
México, la violencia se agudiza
Los informes de derechos humanos en México, tanto nacionales como extranjeros, coinciden: más asesinatos, desapariciones… e impunidad. No hay voluntad política para buscar justicia y verdad: Solalinde

Los informes de derechos humanos en México, tanto nacionales como extranjeros, coinciden: más asesinatos, desapariciones… e impunidad. No hay voluntad política para buscar justicia y verdad: Solalinde

Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.

Empiezan a barajarse nombres para disputarse la Presidencia de la República en 2018, a pesar de la descomposición del antiguo presidencialismo y el descrédito de los partidos, más la creciente ola de candidatos independientes, en las agitadas aguas de la crisis económica del neoliberalismo que arrastra al capitalismo mismo, como el rostro auténtico tras la máscara de aquel. Y la acumulación de problemas: pobreza masiva (55 millones que son la mitad de la población); desempleo (con 44 millones de mexicanos en la informalidad); la corrupción de la élite en los tres poderes federales y en las 32 de las entidades; la impunidad, por las complicidades entre los gobernantes, la sangrienta inseguridad con los sicarios del narcotráfico, los feminicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas y los abusos sexuales con la misma pederastia, para sólo mencionar a los primeros cinco asuntos del catálogo nacional, son más que suficientes para fundamentar los hechos y síntomas del descontento popular contra el mal gobierno de presidentes municipales, desgobernadores y el mismo presidente en turno, desde cuando menos Díaz Ordaz, o tal vez desde Miguel Alemán (1946-1952) hasta Enrique Peña Nieto, en lo que lleva de su período (2012-2016).

Lo cotidiano en la política mexicana es que sus actores principales cometan abusos sin sufrir consecuencia alguna y puedan repetirlos una y otra vez sin que alguien se los reclame, como si no hubiera una memoria colectiva. Aun más, esos abusos van acompañados del cinismo de nuestros políticos, de tal manera que cometen arbitrariedades y al mismo tiempo dictan conferencias o hacen declaraciones para censurar la corrupción de la cual ellos han sido responsables.

Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

Un observador que presenció aquella mañana de finales del año pasado la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) nos comenta el fuerte enojo de la funcionaria experredista porque el presidente Enrique Peña Nieto la cambió a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Enfurecida por la decisión presidencial, Robles ordenó vaciar la oficina que ocupó hasta ese 28 de agosto y cuando llegó su sustituto, José Antonio Meade, no había una silla donde sentarse ni tampoco un escritorio que le permitiera despachar en su primer día como titular de la Sedesol.











El narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, señalado como líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción

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Manuel Becerra Acosta, fundador y director del diario Unomásuno, fue espiado por la llamada policía política –la DFS– desde su adolescencia.
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