La ONU y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalan: el Estado mexicano sigue ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso excesivo de la fuerza. Lo de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
El aguacero había cesado y la selva escurría. Noche cerrada, sin luna. Las chicharras, alborotadas por la lluvia, zumbaban en coros de miles: un chirrido atronador. Un huaco, a lo lejos, lanzaba su graznido de advertencia. El vaivén de la hamaca dejaba asomar una guitarra, apenas rasgada de vez en vez por Berto, quien dormitaba, susurraba, soñaba.
Si nos atenemos a lo que dice de sí mismo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es la guerrilla decana de todo el movimiento armado mexicano. Está cumpliendo 52 años de guerra popular prolongada contra el Estado burgués y sus gobiernos. Es decir, fue fundado en 1964: 1 año antes del ataque al Cuartel de Madera (efectuado por el Grupo Popular Guerrillero del duranguense Arturo Gámiz y el chihuahuense Pablo Gómez) y 2 años después del asesinato del morelense Rubén Jaramillo (quien había dejado las armas, se encontraba en la lucha social y fue acribillado por elementos del Ejército Mexicano junto con sus hijos y su esposa embarazada).
Con represión, asesinato, y violencia intentan apagar el normalismo rural, así como con una campaña de desprestigio y un raquítico presupuesto, que apenas llega a los 400 millones para las 15 instituciones. Estudiantes y profesores cargan con la defensa de un modelo educativo histórico pero vigente
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