La estrategia para rematar el sector energético del país, que afecta no sólo a las industrias petrolera y eléctrica, incluye desde hace tiempo descapitalizar a las principales empresas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En 2015, los activos para la venta de Pemex cayeron 1.4 mil millones de pesos por la baja en el valor de las acciones de Repsol, revela información de la petrolera. A pesar de que en 2014 anunció su salida de la trasnacional española, aún posee 20.7 millones de acciones.
Mientras Función Pública exime a empleados de filial de Pemex declarar patrimonio, Inai determina que los negocios de la petrolera –por más de 500 mil millones de pesos– vinculados a empresas offshore no son sujetos de la Ley de Transparencia
Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.
Poco se sabe de los juicios que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta en tribunales internacionales, pues la petrolera ha tenido éxito en guardar esos datos. El tema no sólo implica el conflicto, sino también los gastos que conllevan los procesos y las indemnizaciones económicas cuando éstos se pierden.
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