
En América Latina 59.7 millones de personas sufrieron hambre en 2020. En 6 años la taza de hambre ha aumentado un 79 por ciento, indicó
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