A pesar de las campañas contra el acoso escolar lanzadas por la SEP en fechas recientes, la dependencia omite reparar el daño en dos casos de bullying ocurridos en escuelas públicas de la capital. Ambos se encuentran en litigio. En uno de ellos, la menor de edad perdió la vida
Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.
Las dudas sobre la imparcialidad en la administración de justicia en la capital del país, en donde siempre ganan juicios quienes tienen más dinero, es un problema tan real que ahora es analizado e investigado en Estados Unidos por la Securities and Exchange Commission (SEC), ente regulador de empresas públicas de aquel país acusadas de cometer actos de corrupción, y por el Departamento de Justicia (DJ).
La justicia argentina avanza en los juicios contra los represores que, durante el periodo de la dictadura militar, cometieron desapariciones forzadas, torturas, violaciones, asesinatos, robos de niños… Sin embargo, muchos de ellos logran evadir las penas porque aún cuentan con una poderosa red que los oculta, les consigue documentos falsos y los traslada de un país a otro
Aunque la PGR se ha propuesto “remediar” las pifias de la anterior administración relacionadas con el uso arbitrario de testigos protegidos, no todas las víctimas están en libertad o en vías de estarlo. El caso del mayor de justicia militar Francisco Pérez Chávez –acusado por cinco testigos colaboradores de la SIEDO de supuestamente proteger al Cártel de los Beltrán Leyva– es ejemplo de ello, asegura su familia
Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.
En mayo pasado, en un ejemplar aunque efímero ejercicio de justicia, el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Pero, rápidamente, la Corte de Constitucionalidad de ese país anuló la condena, con lo cual mostró su sumisión al poder, pues entre los protectores de Ríos Montt se cuenta al actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien era militar a principios de la década de 1980, cuando Ríos Montt gobernaba ese país.
El colonialismo ha sido sufrido por diversas sociedades y ejercido por otras con mayor poderío económico y militar. La historia nos ilustra con diversos casos: el del Imperio Romano ejercido durante siglos en parte de Europa, Asia y África; el del Imperio Mongol del siglo XIII en el Continente Asiático y Europa oriental o el de las coronas española y portuguesa tras el “descubrimiento” de América.
Un juicio popular –que no cuenta con carácter vinculatorio– declara personas non gratas a los integrantes del Poder Legislativo paraguayo. Estudiantes, defensores de derechos humanos, campesinos, maestros, trabajadores participaron en un proceso en el que encontraron culpables a sus representantes de aprobar leyes contrarias al interés público, incumplimiento con sus deberes constitucionales, usar clientelar e indebidamente cargos, influencias y cometer otras prácticas antiéticas
La iniciativa para aumentar el aguinaldo de 15 a 20 días equivalentes de salario fue impulsada por la diputada Lidia García Anaya del partido Movimiento
México rechazó la denuncia de Ecuador frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), respecto a las presuntas violaciones cometidas en el otorgamiento de asilo
Al afirmar que no existen indicios suficientes para determinar la presencia de un crematorio o fosa clandestina cerca del volcán Xaltepec, en la alcaldía Iztapalapa,
Tras el presunto hallazgo de un crematorio clandestino ubicado cerca del volcán Xaltepec, en la alcaldía Iztapalapa, el fiscal general de Justicia de la Ciudad
CONTRALINEA.COM.MX
© Contralínea 2023
