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Hidroeléctrica privada viola derecho a la consulta

El proyecto hidroeléctrico privado El Naranjal violó el derecho a la consulta de las comunidades de seis municipios veracruzanos, considera el Tribunal Permanente de los Pueblos. Además, las empresas de Guillermo González Guajardo –hijo del empresario Claudio X González– habrían efectuado prácticas coercitivas para hacerse de algunos terrenos, denuncia el Tribunal

Hidroeléctrica El Naranjal: despojo a 30 mil pobres

La hidroeléctrica privada El Naranjal despojará de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas en Veracruz, y afectará a 56 especies animales y vegetales protegidas. Su negocio se centrará en la generación media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de su construcción está el empresario Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González), dueño de una red empresarial dedicada al desarrollo de proyectos energéticos que han desplazado a decenas de pueblos

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

San José del Progreso, explotación y miseria

San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

Respeto a usos y costumbres de los pueblos indígenas, sólo en el papel

Se debe distinguir entre los nuevos grupos de autodefensa que están surgiendo en Guerrero (y en otros estados de la República) y la Policía Comunitaria, la cual lleva ya una tradición de existencia y resultados de más de 17 años. A su vez, a ambos grupos se les debe distinguir también del paramilitarismo y del crimen organizado, cuyos fines de existencia no son la protección de las poblaciones. Igualmente se deben respetar los usos y costumbres de las comunidades de Guerrero, cuyo derecho a formar una policía con normativa propia es legítimo y legal, pues su existencia está actualmente sustentada por tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política guerrerense.

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