El gobierno de Graco Ramírez subejerció 84 millones de pesos del presupuesto federal que se le otorgó en 2014 para seguridad pública. El peor caso fue el del programa Justicia para las Mujeres: de 15 millones etiquetados gastó cero
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.
La crisis económica que enfrenta México y los multimillonarios recortes al gasto público derivados de la caída de los precios del petróleo fueron insuficientes para evitar que seis instituciones del gobierno federal entregaran 1 mil 66 millones 265 mil 361 pesos, en 2015, a 570 sociedades y asociaciones civiles.
La industria armamentista factura cientos de millones de dólares al año. Estados Unidos vende un tercio de todas las armas que se comercializan en el mundo. Muchas se usan en crímenes de lesa humanidad
El presupuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinará a la seguridad nacional en 2016 rebasa los 89 mil millones de pesos. Nada mal para las dependencias encargadas de “proteger” a la nación en un país económica y socialmente quebrado. Se trata de una cantidad que, por ejemplo, casi triplica el monto asignado a la institución de educación superior más grande de la república. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –con sus 343 mil alumnos, 39 mil académicos y 27 mil trabajadores– recibirá apenas 35 mil millones de recursos federales a lo largo del año.
Lo que parecía imposible ocurrió. Gobiernos priístas y panistas, en colusión con funcionarios y empresarios corruptos, saquearon y quebraron la industria petrolera nacional durante 40 años. Siete presidentes de la República son responsables de ello, por permitirlo.
Miles de niños guatemaltecos cruzaron solos dos fronteras para llegar a un lugar que supuestamente elevaría su nivel de vida. La realidad es que algunos de ellos fueron esclavizados y abusados sexualmente
Incapaces de leer lo que ocurre en el mundo petrolero, las autoridades sólo han logrado profundizar la crisis que atraviesa México. Las políticas contradictorias al respecto han sumido al país en el desastre, sin posibilidades de encontrar una salida bajo este gobierno. Necesario, abandonar el llamado “modelo fósil” y vigorizar el mercado interno: “producir para nosotros”
En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy en quiebra.
Norma Piña y Poder Judicial aceleran guerra contra la cuarta transformación Nancy Flores, mayo 18, 2024 Encabezado por Norma Piña, el Poder Judicial acelera la
Encabezado por Norma Piña, el Poder Judicial acelera la guerra contra la cuarta transformación y mantiene como posibilidad la pretensión de anular las elecciones presidenciales,
A partir de 1948, en el marco de la Guerra Fría y luego de su fin, a juicio de cada gobierno, Colombia rompió relaciones diplomáticas
En septiembre de 1939, se fundó el Partido Acción Nacional (PAN). Durante casi un siglo, ha mostrado su carácter, los intereses, a los cuales sirve,
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