El gobierno panista de Felipe Calderón quedó marcado por la tragedia humanitaria que superó, sin lugar a dudas, los 25 años de la Guerra Sucia desarrollada por el gobierno federal en las décadas de 1960, 1970 y parte de la de 1980, en contra de la oposición, principalmente de izquierda, y de todo aquel movimiento social que se opusiera o criticara las políticas públicas.
La Corte Penal Internacional resolverá, antes de concluir 2012, si acepta la petición para enjuiciar al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad del gobierno federal respecto de los más de 60 mil civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados en cuarteles militares. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su principal política pública –la “guerra” contra el narcotráfico–, que defenderá en su sexto y último informe de gobierno
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