“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.
Dos volcanes se ciernen sobre los mexicanos. Uno, el Popocatépetl, el célebre Don Goyo entre las actuales generaciones que viven y sobreviven a sus alrededores y quienes sienten los constantes temblores por sus aún tímidas erupciones y fumarolas; y quienes desde lejos lo miramos y sabemos que ese milenario volcán se mantiene activo y amenazante desde el centro de nuestro planeta.
Desde que en el sexenio de José López Portillo el entonces líder parlamentario Luis M Farías hiciera célebre la frase de que los priístas le estaban buscando la cuadratura al círculo, con referencia a legislar sobre el derecho a la información, las subsecuentes administraciones federales, sin dejar de mencionar a las panistas, ponderaron el fortalecimiento del actual monopolio que controla a los medios de comunicación, reduciendo a meros formulismos de su retórica en turno un asunto tan delicado y trascedente para el avance democrático como es el verdadero derecho a la información, que aún sigue esperando la sociedad mexicana.
Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
Disentir de los juicios de quienes, de cara a la opinión pública, vierten sus opiniones para analizar y criticar cuanto aparece en la escena pública, es parte de las libertades de todos los mexicanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha puesto en vigencia como derecho positivo.
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