Es natural que en un escenario mundial sobresaltado, caracterizado por sus tonalidades lúgubres y cuyo futuro es igualmente sombrío, la émula de Tomás de Torquemada, la señora Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentre en un estado patológico de angustia, ansiosa por recibir cualquier noticia que la “impresione” y tranquilice sus crispados nervios.
Millones de usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional están a la espera de una voz que los guíe y oriente para encauzar su justificado descontento por los altos cobros en sus recibos de luz y el pésimo servicio que viene prestando, a través de empresas contratistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no únicamente en las entidades de la zona centro (antes atendida por Luz y Fuerza del Centro), sino en el resto del país.
Después de 5 meses, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace pública la Recomendación 7/2013 con relación a los hechos represivos del 1 de diciembre de 2012; después de una profusa y acuciosa investigación, sin lugar a dudas sirve para constatar que el operativo policiaco realizado ese día tuvo como finalidad, desde un principio, la criminalización de la protesta social. Su diseño implicó una táctica de confrontación permanente entre quienes ejercieron su derecho constitucional a la manifestación (como una protesta social en contra de la imposición del Poder Ejecutivo federal) y las fuerzas represivas del Estado.
Desde que el papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo de Borja (o Borgia), le “donó” a los españoles nuestras tierras, en 1493, hemos sido sujetos del saqueo de nuestras riquezas. Nuestra tierra ha sido invadida y sus riquezas fueron a parar a manos de potentados extranjeros. Incluso en 1787, cuando se expidieron las Reales Ordenanzas para la Minería, en lo que ellos llamaron la Nueva España, determinaron que los “jugos de la tierra” pertenecían a la corona de España, es decir, al invasor extranjero. Durante el porfirismo esta situación continuó, ya que en 1906 la Cámara de Diputados aprobó una ley en la que se eximía a las compañías petroleras de cualquier pago de impuestos –a excepción del impuesto de timbre– si explotaban terrenos privados.
Abogado general de Petróleos Mexicanos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (del 20 de septiembre de 2004 al 1 de diciembre de 2010), José Néstor García Reza es identificado por órganos de inteligencia y seguridad del Estado como parte de un complot orquestado por empresas transportistas de productos petrolíferos –afiliadas a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga– para desestabilizar a la paraestatal petrolera y obtener rentables contratos que, de lograrlo, ahorcarían las finanzas de la empresa
En la búsqueda de la expansión del movimiento armado, el Comandante Antonio puso su confianza en quien finalmente acabaría entregándolo al Ejército. En el operativo de captura, agentes especiales se disfrazaron de indigentes
Los buques de apoyo logístico Isla Holbox y Huasteco arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, tras ocho días de navegación a través del mar
La decisión del gobierno de Estados Unidos de incrementar la cuota de importación de azúcar mexicana es una “excelente noticia” para las cerca de 500
El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró en una reciente entrevista que respeta la carrera política del expresidente Andrés Manuel López Obrador,
En 2025, el Consejo Mexicano de Negocios pagó 120 mil dólares por servicios de lobby a la firma Continental Strategy, con el objetivo de promover sus intereses en Estados Unidos
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