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El acceso a la información pública: asunto pendiente en México

La propuesta de iniciativa que ha presentado el presidente electo Enrique Peña Nieto, en la que se plantea que el Senado de la República se encargue de la nominación de los futuros comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), a propuesta del titular del Ejecutivo federal, debe ser materia de revisión. La esencia de la discusión se encuentra en la previsible falta de consensos en el Poder Legislativo, los que permitirían al presidente de la República nombrar directamente a los comisionados. Debe recordarse que si después de las dos ocasiones en que se haga la respectiva propuesta ésta no logra la mayoría, el presidente podrá hacer los nombramientos. Desde esta perspectiva, el cambio es un maquillaje para dotar al presidente con la capacidad de corregir las situaciones contrafácticas y legitimar una imposición (en un asunto que se debería resolver por consenso).

El movimiento como antítesis y síntesis del cambio

El gran reto de las manifestaciones populares –entre ellas la del Yo Soy 132, estimuladas por el sucio proceso electoral– es cómo trascender ese ámbito de corto plazo sin hundirse en el desencanto disolvente que, eventualmente, puede provocar la calificación de las elecciones, la cual, torciéndole el cuello a la Constitución y a las leyes secundarias en la materia, forzará la legalización y la legitimación de la entronización de Enrique Peña Nieto.

Paga erario 1 mil 130 millones por bono del miedo

Cada año el presidente de México, ocho secretarios y la procuradora general de la República cobran, del erario, entre 500 mil y 600 mil pesos por un “bono por riesgo”. Con ellos, otros 2 mil 250 funcionarios de primer nivel reciben la dádiva que “protege” la integridad de quienes supuestamente arriesgan la vida por su labor.

Presidente interino y nuevas elecciones

De por sí arrastrando las desgracias del mal gobierno foxista-calderonista –quienes frustraron la transición a más y mejor democratización de los poderes e instituciones del Estado federal, para “resolver con más democracia los problemas de la democracia” (Alfred E Smith, discurso consignado en el ensayo de Frank Freidel Política popular: el gobierno del pueblo en acción)–, la nación enfrenta la posibilidad de una violencia política como respuesta al resultado de estas elecciones presidenciales, repletas de mil y una maniobras tramposas para vencer a la oposición: Partido de la Revolución Democrática (PRD)-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano, y al alicaído partido “oficial” Acción Nacional (PAN), que representa 30 millones de ciudadanos que votaron por ellos y quienes se han inconformado, con el movimiento juvenil-estudiantil, por la pírrica victoria de Peña-Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde Ecologista de México.

Traición, filtrar información de la Defensa

Después de varios meses de auditorías sobre el otorgamiento de 18 contratos multimillonarios a empresas extranjeras, que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la adquisición de equipos y servicios sofisticados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, se determinó que no hubo desvío de recursos públicos ni irregularidades en las adjudicaciones sin licitar, por tratarse de asuntos de seguridad nacional.

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