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Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado

En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español

Ley antilavado, tardía e incompleta

Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo

Sistema financiero, principal centro de lavado en México

En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica

La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE

Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Autonomía universitaria

En México el derecho constitucional de todo individuo a recibir educación representa una de las obligaciones primigenias del Estado. Para realizar la función educativa pública, el Estado adopta diversas formas de organización administrativa: de manera directa; en forma centralizada y desconcentrada –por conducto de la Secretaría de Educación Pública– a través de organismos descentralizados; o bien delega la responsabilidad, especialmente en educación media superior y superior, a las universidades e instituciones autónomas por ley.

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