Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Ernesto Zedillo, en los inicios de los gobiernos priístas se acostumbró a meter a la cárcel a connotados servidores públicos y a un líder sindical. Generalmente se hizo para que los presidentes entrantes tuvieran legitimidad y credibilidad, aunque ninguno de ellos lo logró.
Una omisión de la PGR podría dejar en libertad a la expresidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo: la averiguación previa no indica el delito previo, predicado o subyacente –considerado como elemento clave en las investigaciones de este tipo– que habría llevado a la Maestra y a sus supuestos cómplices a lavar unos 2 mil 600 millones de pesos. En la querella sólo se señalan el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada, ninguno de los cuales es posible sin la comisión de un primer ilícito, señalan expertos.
La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola.
El fin del sexenio aceleró la aplicación de la reforma curricular a la educación normal, disposición de carácter federal contemplada en el punto nueve de la Alianza por la Calidad de la Educación. El resultado: una reforma “improvisada” e “incongruente”. A decir de profesores normalistas, ésta se engloba en un proyecto más amplio: el de la desaparición de las normales del país.
Dos importantes acciones se presentaron el pasado 10 de diciembre: la iniciativa del gobierno actual para cambiar la educación y darle al Estado su rectoría; y un diagnóstico que hicieron 76 autores en 29 estados del país, que hace 10 propuestas educativas para un plazo de 10 años, por parte del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.
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En vísperas de su extinción, el Inai se sigue revelando como un organismo sumido en la corrupción y la opacidad. Ahora, la auditoría 02-2024 –elaborada
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