Ley de Seguridad Interior: ceden civiles gobernabilidad a militares
Ley de Seguridad Interior autorizará “cualquier método” de obtención de información de inteligencia a efectivos de la Defensa Nacional y de Marina
Ley de Seguridad Interior autorizará “cualquier método” de obtención de información de inteligencia a efectivos de la Defensa Nacional y de Marina
Detrás de leyes y reformas antipopulares –como la laboral, la energética, la de telecomunicaciones y la educativa– está el oscuro trabajo de los cabilderos. Sin importar el costo, éstos tienen como principal función influir en las decisiones de los legisladores para que se favorezca o se evite algún perjuicio a las industrias, organizaciones o incluso naciones que representan.
Grandes empresas y trasnacionales invierten millonarios recursos en más de 250 personeros que pululan en los pasillos, restaurantes y hasta en los sótanos de las cámaras legislativas para convencer a diputados y senadores de promover iniciativas, reformar artículos constitucionales o detener aquellas modificaciones a la ley que no estén a su favor. Trabajan sin estar apegados a un código de ética; tampoco están obligados a la rendición de cuentas. Su principal herramienta es la manipulación. Mientras, hasta 26 iniciativas de ley para regular el lobbying se encuentran en la congeladora del Poder Legislativo federal
La reforma de telecomunicaciones es un engendro curioso. Es presentada por Enrique Peña Nieto como “una iniciativa que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia”, en la que “todas las voces cuentan [porque] son importantes para la construcción de los acuerdos en [un] clima de normalidad democrática”. Que busca “crear una nueva estructura institucional a favor de la competencia”, la “cobertura universal, la inclusión social, buenos precios, calidad en el servicio y en los contenidos”. En la que “el Estado establezca y haga valer su rectoría” sobre los grupos de poder y “la entrega o el retiro de concesiones no responderá a criterios políticos sino a criterios técnicos”, porque lo más importante es “atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad para servir a todo México”.
Han sido, sí, liberados los cinco trabajadores del periódico El Siglo de Torreón, editado en una Coahuila acosada por sangre, fuego, secuestros, desaparecidos y creciente feminicidio. Y todo eso en el marco de los Moreira y sus cómplices los Marcos Villarreal (con sus tíos y el papá, diputado federal) que han hecho de la entidad un botín para los políticos en calidad de funcionarios y la delincuencia, sobre todo la del narcotráfico.
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