Visibilizar la violencia contra las mujeres no es fácil. Cuando se habla de ello no faltan las voces que intentan restarle importancia, al argumentar que los hombres sufren igual o más agresiones desde niños, e incluso denostar cualquier movilización con motes como el de feminazis, surgido a partir de la marcha contra las violencias machistas del pasado 24 de abril.
Empiezan a barajarse nombres para disputarse la Presidencia de la República en 2018, a pesar de la descomposición del antiguo presidencialismo y el descrédito de los partidos, más la creciente ola de candidatos independientes, en las agitadas aguas de la crisis económica del neoliberalismo que arrastra al capitalismo mismo, como el rostro auténtico tras la máscara de aquel. Y la acumulación de problemas: pobreza masiva (55 millones que son la mitad de la población); desempleo (con 44 millones de mexicanos en la informalidad); la corrupción de la élite en los tres poderes federales y en las 32 de las entidades; la impunidad, por las complicidades entre los gobernantes, la sangrienta inseguridad con los sicarios del narcotráfico, los feminicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas y los abusos sexuales con la misma pederastia, para sólo mencionar a los primeros cinco asuntos del catálogo nacional, son más que suficientes para fundamentar los hechos y síntomas del descontento popular contra el mal gobierno de presidentes municipales, desgobernadores y el mismo presidente en turno, desde cuando menos Díaz Ordaz, o tal vez desde Miguel Alemán (1946-1952) hasta Enrique Peña Nieto, en lo que lleva de su período (2012-2016).
Invisibilizada por la violencia generalizada, la violencia contra las mujeres por su condición de género no ceja en el país. Siguen en aumento las desapariciones, los feminicidios y, atrás de éstos, la grave situación de discriminación y una violencia latente y sistemática, naturalizada por nuestra sociedad patriarcal, que se expresa de múltiples formas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha informado que durante 2013 y 2014 en promedio se han asesinado a siete mujeres diariamente en el país, cifra que nos lleva a cuestionar y revisar los procesos impulsados desde el gobierno para aminorar e incluso terminar con esta realidad.
Desde que inició el combate a muerte contra las delincuencias organizadas, sobresaliendo la del narcotráfico, a partir del calderonismo y lo que va del peñisimo, en el contexto de las violaciones a los derechos humanos del inmenso resto de los mexicanos, hemos transitado de más de 100 mil homicidios del sexenio inmediatamente pasado a otros 80 mil del presente, en lo que ya es un baño de sangre que tiene a la nación sumida en el pánico y la desesperación, ante la incapacidad del gobierno peñista y de los desgobernadores que sólo abusan en sus ínsulas que les escrituraron los partidos.
El 28 de junio de 2010, Irinea Buendía Cortez vio por última vez con vida a Mariana Lima Buendía, su hija. El encuentro fue revelador. Luego de un año y medio de violencia doméstica –golpes, amenazas, ultrajes sexuales–, la muchacha de 29 años de edad, abogada de formación, había decidido replantear su vida. Trazarse un futuro apacible. Así se lo anunció a su mamá.
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