Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia –prácticamente está en quiebra técnica–, por la apertura del sector energético a la iniciativa privada. Aún así, en 2015 destinó 3 mil 846 millones 552 mil 318 pesos a cuatro de los seis fideicomisos que mantiene vigentes.
La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
Uno de los peores retrocesos que trajo consigo la reforma energética es el referente al territorio con potencial energético. En el caso petrolero, la nueva reglamentación indica que la servidumbre legal de hidrocarburos tiene un carácter estratégico, y por tanto se privilegiarán los intereses empresariales por encima de la voluntad de los dueños de la tierra, incluso cuando se trate de pueblos indígenas y campesinos.
Si Siria estuviera enclavada en un lejano y desconocido punto estéril de cualquier océano por donde ni los barcos crucen, seguramente sus ciudades y campos estuvieran intactos y su gente viviría feliz con su multiplicidad de tendencias religiosas, sin éxodo ni llantos, ni el luto que arrastra.
Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.
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