Luego de 17 años de negociaciones, Rusia es parte de la Organización Mundial del Comercio. Aunque la mayoría de los analistas consideran que se trata de un triunfo de los gobiernos rusos, otros se preguntan si el país más grande del mundo podrá modernizar su industria tan rápido como se requiere para que en efecto se vea beneficiada del comercio sin fronteras
Cuando en noviembre de 2011 acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno federal mexicano y los “intelectuales” a su servicio respondieron con amenazas y minimizaron la situación de conflicto armado que vive el país. Aseguraban que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano resultaban “excepcionales” y que no podían considerarse “sistemáticas” (ver comunicado de prensa de Los Pinos CGCS-196). Intentaban hacer creer a la población que si existían algunos casos de abusos militares, éstos eran accidentes o casos que salían del control de los altos mandos civiles y militares.
Existen numerosos mitos alrededor de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Uno de ellos ha sido negar que éstos puedan ser motivo de sentencias de los tribunales por no ser jurídicamente vinculantes, debido a su naturaleza ligada a la satisfacción de necesidades básicas de las personas, como son alimentación, salud, vivienda, cultura, trabajo, agua y medio ambiente. Los DESC han sido vistos e interpretados como sugerencias de políticas sociales para que los Estados los consideren progresivamente. Esta visualización equívoca de las obligaciones de los Estados provoca que estas acciones sean tomadas como “actos de buena voluntad” y no como obligaciones. La aclaración es oportuna: todos los derechos humanos contienen, al menos, un elemento cuyo cumplimiento puede ser exigido por la vía judicial.
La Corte Penal Internacional resolverá, antes de concluir 2012, si acepta la petición para enjuiciar al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad del gobierno federal respecto de los más de 60 mil civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados en cuarteles militares. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su principal política pública –la “guerra” contra el narcotráfico–, que defenderá en su sexto y último informe de gobierno
El retorno a la escena pública de los escándalos de la banca privada mexicana e internacional, con las mismas prácticas ilegales, tramposas, corruptas, especulativas y de lavado de dinero, entre otras, que llevaron al colapso financiero y productivo global de 2008, no es más que la reiterada y chocante comprobación de al menos tres aspectos señalados por diversos analistas.
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