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Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.