Agricultores, plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión de Monsanto de retirar las solicitudes de comercialización en la Unión Europea de sus semillas genéticamente modificadas.
En el supermercado donde compro, a menudo coincido con personas mayores, pensionados, en la fila para pagar. Con frecuencia, una anciana hurga en el monedero para completar la cantidad que le indica la cajera por su modesta compra; a veces, la mujer no tiene las monedas que esperaba y, suspirando, indica a la cajera que deje alguno de los alimentos que ha seleccionado para que le alcance el dinero. No es cuento ni hecho excepcional.
Más de la cuarta parte de los ciudadanos del Reino de España son pobres y 700 mil hogares carecen de cualquier ingreso. El hambre llega a España. Los niños desnutridos ya se cuentan por decenas de miles; tan sólo en la desarrollada Barcelona, su ayuntamiento reconoce más de 2 mil 600 niños desnutridos. Es una situación general de derechos sociales vulnerados.
Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), defiende los recortes sociales en España e Italia. No es nuevo. Lo indignante es que elogia a sus gobiernos porque han “reestructurado sus mercados laborales a pesar de intrincados intereses y férreas tendencias culturales”. Tiene la desfachatez de llamar “férreas tendencias culturales” a los derechos de la ciudadanía.
Según un reciente estudio del British Medical Journal, los recortes presupuestarios en sanidad pública en el Reino de España han supuesto desmantelar gran parte del sistema sanitario, así como un daño significativo en la salud de la población. El estudio advierte de que si no se revierte la situación, España sufrirá un notable y peligroso aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, Sida… Ya ha ocurrido en Grecia. También destaca el preocupante aumento de depresiones, mayor número de trastornos asociados al alcohol y más suicidios.
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