El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración “no va a aumentar el precio de la energía eléctrica”.
La estrategia para rematar el sector energético del país, que afecta no sólo a las industrias petrolera y eléctrica, incluye desde hace tiempo descapitalizar a las principales empresas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia –prácticamente está en quiebra técnica–, por la apertura del sector energético a la iniciativa privada. Aún así, en 2015 destinó 3 mil 846 millones 552 mil 318 pesos a cuatro de los seis fideicomisos que mantiene vigentes.
Es momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.
Cuando el general Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia de la República en 1934, los energéticos se encontraban de forma absoluta en manos de empresas extranjeras; por ello, el crecimiento de la economía y el bienestar del pueblo de México se supeditaban a los caprichos e intereses de los voraces capitales internacionales.
A de que en los primeros 6 meses de gobierno la persistencia en la aplicación del modelo neoliberal ha estacando la economía, ha desplomado la generación de empleo y empobrecido a millones de mexicanos con el alza de la canasta básica, la energía eléctrica, el gas doméstico y las gasolinas, los nuevos tecnócratas –como el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray– insisten en alentar la reforma energética que, a su parecer, contribuirá a abaratar las tarifas eléctricas bajo el sofisma de que al existir una mayor participación de empresas privadas en el sector habrá mejores precios. Argumento similar al esgrimido para abrir las puertas de la privatización en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.
El programa gubernamental de Ciudades Rurales Sustentables posibilitó que el municipio chiapaneco de Santiago el Pinar pasara del lugar 19 de marginación a nivel nacional al 268; no obstante, en las nuevas casas “de material”, los indígenas viven hacinados, sin agua potable ni luz eléctrica; caminan hasta 6 horas en la montaña para conseguir el vital líquido.
Hueca como buena parte de las propuestas electorales del Partido Revolucionario Institucional, la promesa de bajar las tarifas eléctricas en el país implicaría en los hechos un verdadero análisis y debate nacionales sobre la situación que guarda en su conjunto la industria eléctrica en el país, ya que la medida no sería viable únicamente fomentando la inversión privada en Pemex para generar más energía a través del combustóleo, como lo planteó el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, el diputado [con licencia] Luis Videgaray.
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